Organizaciones de la sociedad civil y profesionales de la salud se movilizaron durante esta semana y en todo el país junto a personas con discapacidad y sus familiares para tratar de frenar la desregularización de prestaciones para este sector vulnerable.
El motivo de dichas marchas es evitar que el gobierno nacional apruebe un decreto que propone una modificación significativa en el directorio de las prestaciones básicas de discapacidad y la desregularización del sistema único, con graves consecuencias para las personas de este sector.
Desde el Poder Ejecutivo y el programa Incluir Salud se presentó un proyecto ante el director de la Agencia Nacional de Discapacidad que propone una modificación en el directorio de prestaciones básicas de discapacidad.
Cabe resaltar que el sistema actual, regulado desde 1997 por la Ley 24.901, es un sistema de prestaciones básicas considerado como una de las políticas públicas más destacadas y exitosas en el ámbito de discapacidad, siendo ampliamente reconocida a nivel internacional.
La misma se funda bajo dos conceptos claves: la Integridad y la Universalidad, establecidas en el artículo y anexo del Decreto 11/93 promulgado en 1998, que ha asegurado que las prestaciones sean equitativas y accesibles para todes.
En primer término, la Integralidad consiste en la obligatoriedad a la hora de brindar una cobertura al 100%, mientras que la Universalidad garantiza que todes les persones con discapacidad certificada, sin importar si están afiliades o no a una obra social posean el derecho de acceder a servicios y prestaciones de la misma calidad.
Pero, ¿qué pasa si se desregula el sistema único de prestaciones? Si se aprueba este proyecto cada obra social va a disponer libremente de fijar sus propios aranceles y en consecuencia, se subdividirán a les usuaries en órdenes de primera categoría, segunda o tercera.
En otras palabras, la atención dependerá de lo que cada quien pueda pagar. Esto afectaría directamente en la calidad de vida de más de 200.000 damnificades. Por otro lado, el Coprodis (Consejo Provincial para personas con discapacidad), expresó en una carta abierta su rechazó a la desregularización de las prestaciones para personas con discapacidad.
“Este accionar, vuelve a atacar los derechos de las personas con discapacidad, y es por esto que expresamos nuestro apoyo y compromiso en la defensa de los mismos, y en proteger el acceso colectivo a los servicios que necesitan”, indicaron desde el consejo y apuntaron a que “las personas con discapacidad tienen derecho a un sistema unificado, coherente y equitativo”.
Quienes también se pronunciaron en contra fueron 30 diputades, en su mayoría integrantes de Unión por la Patria. Les funcionaries presentaron un proyecto en el Congreso de la Nación, elaborado por Eduardo Valdés, que tuvo el apoyo de representantes como Miguel Ángel Pichetto y Ricardo López Murphy, de Hacemos Coaliciòn Federal.
“La Ley 24.901 fue sancionada en 1997. Hoy el nomenclador vigente hace que todas las prestadoras tengan la obligación de cubrir las prestaciones en el mismo valor. Esto hace que todos puedan acceder a una prestación de calidad”, manifestó el diputado Valdés en el documento presentado.
Además, el representante expone en el escrito que esto “permite a las personas con discapacidad tener salud y educación para poder autovalerse, que es la clave para que puedan tener una vida mejor, quienes muchas veces no tienen familiares ni recursos económicos. Este decreto significa un enorme paso atrás”, finalizó el funcionario.
Por último, cabe destacar que la Ley Provincial 10.592 de la Provincia de Buenos Aires, promulgada en 1998, establece el marco legal para la protección y garantía de los derechos de les persones con discapacidad.
La norma se encuentra dentro de un contexto más amplio de la normativa nacional, entre la que se encuentra la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, cuya finalidad es la de asegurar la inclusión equitativa de les persones con discapacidad en todos los ámbitos de la vida social.