A dos días de la asunción del Presidente electo, Javier Milei, crece la incertidumbre respecto a las decisiones políticas que el nuevo gobierno tomará en materia de derechos humanos.
El titular saliente del sector, Horacio Pietragalla Corti, afirmó que ningún funcionarie de La Libertad Avanza (LLA) se comunicó con él para realizar la transición y expresó su preocupación por la continuidad del área.
En diálogo con AM750, Pietragalla también mencionó a la vicepresidenta electa, Victoria Villarruel, quien construyó su imagen política como defensora de los derechos de los genocidas que se encuentran presos. Tanto ella como Milei expresaron su postura en relación a los delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura, a los que calificaron como “excesos”, y cuestionaron la cifra de desaparecides.
“La conocemos. La preocupación está. Tenía la intención de ocupar algunos ministerios que el Presidente, dentro de la negociación, les dio a otros”, sostuvo el secretario de Derechos Humanos, refiriéndose a las carteras de Defensa y Seguridad, que estarán a cargo de Luis Petri y Patricia Bullrich.
Frente a esta situación, el secretario añadió: “Sabemos que el neoliberalismo no tiene ninguna compatibilidad con los derechos humanos”. En esa línea afirmó: “Si viene un gobierno con ganas de aniquilar todo, va a tener la oposición del movimiento de derechos humanos que en Argentina es muy grande”.
La impunidad como fórmula de poder
Ciertos sectores persisten en hacer lobby contra las políticas de derechos humanos. En ese contexto, la llegada de la LLA configura una oportunidad para desmantelar la política de Memoria, Verdad y Justicia. Ejemplo de ello es la Unión del Personal Militar Asociación Civil (UPMAC), la cual le solicitó al presidente electo eliminar la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Mediante un comunicado, la entidad señaló: “Lejos de velar por el cuidado de los derechos esenciales de todos los habitantes de la República Argentina, solo se ha dedicado a impulsar como querellante los llamados ‘juicios de lesa humanidad’”. Según la UPMAC, estos “no son más que la máscara de la justicia venganza que sirvió y sirve para humillar al personal militar, de fuerzas de seguridad y policiales, que participaron de la guerra antisubversiva”.
La UPMAC fue creada el 29 de mayo del 2002, luego de que el juez Gabriel Cavallo y la Cámara Federal porteña declararon la inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.
En su propia página web explican que su conformación obedeció a contrarrestar las “políticas tendientes a desprestigiar, enjuiciar y encarcelar” a los integrantes de las Fuerzas que actuaron durante los años del terrorismo de Estado.
En septiembre de este año, las autoridades de la Asociación fueron invitadas a participar de la actividad que organizó Villarruel en la Legislatura porteña junto a otras organizaciones que reivindican el accionar militar.
¿Qué pasa con otros ministerios?
Los anuncios de Milei reflejan la línea que manejó durante toda su campaña presidencial: la implementación de medidas de ajuste. Pese a que, previo a las elecciones, desde LLA aseguraban que este recaería en “la casta y los mismos de siempre”, ahora puede verse que los recortes están dirigidos a los puestos de trabajo.
Tanto desde el Ministerio de Ambiente como del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, afirman que no recibieron ningún llamado ni visita en pos de una posible transición.
Cabe recordar que, en mayo del año pasado, Javier Milei prometió cerrar el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad en caso de ser presidente, al considerarlo una expresión del “marxismo cultural”. Además, afirmó: “No voy a pedir perdón por tener pene”.
En este sentido, la ministra, Ayelén Mazzina, apuntó contra la administración entrante por considerar que el cierre del espacio será una decisión “ideológica y no fiscal”.
El dinero destinado a este espacio representa el 0,2% del presupuesto anual. Durante sus cuatro años de existencia, se establecieron 59 equipos interdisciplinarios en todo el país, como parte del Programa Acercar Derechos.
Este último, brindó apoyo psicológico, social y jurídico a personas en situación de violencia. Además, más de 34.000 mujeres formalizaron su trabajo gracias al programa Registradas, siendo el sector principal el de las trabajadoras de casas particulares.