Este jueves, el portavoz presidencial Manuel Adorni anunció en conferencia de prensa que el Gobierno enviará un proyecto de ley al Congreso para modificar la Ley de Educación Nacional. El objetivo es “penar el adoctrinamiento en las escuelas”.
Además, afirmó que desde el Ministerio de Capital Humano habilitarán un canal de comunicación para que padres y alumnes tengan la posibilidad de denunciar la actividad política “que no respete la libertad de expresión” en las aulas.
“Van a poder denunciar cuando sientan que no se esté respetando su derecho a educarse. Nos entristece ver contenidos en las aulas teñidos con militancia ideológica”, expresó el vocero.
El anuncio se dio en el marco de las medidas de fuerza adoptadas por los gremios docentes, los cuales Adorni criticó. El jueves, los gremios convocaron a un nuevo paro, el segundo desde que inició el ciclo lectivo, y la tensión entre los sindicatos y el Gobierno continúa aumentado.
En esa línea, el portavoz mencionó que “no se va a permitir la toma de edificios públicos que son de todos los argentinos” y se refirió a las medidas, apoyándose en el contexto y en el hecho de que “los alumnos de tercer grado no comprenden lo que leen”.
“¿En qué cabeza cabe tomar una medida de fuerza en este contexto?”, cuestionó. Sin embargo, por el momento no se sabe a partir de cuándo ni cómo se implementarán estas medidas.
La persecución ideológica como método
Desde el gobierno de La Libertad Avanza (LLA) señalaron que algunos de los argumentos para impulsar este proyecto radican en el hecho de que en los espacios educativos “no se respeta el derecho a educarse” y existe “la inculcación ideológica”.
Lo cierto es que el anuncio del Ejecutivo no es nuevo y se remonta a la presidencia de Mauricio Macri en 2015, cuando anunció el lanzamiento de la línea 0-800 para denunciar actos proselitistas en los colegios, aunque el efecto fue nulo.
A su vez, este clima de persecución ideológica y violencia es promovido desde el Gobierno nacional y respaldado mediante la estrategia digital, con las milicias de las redes sociales vigilando y acechando a todo aquel que se atreve a pensar distinto.
Sin embargo, la persecución ideológica del gobierno libertario se explica también desde la postura del mismo Javier Milei. Hace un mes, el presidente dio inicio al ciclo lectivo en un acto realizado en su antiguo colegio, el Cardenal Coppello, donde su postura fue determinante.
En el acto, además de hablar de “zurdos” y “asesinos de pañuelos verde”, apuntó contra una profesora de la Universidad de Belgrano a quien acusó de perseguir a Iñaki Gutiérrez, el influencer y ex asesor comunicacional del Presidente, “por liberal”. Días más tarde, la institución, lejos de defender a la docente, salió a aclarar que ya no formaba parte de su staff.
Por otro lado, en el Día de los Veteranos y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, en la localidad de Verónica, provincia de Buenos Aires, se viralizó un video por la frase de una maestra: “Los medios de comunicación convencieron a la sociedad de que ir a la guerra estaba bien y que era necesario”, afirmó la docente sobre el conflicto, que inició el 2 de abril de 1982 tras la invasión británica en las islas del Atlántico Sur.
La polémica se desató y algunos excombatientes reclamaron. “Nos entristece ver contenidos en las aulas o en actos escolares teñidos con militancia ideológica. ¿Qué futuro le queda a un país devastado económica y culturalmente si quienes van a liderarlo son rehenes de sindicalistas que los usan para negociar sus privilegios?”, opinó Adorni.
Operación Claridad
El proyecto de ley de libertario apunta contra los artículos 11 y 126 de la Ley de Educación Nacional. El artículo 11, en particular, define cuáles son los objetivos de la política educativa nacional, mencionando los valores éticos y democráticos de la participación, la libertad, la diversidad, la igualdad y el respeto.
Además, garantiza y respalda las actividades pensadas para “brindar conocimientos y promover valores que fortalezcan la formación integral de una sexualidad responsable”. Así, también intenta “promover en todos los niveles educativos y modalidades la comprensión del concepto de eliminación de todas las formas de discriminación”.
Por su parte, el artículo 126 apunta a los derechos y deberes de les estudiantes, mencionando el “derecho a participar de la toma de decisiones sobre la institución” o “integrar centros, asociaciones y clubes de estudiantes”, apelando a la existencia de la vida democrática.
Uno de los principales puntos del artículo, remarca el derecho a “ser respetados/as en su libertad de conciencia, en el marco de la convivencia democrática”.
Ni Macri ni Milei son pioneros en perseguir docentes. Durante la última dictadura cívico-militar la cifra de docentes que sufrieron secuestros, torturas y desapariciones forzadas fue muy alta, y formó parte de un plan sistemático que instauró políticas a través del disciplinamiento social y cultural.
Luego del golpe, desde el Ministerio de Educación y Cultura se gestó la “Operación Claridad”, un plan para identificar a los opositores al régimen, en la cultura y la educación.
Amenazados por las ideas y proyectos revolucionarios, les responsables del gobierno dictatorial se excusaron en el fin por “restablecer los valores occidentales y cristianos”.
De esta forma, limitaron las expresiones culturales, quemaron y prohibieron libros e intervinieron en las escuelas, a veces con la complicidad de los directivos. El aparato de espionaje buscaba detectar a los mal llamados “subversivos” para armar las famosas listas negras.
Entre otras, el Gobierno militar promulgó la Ley 21270, que autorizaba a “dar de baja a todo el personal de la administración pública que de cualquier forma se encuentre vinculado a actividades de carácter subversivo o disociador, o que de forma abierta o solapada preconicen o cometan dichas actividades”.
En octubre de 1977, a través de la Resolución N° 538, el Ministerio de Cultura y Educación resolvió distribuir a todas las instituciones del país un Manual de Subversión en el Ámbito Educativo: “Conozcamos a nuestro enemigo”, rezaba en la tapa.
El libro fue producido por la Universidad Nacional del Litoral, como un instructivo para identificar a docentes y estudiantes que pudieran estar siendo “cooptados por la subversión marxista”.
El adoctrinamiento en lugares de estudio, tanto como la posibilidad de denunciarlo, solo se fundamentan en la necesidad del Gobierno de perseguir y vigilar a tode aquel que no esté de acuerdo con las políticas económicas, pero no es real.
En palabras del escritor y docente, Martín Kohan: “Para que funcione el adoctrinamiento hacen falta dos elementos: la palabra autoritaria del docente y un estudiante con la cabeza hueca para que la palabra del docente sea recibida pasivamente, sin hacer nada con ella”.