Tras la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad celebrada en Colombia (COP 16) y en medio de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP 29) celebrada en Azerbaiyán, nos encontramos en una encrucijada. El cambio climático y la pérdida de biodiversidad no son sólo amenazas inminentes; ya están aquí, exacerbando las desigualdades sociales, la inestabilidad económica y la degradación ambiental ante nuestros ojos.
Si bien estos problemas nos afectan a todos, son causados desproporcionadamente por los países más ricos y afectan más duramente a los países más pobres. Los líderes del G20, que se reunieron en Río de Janeiro, harían bien en recordar que sus países son responsables de alrededor del 80% de las emisiones de gases de efecto invernadero, tanto actuales como pasadas, y por lo tanto deberían ser responsables de al menos el 80% de la acción climática. Los países necesitan un nuevo marco global, guiado por objetivos climáticos claros, para regir las políticas industriales y financieras, como lo recomendó el Grupo de Expertos del Grupo de Trabajo del G20 sobre una Movilización Global contra el Cambio Climático.
En vista de la persistente incapacidad de movilizar fondos para combatir los desafíos relacionados con el clima, parte de este nuevo marco debe ser un nuevo enfoque de las finanzas globales. Para liberar los enormes recursos financieros necesarios para enfrentar las crisis climática, de biodiversidad y del agua se requiere un sólido modelo de inversión pública global .
Debemos empezar a pensar en la cooperación internacional como un esfuerzo colectivo en el que todos los países se benefician, contribuyen y toman decisiones guiadas por misiones compartidas. Las misiones construidas en torno a objetivos claros y ambiciosos pueden galvanizar la inversión pública y privada y ofrecer una hoja de ruta para superar las barreras financieras que nos han estado frenando.
La arquitectura financiera actual no está a la altura de la tarea de proporcionar el financiamiento necesario para el clima y la biodiversidad, que alcanzará una cifra estimada de 2,4 billones de dólares cada año en 2030. Los países ricos han incumplido reiteradamente sus compromisos financieros, y el financiamiento climático en general ha sido fragmentado, impredecible y dominado por inversiones privadas de corto plazo que priorizan las ganancias por sobre la estabilidad ambiental de largo plazo. Mientras tanto, los países en desarrollo han enfrentado altos costos de endeudamiento y crecientes deudas que hacen casi imposible invertir en su propio futuro.
El resultado es un ciclo de inacción. Sin financiación pública suficiente, es difícil movilizar inversión privada para proyectos transformadores como la reforestación de paisajes degradados, la protección de arrecifes de coral o la construcción de infraestructura resistente al clima. Los países más ricos siguen dando largas a la cuestión y, a menudo, tratan la financiación climática como un acto de caridad en lugar de como una inversión necesaria.
Un enfoque basado en la IPG y en misiones puede cambiar esta dinámica. Las misiones son objetivos ambiciosos, claramente articulados y con plazos determinados que movilizan soluciones intersectoriales para problemas específicos, haciendo hincapié en los resultados, no en los productos. Son ideales para abordar desafíos que no necesariamente tienen soluciones tecnológicas predefinidas o ya conocidas. Generar las soluciones necesarias requiere un enfoque de abajo hacia arriba para explorar muchas opciones y movilizar innovación, inversión y asociaciones en toda la economía.
Las políticas orientadas a misiones pueden ayudarnos a desviar la atención y el financiamiento de industrias, tecnologías o empresas específicas y dirigirlos hacia desafíos compartidos, tal como los define el sector público. De esta manera, todas las industrias y tipos de empresas con soluciones potenciales pueden contribuir a un esfuerzo más amplio. Por ejemplo, los responsables de las políticas podrían lanzar una misión para reducir la contaminación plástica en los océanos en un 90% para 2040; poner fin a la deforestación en la Amazonia para 2030; o restaurar al menos el 30% de los bosques degradados y los ecosistemas de aguas continentales para 2030.
La idea es fijar objetivos audaces y claros que concentren las mentes y los recursos en resolver los mayores desafíos de nuestro tiempo, en lugar de en proyectos pequeños y fragmentados. Los gobiernos no deberían limitarse a corregir las fallas del mercado, sino que deberían moldearlos activamente y orientar la inversión hacia áreas que beneficien a la sociedad y al planeta. Pero como esto no sucederá por sí solo, necesitamos aplicar un nuevo marco de “bien común” a los debates sobre políticas, en particular en el contexto global.
Para ello, el enfoque del IPG replantea la manera de financiar las misiones públicas. En el sistema actual, las finanzas internacionales se rigen en gran medida por un modelo de donante-receptor. Los países ricos deciden cuánto dinero donar y los países más pobres deben competir por esos fondos. Es un sistema que refuerza los desequilibrios de poder y dificulta a los países en desarrollo la planificación a largo plazo.
El IPG da vuelta este modelo. No sólo propone que todos los países –independientemente de su nivel de ingresos– contribuyan a bienes públicos globales como la estabilidad climática y la protección de la biodiversidad, sino que también implica a todos los países en la toma de decisiones sobre dónde se invierte el dinero y cómo se lo distribuye, lo que otorga al Sur Global una voz poderosa en la asignación de recursos.
Este enfoque se basa en tres principios. En primer lugar, todos los países se benefician de un clima estable y de ecosistemas protegidos. En segundo lugar, todos deben contribuir en función de su capacidad, de modo que todos tengan algo que aportar. En tercer lugar, todos deben decidir, de modo que no sean sólo los más ricos quienes controlen cómo se gasta el dinero.
Al vincular los enfoques basados en la misión y el IPG, podemos desbloquear la financiación necesaria para alcanzar los objetivos globales de sostenibilidad. Mientras que la misión establece un objetivo ambicioso (como reducir a la mitad las emisiones de dióxido de carbono en diez años), el modelo del IPG proporciona el marco financiero (un sistema basado en la responsabilidad compartida y el beneficio mutuo) para hacerlo realidad.
La magnitud de las crisis climática y de biodiversidad suele compararse con los desafíos que se enfrentaron después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el Plan Marshall financiado por Estados Unidos ayudó a reconstruir la economía europea. Lo que el mundo necesita ahora es un Plan Marshall para el planeta: un esfuerzo internacional coordinado para movilizar los fondos, el conocimiento y la tecnología necesarios para abordar las amenazas existenciales de nuestro tiempo.
El mundo tiene suficiente dinero, sólo necesita estar mejor alineado. Sólo los bancos públicos de desarrollo tienen 22,4 billones de dólares en activos bajo gestión (de los cuales 20,2 billones están en manos de bancos nacionales de desarrollo ). Si los bancos multilaterales y nacionales de desarrollo cooperan para alcanzar objetivos compartidos, podrían proporcionar el estímulo que necesitamos para movilizar capital del sector privado a una escala mucho mayor.
No se trata solo de salvar el planeta, sino de crear un mundo más justo y resiliente para todos. Estamos todos juntos en esto. Es hora de empezar a actuar en consecuencia.
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*Artículo escrito por Mariana Mazzucato y Jonathan Glennie para Project Syndicate.