Este miércoles, mientras las fuerzas policiales reprimían en las cercanías al Congreso de la Nación, en su interior, aunque con varias modificaciones, el Senado aprobó la Ley de Bases propuesta por el Poder Ejecutivo. Victoria Villarruel tuvo que desempatar luego de que la votación finalizara 36-36. Ahora volverá a la Cámara de Diputados con las modificaciones realizadas.
Las adhesiones al proyecto fueron por parte de los 7 senadores del oficialismo y casi toda la oposición dialoguista (6 del Pro, 12 de la Unión Cívica Radical, 3 de Unión Federal, 3 de Bloque por la Justicia Social, 3 de Cambio Federal, Lucila Crexell de Comunidad Neuquén y Mónica Silva de Juntos Somos Río Negro). Mientras que el rechazo fue votado por los 33 legisladores kirchneristas, les santacruceñes, José Carambia y Natalia Gadano y el titular de la UCR, Martín Lousteau.
Por ese resultado le tocó ser protagonista a la vicepresidenta, Victoria Villarruel, que aprovechó para realizar un discurso, aunque no está permitido por el reglamento, y justificar la represión que sucedía en las afueras del Congreso. “Hoy vimos dos Argentinas. Una violenta, que incendia un auto, arroja piedras y que debate el ejercicio de la democracia. La otra Argentina, la de los trabajadores que están esperando con profundo dolor y sacrificio que se respete la votación que en noviembre eligió un cambio”, expresó.
Cambios en la Ley de Bases
El oficialismo llegó con el límite a dar con el quórum para poder tratar la ley, debido a que les representantes de Alianza por Santa Cruz, José Carambia y Natalia Gadano, esperaron afuera como habían anticipado. Pudieron llegar a la mayoría gracias a la presencia de Martín Lousteau, quien se sentó en su banca con la esperanza de que se trate su dictamen.
Previamente, el oficialismo había tenido que ceder en artículos claves. Las primeras modificaciones, en búsqueda de mayores apoyos de los diputados “dialoguistas”, las expresó el senador por La Libertad Avanza Bartolomé Abdala. A las diez de la mañana del miércoles, quitaron del capítulo de privatizaciones a Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y Radio y Televisión Argentina (RTA) e incorporaron la prohibición de la disolución de los organismos de cultura.
No obstante, en su conferencia de prensa del jueves a la mañana, el vocero Manuel Adorni volvió a expresar que para el Gobierno, “todas las empresas públicas son pasibles a la privatización”, dando a entender que volverán a intentar llevar a cabo estas privatizaciones en el futuro.
A su vez, también sacaron de la Ley de Bases el capítulo previsional que eliminaba la moratoria aprobada por el Congreso el año pasado. Y accedieron a incluir como artículo un compromiso a que se terminen aquellas obras públicas que estén ejecutadas en un 80%.
Previo a su discusión, el oficialismo también tuvo que realizar cambios al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). Se lo limitó a nueve sectores (de foresto industria, turismo, siderurgia, petróleo, gas, infraestructura, minería, energía y tecnología) y se obligará a que un 20% de los contratos sean proveedores locales.
Estas modificaciones ayudaron para que se aprobara con 38 votos afirmativos y 32 negativos, por el apoyo de tres senadores de Unión Por la Patria: Guillermo Andrada (Catamarca), Carolina Moisés (Jujuy) y Sandra Mendoza (Chaco).
Les santacruceñes que habían rechazado la Ley de Bases en la votación general (Cambaria y Gadano) fueron les principales responsables de que se aprobaran las votaciones en particular, dado que, se fueron del recinto y no participaron de ellas.
Una de las principales discusiones sobre esta ley se dio alrededor de las facultades delegadas que tendrá el presidente Javier Milei (en materia administrativa, económica, financiera y energética). La discusión terminó 35-35 y volvió a definir Victoria Villarruel con un voto positivo.
Se llegó a ese número no sólo por la ausencia de Carambia y Gadano, sino también por el voto positivo de Pablo Blanco (UCR-Tierra del Fuego), pese a que, en un mensaje publicado el 7 de mayo en la red social “X” había dicho que no le iba a dar facultadas delegadas a ningún presidente.
Dentro del paquete fiscal, la Cámara de Senadores rechazó el capítulo que restablecía el impuesto de ganancias en los sueldos superiores a 1,8 millones de pesos para solteres y de 2,2 millones para les casades. Y eliminó el referido a los bienes personales, que proponía aumentar el mínimo no imponible de 27 millones de pesos a 100 millones.
Cacerolazos y represión
Mientras les senadores debatían la Ley de Bases en el Congreso, personal de Prefectura Naval Argentina empezó a reprimir mediante disparos de bala de goma, gases lacrimógenos y gas pimienta. La represión comenzó a las 14 cuando avanzaron contra un cordón que diputades de Unión por la Patria intentaban establecer en la calle Entre Ríos.
Carlos Castagneto, Eduardo Valdés, Juan Manuel Pedrini, Carolina Yutrovic y Luis Basterra fueron les diputades perjudicades que tuvieron que ser llevados al Hospital Santa Lucía y al Instituto del Quemado, donde Castagneto tuvo que ser hospitalizado por heridas en la piel.
A las 16, se dieron los momentos de más tensión, tras los actos de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) y de algunos sindicatos de la Confederación General de Trabajo (CGT). En ese momento, camiones hidrantes lanzaron agua hacia les manifestantes y abrieron las vallas que elles mismes habían puesto para desconectar las calles Hipólito Yrigoyen y Rivadavia de Entre Ríos.
El senador de Unión por la Patria, Eduardo “Wado” de Pedro pidió por una moción de orden para “constituir una comisión para ver qué está sucediendo afuera y frenar la represión a los manifestantes que fueron en paz a expresarse”. Pero Villarruel se la negó y dio como razón que “esa moción de orden no existe” .
Desde la Comisión por la Memoria, denunciaron que el operativo represivo terminó con 35 detenciones y más de 200 personas heridas por el lanzamiento de gases químicos y disparos con postas de goma, entre las que se encontraban trabajadores de prensa y defensores de derechos humanos.
Negociaciones y acuerdos
“Hay un despacho que cambia cada dos minutos, porque a uno le dieron una embajada no sé dónde, a otro le dieron una rotonda”, señaló José Mayans en su discurso en la Cámara. Se refiere a las denuncias realizadas en los últimos días de la “compra” de votos para que se apruebe la Ley de Bases.
El caso más reciente fue el de la senadora neuquina Lucila Crexell, que previamente, se había mostrado en contra de las políticas de Javier Milei. Por ejemplo, había votado a favor de la derogación del DNU 70/2023. No obstante, terminó dando su voto afirmativo para la Ley de Bases.
La polémica no es por el cambio de ideas en unos pocos meses, sino porque unos días antes de esta última votación, circuló un pliego que la nombra como la representante argentina en la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Se tendría que ir a vivir a París y recibiría entre 12 y 15 mil dólares por mes. Ella confirmó esta oferta por parte del Gobierno, pero dijo que no fue la razón de su cambio de voto.
Distinto es el caso de Eduardo Kueider, senador peronista por Entre Ríos, que junto a su par Carlos “Camau” Espínola votó a favor de la Ley. Rápida fue la recompensa para él, dado que, al día siguiente de la votación, se publicó en el Boletín Oficial, el Decreto 523/2024 que da a la provincia de Entre Ríos los tres integrantes de la delegación argentina en la comisión técnica mixta de la represa hidroeléctrica Salto Grande, ubicada sobre el río Uruguay. Rogelio Frigerio, gobernador de la provincia, habría negociado para que dos de esos puestos vayan para el senador.