El Gobierno se prepara para una nueva embestida legislativa, convencido de tener los votos necesarios para sancionar la controvertida reforma laboral en febrero.
Sin embargo, más allá de los números, la verdadera batalla se libra en el terreno político, donde el ministro Diego Santilli encabeza una gira por diferentes provincias que, lejos de ser un mero trámite, se convirtió en una compleja danza de negociaciones, promesas y reclamos, todo ello bajo la sombra de una asfixia financiera provincial y los incendios que azotan Chubut.
Tras las extraordinarias de diciembre donde el Gobierno logró aprobar el Presupuesto 2026 y la ley de Inocencia Fiscal, el Gobierno puso en marcha un ambicioso operativo para blindar la reforma laboral. La estrategia, que replica el esquema utilizado para la Ley Bases, tiene a Santilli como su principal artífice.
El ministro recorre las provincias, registrando los pedidos de los mandatarios provinciales, que luego son procesados por el Palacio de Hacienda. Un clásico “toma y daca” que busca asegurar el respaldo legislativo necesario para una iniciativa que promete reconfigurar el panorama laboral del país.
Chubut: entre el fuego y los reclamos millonarios
Santilli tiene previstas reuniones con diez gobernadores, pero tuvo un inicio accidentado en Chubut. Los devastadores incendios en El Hoyo y Epuyén relegaron la discusión de la reforma laboral a un segundo plano, abordándose de manera “tangencial”, según fuentes provinciales. Santilli, en un gesto de «apoyo», recorrió las zonas afectadas, asegurando el acompañamiento del Gobierno.
El gobernador Ignacio Torres, aunque sin una postura definida sobre la reforma, coincidió con la necesidad de modernizar la normativa laboral. Sin embargo, la agenda chubutense está marcada por reclamos más urgentes: la asistencia por los incendios y el traspaso de las cajas jubilatorias, una deuda millonaria que la Nación mantiene con la provincia, estimada en unos 50 mil millones de pesos.
La influencia de Torres se extiende al Senado, donde cuenta con el respaldo de las senadoras Andrea Cristina (PRO) y Edith Terenzi. Esta última, clave en la aprobación del polémico capítulo 2 del Presupuesto, que profundiza el ajuste en educación, ciencia y tecnología, será una pieza fundamental en el debate.
La reforma ya enfrenta resistencias. Jorge “Loma” Ávila, diputado de extracción sindical petrolera, ha manifestado su rotundo rechazo: “Esta ley laboral, tal como está, no le sirve a nadie. Tenemos que ser inteligentes. Nosotros vamos a ir en contra de esta reforma laboral porque hay que defender los intereses de la ciudad y la provincia”.
Gobernadores en alerta, por el impacto en las arcas provinciales
Chubut es solo el primer capítulo de un plan que continuará con encuentros con gobernadores radicales como Alfredo Cornejo (Mendoza) y Leandro Zdero (Chaco), y luego con Sergio Ziliotto (La Pampa).
La principal preocupación de los mandatarios provinciales radica en el artículo 191 del proyecto, que prevé un recorte de casi dos billones de pesos de la masa coparticipable del impuesto a las Ganancias. En un contexto de asfixia financiera, provincias como Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe serían las más afectadas. Martín Llaryora, gobernador de Córdoba, ya adelantó que no acompañará dicho artículo.
La legalidad del tratamiento de la reforma laboral también ha sido cuestionada. El diputado entrerriano Guillermo Michel (Unión por la Patria) advirtió sobre la irregularidad de iniciar el trámite en el Senado incluyendo modificaciones de carácter tributario.
Michel ya pidió una audiencia con el gobernador Rogelio Frigerio, alertando sobre una pérdida de más de $81 mil millones anuales para Entre Ríos debido a la reforma. Estos números, respaldados por informes técnicos elaborados por Michel y el senador chaqueño Jorge Capitanich, revelan un impacto fiscal de $8.149.521.000.000, equivalente a USD 5.727 millones, derivado de concesiones tributarias a grandes empresas, sin contrapartidas verificables en inversión o empleo.
La Casa Rosada: entre la negociación y el riesgo de naufragio
La Casa Rosada aguarda el desenlace de estos encuentros para definir las concesiones necesarias que eviten el naufragio de la reforma. El ala más pragmática del Gobierno considera viable una modificación del esquema de Ganancias en favor de las grandes empresas.
Otro punto sensible, y que podría abrirse a cambios, es el artículo que limita el derecho a huelga, una disposición que, según los analistas, podría derivar en la inconstitucionalidad de la ley. El Gobierno, consciente de los riesgos, busca evitar un nuevo traspié legislativo en su camino hacia la consolidación de su agenda de reformas.
En ese marco, el Gobierno retomará esta semana la actividad política con una reunión clave de su mesa de negociación legislativa, convocada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, con el objetivo de ordenar la estrategia y avanzar en la sanción de la Reforma Laboral. El encuentro está previsto para el próximo viernes en Casa Rosada y marcará la reactivación formal de las conversaciones tras el receso estival.
De la reunión participarán referentes centrales del oficialismo y del armado parlamentario, entre ellos el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich; el ministro del Interior, Diego Santilli; y otros operadores políticos del Ejecutivo, con la eventual presencia de Karina Milei y del ministro de Economía, Luis Caputo. La convocatoria se inscribe en la búsqueda de un nuevo triunfo legislativo, luego de la aprobación del Presupuesto y la Ley de Inocencia Fiscal a fines de 2025.
En paralelo, el Gobierno activó gestiones con gobernadores y legisladores provinciales para allanar el camino a la iniciativa antes del inicio de las sesiones extraordinarias, previstas para el 2 de febrero.
Persisten, sin embargo, dudas sobre posibles modificaciones en capítulos sensibles del proyecto, como el régimen tributario y el Fondo de Asistencia Laboral, así como sobre la incorporación de otros temas al temario legislativo, entre ellos la Ley de Glaciares, una demanda impulsada por mandatarios provinciales.