El Senado de la Nación se encamina a debatir un proyecto de reforma de la Ley Penal Juvenil que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados. La iniciativa, impulsada por el oficialismo y sectores aliados, propone reducir la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, bajo el argumento de «actualizar» un régimen que data de la última dictadura militar (Ley 22.278) y alinear al país con estándares regionales.
Sin embargo, detrás de la retórica de la «resocialización» y la «seguridad», organizaciones de derechos humanos y especialistas alertan sobre una reforma que viola tratados internacionales y agrava la violencia institucional contra los sectores más vulnerables.
Un retroceso constitucional y humano en la Ley Penal Juvenil
Uno de los ejes centrales de la crítica radica en la inconstitucionalidad de la medida. El Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos (CEPOC), señala que bajar la edad de punibilidad viola el principio de no regresividad en materia de derechos humanos. Argentina ya tuvo una edad de imputabilidad de 14 años durante la dictadura de Videla, la cual fue elevada a 16 años en 1983.
«No se puede retroceder en un derecho ya adquirido», sostienen desde la organización, citando además la Observación General 24 del Comité de Derechos del Niño de la ONU, que insta a los Estados a no reducir la edad mínima de responsabilidad penal bajo ninguna circunstancia.
Asimismo, el proyecto establece penas de hasta 15 años de prisión para adolescentes de 14 y 15 años, un tiempo de encierro que, en muchos casos, iguala o supera los años de vida del imputado. Esta ausencia de escalas penales diferenciadas y la falta de un sistema de revisión periódica efectivo contradicen el objetivo primordial de cualquier régimen penal juvenil: la reintegración social.
Datos frente al relato: la realidad del delito juvenil
Frente al discurso oficial que sostiene un incremento de delitos graves cometidos por menores, las cifras oficiales ofrecen un panorama distinto. Según datos de la Comisión Provincial de la Memoria (CPM), correspondientes a la provincia de Buenos Aires, jurisdicción que concentra casi la mitad de los hechos delictivos del país, en 2025 se registraron 88 homicidios dolosos cometidos por menores de 18 años. De ese total, solo 25 fueron autoría de menores de 16 años, quienes hoy no son punibles.
| Categoría | Datos Provincia de Buenos Aires (2025) |
| Homicidios dolosos por menores de 18 años | 88 casos |
| Homicidios por menores de 16 años (no punibles) | 25 casos |
| Ingresos a cárceles de jóvenes | 1.236 menores |
| Porcentaje de no punibles ya detenidos por «medidas de seguridad» | 22% (276 menores) |
(Cuadro sobre la base de datos de la Comisión Provincial de la Memoria).
Estos datos demuestran que el sistema ya utiliza «medidas de seguridad» para privar de la libertad a menores no punibles en casos graves. Por lo tanto, la reforma no viene a llenar un vacío legal, sino a formalizar y extender el encierro punitivo sobre una población que ya sufre la ausencia de políticas públicas de salud mental, educación y prevención de consumos problemáticos.
La «adultización» del encierro y la tortura sistemática
La CPM, a través de sus monitoreos en centros cerrados, denuncia que los lugares de encierro para jóvenes funcionan como cárceles de adultos, con regímenes incluso más severos. El informe anual 2025 de la Comisión revela una realidad alarmante: 531 jóvenes entrevistados denunciaron 1.416 hechos de tortura y malos tratos, que incluyen desde agresiones físicas y aislamiento extremo hasta la falta de acceso a la salud y la educación.
El proyecto de ley promete la creación de institutos especializados y una inversión de $23.700 millones. No obstante, las organizaciones advierten que, en un contexto de desfinanciamiento de las políticas de niñez y promoción de derechos, estos recursos difícilmente se traduzcan en mejores condiciones.
«Es una contradicción pedir resocialización cuando se recortan los programas educativos, deportivos y de formación laboral en los territorios», denuncian desde el CEPOC.
Una respuesta punitiva a problemas sociales
La reforma propuesta parece responder más a una demanda de «mano dura» para la tribuna que a una solución real al problema de la inseguridad. Al centrarse exclusivamente en el castigo, el Estado renuncia a su obligación de proteger a la infancia y abordar las causas estructurales del delito, como la desigualdad y la captación de jóvenes por redes criminales adultas.
Como concluyen las organizaciones críticas, la democracia se achica cuando la respuesta a la vulnerabilidad social es el cerrojo y la celda. El debate en el Senado definirá si Argentina opta por un camino de mayor violencia institucional o si, finalmente, decide cumplir con su compromiso constitucional de proteger a sus niñas, niños y adolescentes.