miércoles 22 de mayo de 2024

El poder de la marea feminista: tres años de aborto legal en la Argentina

Se cumplen tres años de la sanción de la Ley 27.610, que garantiza el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. Para conocer los logros y retrocesos, Nota al Pie dialogó con María Julia Constant, de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
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La Ley 27.610 establece que tenés derecho a abortar -de manera voluntaria, sin necesidad de dar explicaciones- hasta la semana 14 de gestación inclusive. Crédito: Yoel Alderisi – Nota al Pie

Este 30 de diciembre se cumplen tres años de la sanción de la Ley 27.610, que garantiza el acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). La norma, hoy en peligro por las medidas del actual presidente, Javier Milei, fue el reflejo de la organización feminista y la lucha en las calles.

María Julia Constant es integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito en La Plata y militante de la colectiva feminista Las Azucenas

En diálogo con Nota al Pie afirmó: “Seguimos en campaña, con los pañuelos bien en alto, defendiendo nuestros derechos, saliendo a la calle, acompañando las distintas luchas y lógicamente decimos no al decretazo”.

¿En qué situaciones es legal interrumpir un embarazo?

La Ley 27.610 regula el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo y a la atención postaborto de todas las personas con capacidad de gestar. Entró en vigencia en enero de 2021 y es de aplicación obligatoria en todo el país.

La norma establece que se puede interrumpir un embarazo hasta la semana catorce, inclusive, sin tener que explicar los motivos de la decisión; además, cuando el embarazo es resultado de una violación o si está en peligro la vida de la gestante. 


Asimismo, todas las personas tienen derecho a la atención post aborto más allá de si se produjo o no en las situaciones previstas por la ley, y al acceso a métodos anticonceptivos.

Julia explicó que la Ley “fue discutida, analizada, y durante todo el proceso en el Congreso Nacional hubo 700 exposiciones”. En la misma línea, sostuvo: “Creo que nunca vimos una participación tan grande de distintos sectores, y con un acompañamiento callejero masivo, con vigilias”, y agregó: “sabemos perfectamente que esa marea verde va a salir nuevamente a defender este derecho”. 

El aborto en números

Según un informe publicado por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, las muertes por aborto se redujeron un 90% desde la implementación de la normativa; además, hubo una disminución en los embarazos de niñas y adolescentes. Asimismo, en 2022 se registró que más del 90% de los abortos realizados fue con Misoprostol.

Por otro lado, según Proyecto Mirar, desde la aprobación de la ley hasta octubre de 2023, 245.015 personas accedieron a interrupciones seguras y legales en instituciones públicas de salud. Además, aumentaron las consultas telefónicas: hasta junio de 2023, la línea de salud sexual (0800-222-3444), atendió 40.563 consultas.

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A raíz del aniversario de la aprobación, pero también como consecuencia de las medidas del presidente, la Campaña convocó a un pañuelazo para este viernes. Crédito: Pulso Noticias

A su vez, Amnistía Internacional publicó el informe “No se ejerce un derecho que se desconoce 2”, en el que da continuidad al monitoreo de información que comenzó hace más de dos años. 

La investigación señala que, si bien hay diferencias entre las provincias, en general existen déficits significativos en la producción y publicidad de información, y en la rendición de cuentas.

Un derecho en riesgo

A pocos días de asumir como presidente, Milei presentó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), donde, además de ajuste y medidas económicas, algunas de las modificaciones podrían obstruir los derechos obtenidos por los feminismos. 

Al respecto, desde la provincia de Santa Fe advierten que, como consecuencia del DNU, está «en peligro» la producción de misoprostol y, mifepristona, ambos recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), para abortos seguros. 


Esto se debe a que el DNU deja sin efecto la Ley 27.113, aquella que declara «de interés nacional y estratégico» la actividad de los laboratorios de producción pública y que, a su vez, crea la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (ANLAP), sancionada en diciembre del 2014. Hasta ahora, la distribución de misoprostol estaba garantizada en todo el país gracias a dicha producción pública.

Del mismo modo, el proyecto de Ley Ómnibus”, enviado al Congreso, busca modificar ciertos puntos del acceso al aborto y la Ley de los 1000 Días. En el texto, presentado por el líder de La Libertad Avanza, habla de fortalecer el cuidado de los niños «desde el momento de su concepción» y elimina toda referencia a otras personas gestantes que no sean mujeres.

El proyecto, presentado este miércoles, pretende reformar el artículo 1 de la Ley 27.611 que enumera objetivos para garantizar «la atención integral de la salud de las mujeres y otras personas gestantes, y de los niños y niñas hasta los tres (3) años de edad». Ahora, solo se habla de “mujeres madres” y de niños a partir de la concepción.

“Sabemos lo que va a hacer este gobierno, sabemos lo que dijo antes de ganar con respecto a la ley de IVE y a la ley de ESI”, dijo la integrante de la campaña. “Creemos que puede derogar la ley, también sabemos la respuesta que va a tener de esa marea verde que acompañó todo el proceso hasta obtener la ley”, sostuvo Julia.

Finalmente, agregó: “Si no la puede derogar, puede bajar el presupuesto y eso significa menos implementación porque tenemos menos insumos”.

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Desde la aprobación de la ley, entre 2021 y 2023, se registraron alrededor de 8 mil embarazos menos en chicas de entre 10 y 19 años. Crédito: Estela García – Nota al Pie

La historia hasta el presente

La historia del derecho a la interrupción del embarazo en Argentina comenzó en 1886 con la sanción del primer Código Penal, en el cual se penalizaban todos los casos de aborto sin excepción alguna. Sin embargo, a partir de 1903, se estableció la primera salvedad: los casos de tentativa de interrupción del embarazo no eran punibles.

Con la segunda reforma, en 1921, se despenalizó el aborto cuando se practicaba con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la mujer y cuando se interrumpe un embarazo fruto de una violación. En 2012, la Corte Suprema se pronunció con el fallo “F.A.L” y resolvió que las mujeres abusadas podían interrumpir un embarazo sin autorización judicial ni sanción penal.

En base a esto, en 2015 se creó el Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo (Protocolo ILE). Por último, tras no ser aprobada en 2018, la ley tuvo dictamen positivo en diciembre de 2020.

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