Israel lanzó nuevos bombardeos en el centro de Gaza, asesinando a decenas de palestinos. Según los medios locales, aviones de combate llevaron a cabo una serie de ataques contra el campo de refugiados de Nuseirat, destruyendo varios edificios residenciales y matando a aproximadamente 40 personas, incluidas 14 mujeres y 12 niños. De este modo, el número de muertos por el genocidio superó los 60.000.
Por su parte, los equipos de emergencia informaron que debido a la magnitud de la destrucción no se pudo determinar el número exacto de asesinados. El Hospital Al-Awda indicó que muchos de los cuerpos llegaron gravemente desmembrados.
En ese sentido, fuentes locales afirmaron que tres familias fueron efectivamente borradas del registro civil en lo que describieron como una “masacre”.
En otro hecho, las fuerzas israelíes mataron al menos a 19 palestinos que hacían fila para recibir alimentos en los centros de distribución de ayuda. Los ataques se replicaron en otros lugares de la Franja de Gaza, incluidas áreas designadas por Israel como “zonas humanitarias”.
El Hospital de Campaña Al-Mawasi anunció que cuatro civiles murieron y otros 14 resultaron heridos tras un ataque israelí en al-Mawasi, una zona en el sur de Gaza calificada de “zona segura” por las autoridades israelíes.
El Ministerio de Salud palestino informó que al menos 112 personas habían muerto en las últimas 24 horas y otras 637 habían resultado heridas. Esto elevó la cifra de asesinados en el genocidio israelí contra Gaza desde octubre de 2023 a al menos 60.034, incluidos al menos 17.000 niños. El número de heridos supera los 145.000.
Mientras tanto, Israel sostiene que sus operaciones tienen como objetivo desmantelar la capacidad militar de Hamás y garantizar la liberación de los rehenes.
Crece la condena a Israel por el genocidio en Gaza
Esta última ola de bombardeos ocurrieron en medio de una creciente crítica internacional sobre las acciones de Israel en la bloqueada Franja de Gaza. El país es señalado por el hambre, los asesinatos y el desplazamiento de la población de su territorio.
En este marco, dos importantes organizaciones israelíes de derechos humanos acusaron el lunes al gobierno israelí de cometer actos de genocidio contra los palestinos. B’Tselem y Médicos por los Derechos Humanos-Israel (PHRI) publicaron informes por separado, en los que afirman que la conducta de Israel en Gaza constituye actos genocidas e incitación al genocidio.
B’Tselem examinó las políticas de Israel en Gaza y las declaraciones de altos cargos políticos y comandantes militares israelíes sobre sus objetivos en el enclave. Tras el análisis concluyeron que Israel está tomando medidas coordinadas para destruir de manera intencional a la sociedad palestina.
Mientras tanto, PHRI presentó un análisis legal detallado de la guerra de Israel contra Gaza, centrándose en el desmantelamiento del sistema de salud de Gaza. La organización aseguró que Israel cumple los criterios de genocidio establecidos en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, de la que el país es signatario.
El principal sistema de monitoreo del hambre del mundo emitió el martes una advertencia de que el “peor escenario de hambruna” se está desarrollando en Gaza debido a la hambruna impuesta por Israel. “Los últimos datos indican que se han alcanzado los umbrales de hambruna en cuanto al consumo de alimentos en la mayor parte de la Franja de Gaza y de desnutrición aguda en la ciudad de Gaza”, afirma la Clasificación Integrada de Seguridad Alimentaria en Fases (CIF) respaldada por la ONU en un nuevo informe.
Cabe mencionar que al menos 147 palestinos, incluidos 88 niños, fallecieron por hambre desde que comenzó la guerra de Israel en Gaza.
“La era de la impunidad debe terminar”
El Grupo de La Haya también se manifestó contra las acciones de Israel y tomó medidas en apoyo al pueblo palestino. Este bloque fue inaugurado en enero de este año, y está conformado por representantes de los Gobiernos del Estado Plurinacional de Bolivia, de la República de Colombia, de la República de Cuba, de la República de Honduras, de Malasia, de la República de Namibia, República de Senegal y República de Sudáfrica en La Haya, y Países Bajos.
A mediados de julio, una coalición de Estados se reunió en Bogotá, donde se acordaron seis medidas diplomáticas, legales y económicas coordinadas “para frenar el asalto de Israel a los Territorios Palestinos Ocupados y defender el derecho internacional en general”.
Los 30 Estados participantes del encuentro acordaron por unanimidad que “la era de la impunidad debe terminar, y que el derecho internacional debe aplicarse sin temor ni favoritismos a través de políticas y leyes nacionales inmediatas, junto con un llamado unificado a un alto al fuego inmediato”.
En ese sentido, decretaron las siguientes medidas:
- Impedir el suministro o la transferencia de armas, municiones, combustible militar, equipo militar conexo y artículos de doble uso a Israel.
- Impedir el tránsito, el atraque y el abastecimiento de buques en cualquier puerto cuando exista un riesgo claro de que el buque se utilice para transportar armas, municiones, combustible militar, equipo militar conexo y artículos de doble uso a Israel.
- Impedir el transporte de armas, municiones, combustible militar, equipo militar conexo y artículos de doble uso a Israel en buques que enarbolen nuestra bandera, y garantizar la plena rendición de cuentas, incluida la retirada del pabellón, por el incumplimiento de esta prohibición.
- Iniciar una revisión urgente de todos los contratos públicos, a fin de impedir que las instituciones y los fondos públicos apoyen la ocupación ilegal de los territorios palestinos por parte de Israel y consoliden su presencia ilícita.
- Cumplir con las obligaciones de garantizar la rendición de cuentas por los delitos más graves de conformidad con el derecho internacional, mediante investigaciones y enjuiciamientos sólidos, imparciales e independientes a nivel nacional o internacional, a fin de garantizar la justicia para todas las víctimas y la prevención de futuros delitos.
- Apoyar los mandatos de jurisdicción universal, según proceda en los marcos jurídicos y judiciales nacionales, a fin de garantizar la justicia para las víctimas de delitos internacionales cometidos en el territorio palestino ocupado.