lunes 29 de abril de 2024

Diputados debate el megaproyecto de Milei: la oposición denuncia irregularidades y falta de consenso

Este miércoles inició el tratamiento en la Cámara Baja sobre los artículos restantes de la Ley Ómnibus, cuyo proyecto, impulsado por el Gobierno nacional, propone una serie de cambios radicales en la economía, la política y la sociedad argentina.
Diputados debate la Ley Ómnibus
La primera parte de la sesión se marcó por denuncias y acusaciones hacia el gobierno de Javier Milei. Crédito: Diputados Argentina.

Pasadas las 10 de la mañana, comenzó el debate del proyecto de Ley Ómnibus en la Cámara de Diputados. La jornada cuenta con la presencia de 137 diputades del oficialismo y de los bloques más dialoguistas, además se estima que el plenario dure al menos 30 horas de debate.

De forma inicial, el megaproyecto contaba con más de 600 artículos que buscaban reestructurar distintos aspectos centrales del país. Sin embargo, tras varias semanas de negociaciones, quedó reducido a la mitad de su extensión original.

La semana pasada, el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció la eliminación del capítulo fiscal del proyecto de Ley de Bases. Este incluía artículos referidos al blanqueo de capitales, al aumento de las retenciones, la moratoria, el adelanto de Bienes Personales, el impuesto a las Ganancias y la nueva fórmula para los haberes jubilatorios, entre otros ítems. 

El debate en Diputados

Las primeras horas del debate en el Congreso se centraron sobre las cuestiones de privilegio. En esta materia hubo numerosas acusaciones para el presidente de la Cámara, Martín Menem, Nicolás Posse y el mismo presidente, Javier Milei

En ese marco, el diputado de Unión por la Patria (UxP), Leandro Santoro, apuntó contra el presidente por el tratamiento de la ley. “La Cámara fue atacada de forma inédita, al imputar delitos a los diputados por coimas”, comenzó.

Además, sobre las supuestas irregularidades en el Congreso, el funcionario agregó que el presidente no puede afirmar que los diputados fueron coimeados de forma laxa.

Diputados debate la Ley Ómnibus
Mientras se lleva a cabo la sesión desde la cuenta oficial presidencial de X planteó que “hoy la política tiene la oportunidad de empezar a revertir el daño que le ha causado al pueblo argentino”. Crédito: Ámbito.

“Debe hacer la denuncia. Tiene la obligación política y moral de presentarse a la justicia, y si no las tiene y se usó por estrategia debe retractarse de forma pública”, afirmó Santoro. 

Del mismo modo, denunció aprietes hacia los gobernadores de las distintas provincias, para que estos, a su vez, presionen a sus diputades y voten a favor de la Ley Ómnibus.

En ese sentido, Santoro manifestó que se amenazó con fundir a las provincias: “Esto hace mal a la Argentina, no puede permitirse que el Congreso tenga sospechas de coimas y aprietes desde la Casa Rosada”, aseguró el diputado.

Por su parte, el diputado Fernando Carbajal, de la Unión Cívica Radical (UCR), aseguró que se buscó “entorpecer el control del Congreso del DNU”. En esa línea, acusó al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y al presidente de gabinete, Nicolás Posse, de incumplimiento de obligaciones como funcionarios.

En tanto, la diputada entrerriana Ana Carolina Gaillard declaró que nunca vio tal nivel de oscurantismo y denunció el incumplimiento de los acuerdos relacionados a las comisiones y la no formación de una comisión bicameral permanente legislativa.

La legisladora de UxP consideró así una falta grave dicha cuestión, ya que es una comisión que tiene la facultad de control constante desde lo legislativo.

En ese sentido, la diputada del Frente de Izquierda, Myriam Bregman, declaró: “Nosotros no podemos comenzar la sesión como si no pasara nada. Las consecuencias de esas coimas y las valijas no las paga nadie que está acá, las paga el pueblo”.

Además, agregó que las coimas de las que habla el presidente Javier Milei “pueden estar tiñendo de lo que se vote”. 

Comenzó el debate de la Ley Ómnibus en el Congreso.
Las cuestiones de privilegio tuvieron una duración de 2 horas. Crédito: Directorio Legislativo.

Pausa de la sesión

Tras el uso de la palabra de Bregman, la sesión se vio interrumpida debido a los insultos que recibió la diputada por parte de una persona presente en las escalinatas del Congreso. Debido a esto, la diputada Cecilia Moreau instó a que se desalojaran a “los barras que están en las escaleras insultando a los oradores”. 

Después de varios minutos de la suspensión de la sesión, ya que todos los bloques solicitaban lo mismo, Menem tuvo que ordenar que la persona se retirara del recinto.

Una vez retomada la sesión, la diputada santacruceña Ana María Ianni también se pronunció en contra del presidente de la Cámara, Milei, y la comisión plenaria. Además, denunció que, desde que se convocaron las sesiones extraordinarias, se cometieron irregularidades. 

Al respecto, Ianni explicó que no se presentó el proyecto de ley correspondiente para el llamado a extraordinarias y planteó el error en el giro del proyecto a una comisión, ya que presenta más de 20 temas distintos.

Asimismo, señaló como irregularidad el rol de Federico Sturzenegger, quien creó el proyecto de ley, a pesar de que no tiene ningún tipo de cargo en el gabinete. Por último, aseguró que se produjeron irregularidades cuando se establecieron las tres comisiones.

Por su parte, la diputada Julia Strada acusó a Caputo de pasar por encima del Congreso al no presentarse en los plenarios informativos para explicar su estrategia económica impartida en el DNU para estabilizar la economía.

En ese sentido, declaró que el ministro de Economía quiere que les diputades aprueben una ley sin ningún tipo de explicación. 

La siguiente en tomar la palabra fue la diputada Romina Del Plá, quien se posicionó en contra de una de las tantas modificaciones que plantea el megaproyecto: la criminalización de la protesta social. 

Sobre esto último, Del Plá se pronunció en contra del Presidente de la Nación, pero también de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por el protocolo anti protesta, al cual calificó de “ilegal” e “inconstitucional”.

Además, resaltó que hasta la ONU demostró lo reaccionario que es el Gobierno por la medida. “El derecho de protesta es un requerimiento mínimo de un gobierno democrático. Les tuvieron que recordar que no se puede anular”, aseguró. 

Por último, declaró que lo que se intenta instalar es un régimen de excepción. “Se pretende dar licencia para matar”, sentenció la diputada del Frente de Izquierda.

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