La Justicia Federal ordenó suspender por seis meses el cierre de la Estación Experimental Agropecuaria Área Metropolitana de Buenos Aires (EEA AMBA) y de otras dependencias vinculadas al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), en un fallo que representa un freno al proceso de reorganización impulsado por el Gobierno nacional.
La medida cautelar fue dictada por el juez Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto, titular del Juzgado Federal en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo N.º 2 de San Martín, en el marco de una acción judicial presentada por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE).
Suspensión de despidos y protección de los bienes públicos
La resolución judicial dejó en suspenso la normativa que establecía la supresión de la EEA AMBA y de nueve agencias de extensión rural, además de impedir el traspaso de sus inmuebles a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).
Asimismo, el fallo ordena frenar cualquier medida relacionada con despidos, pases a disponibilidad, traslados de trabajadores, reubicación de equipos o disposición de bienes pertenecientes al organismo.
De esta manera, queda paralizado de forma temporal el avance de la reestructuración prevista para estas dependencias mientras se resuelve la cuestión de fondo.
El papel estratégico de la Estación Experimental AMBA
La EEA AMBA cumple funciones clave en materia de investigación, innovación tecnológica y asistencia técnica para productores de la región metropolitana. Su trabajo abarca proyectos vinculados a la producción agropecuaria, la seguridad alimentaria y el desarrollo sostenible.
Especialistas y trabajadores del organismo habían advertido que el cierre de esta unidad podría afectar la transferencia de conocimientos, la investigación aplicada y el acompañamiento técnico a pequeños y medianos productores.
Además, el predio involucrado comprende aproximadamente 33 hectáreas ubicadas entre los partidos bonaerenses de Hurlingham e Ituzaingó, una zona de importante valor estratégico dentro del área metropolitana.
El contexto del ajuste sobre organismos públicos
La decisión judicial se produce en medio de un proceso de revisión de estructuras estatales impulsado por el Gobierno nacional, que contempla recortes presupuestarios, reducción de personal y reorganización de distintos organismos públicos.
En el caso del INTA, las autoridades habían planteado una reducción de su estructura operativa y la implementación de programas de retiro voluntario, con el objetivo de disminuir gastos y optimizar recursos.
La estrategia también incluía la posibilidad de disponer de inmuebles y terrenos pertenecientes al organismo, algunos de ellos ubicados en sectores de alto valor inmobiliario.
Reacciones y próximos pasos
Tras conocerse el fallo, el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, celebró la decisión judicial y sostuvo que continuarán las acciones gremiales y legales para impedir el cierre de dependencias estratégicas del organismo.
La medida cautelar tendrá vigencia durante seis meses, período en el que las partes podrán presentar nuevos argumentos y avanzar en la discusión judicial sobre el futuro de la estación experimental y de las políticas de reorganización implementadas en el INTA.
Mientras tanto, la resolución mantiene operativas las funciones de la EEA AMBA, preserva los puestos de trabajo involucrados y evita cualquier movimiento sobre los bienes afectados por la medida.