El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires impulsó una nueva etapa de locales gastronómicas en parques y plazas porteñas, con licitaciones que alcanzan a espacios ubicados en Palermo, Parque Chacabuco y La Paternal, entre otros sectores de la Capital Federal.
La iniciativa se apoya en la Ley 4950, aprobada en 2014, que habilita la instalación de cafés y locales gastronómicos en parques de más de 50 mil metros cuadrados. El proyecto, que en su momento despertó fuertes debates, volvió a tomar impulso bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Económico encabezado por Hernán Lombardi.
Cuánto pagarán los concesionarios
Uno de los puntos que más polémica generó es el valor de los cánones establecidos para algunos de los espacios concesionados. Según trascendió, el canon base para explotar un local en el Parque Thays ronda los 1500 dólares mensuales, pese a tratarse de una de las zonas con mayor valor inmobiliario de la Ciudad.
En otros sectores, como La Isla de La Paternal, el canon inicial será de aproximadamente 1,1 millones de pesos mensuales, mientras que en espacios cercanos a los Lagos de Palermo y Plaza Sicilia las bases superan los 2 millones de pesos.
Además, las condiciones de la licitación contemplan que los adjudicatarios no deberán abonar el canon hasta recuperar la inversión realizada en infraestructura.
Licitación locales en parques y plazas by LPO
Cómo serán los nuevos locales
La normativa establece que los locales gastronómicos no podrán superar los 200 metros cuadrados y deberán incluir baños públicos gratuitos, sectores cubiertos y descubiertos, espacios de elaboración de alimentos y bicicleteros.
La ley también prohíbe el uso de gas, leña o carbón para la cocción de alimentos y limita la oferta a productos elaborados o provenientes de establecimientos habilitados.
Cuestionamientos políticos y posibles reclamos judiciales
El lanzamiento de las licitaciones generó sorpresa y críticas en distintos sectores de la oposición porteña. Desde algunos espacios políticos advirtieron que podrían impulsarse presentaciones judiciales para intentar frenar las concesiones.
Uno de los principales cuestionamientos apunta a que, al tratarse de permisos menores a cinco años, las adjudicaciones no necesitarían pasar por la Legislatura porteña.
Mientras tanto, organizaciones y dirigentes opositores analizan el alcance de la medida y las condiciones económicas de los contratos, especialmente en relación con el uso del espacio público y los valores fijados para las concesiones.