En Argentina, las mujeres enfrentan los niveles más altos de desempleo y de precarización laboral; estas diferencias se ven reforzadas por una asimétrica distribución de las tareas domésticas y de cuidados no remunerados. A su vez, mujeres y disidencias son quienes, a diario, deben enfrentarse a la misoginia y la violencia por motivos de género.
En este contexto, y teniendo en cuenta estos factores, las políticas públicas impactan de diferente manera en la sociedad. Por esta razón, se vuelve necesario que dichas medidas se diseñen contemplando las desigualdades persistentes.
En noviembre de 2020 se aprobó el presupuesto 2021, el primero con perspectiva de género y diversidad (PPGyD). Como antecedente, ya en 2019 se había agregado la etiqueta “Programas con Perspectiva de Género” (PPG), para mejorar la visualización de este factor en la lectura del presupuesto.
En sintonía, en mayo de este año la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género (DNEIyG) del Ministerio de Economía de la Nación, realizó el Primer Plenario 2023 de la Mesa Federal de Políticas Económicas con Perspectiva de Género. La jornada tuvo tres ejes fundamentales: medir la deuda alimentaria, reformas para mejorar la responsabilidad compartida de los cuidados, e infraestructura en cuidados.
Las políticas se pueden medir
A lo largo del mes de octubre, la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), presentó el informe «Evolución de acciones presupuestarias con perspectiva de género«. El trabajo analiza la evolución del presupuesto destinado a este tipo de medidas entre 2019 y 2022.
Cabe mencionar que, para analizar la implementación de políticas que busquen disminuir la brecha, la investigación se basó en la incorporación de etiquetas en los programas y acciones con perspectiva de género.
Los datos arrojados por el informe aseguran que en 2022 el gasto con perspectiva de género alcanzó el 4,1% del PBI, lo que equivale a $3.358.376 millones. El máximo de inversión pública en políticas con perspectiva de género se dio en 2020 y alcanzó 4,5% del PBI, mientras que en 2019 se registra el más bajo de esos cuatro años con 3,8%.
Durante 2022, además, 60 programas presentaron la etiqueta PPG, 34 más que en el presupuesto 2019. Esto expresa una expansión promedio del 3.3% real por año entre 2019 y 2022.
En cuanto a la distribución entre las distintas carteras, sorprende que no sea el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad quien se lleve el protagonismo. La investigación indica que Desarrollo Social concentró el 1% del PBI, pasando de concentrar el 8,0% del total del Gasto PPG en 2019 al 24,6% en 2022.
En la misma línea, se detalla que ANSES, al tener a su cargo la gestión y liquidación de las políticas de ingresos con etiqueta PPG, se llevó el 73,8% del gasto PPG, equivalente al 2,8% del PBI. Por último, en el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad se erogó el 1,3% del Gasto PPG en 2022, equivalentes al 0,05% del PIB. El 0,3% restante fue ejecutado por una veintena de organismos y comprendió una amplia gama de actividades presupuestarias.
Por otro lado, en la actualidad están vigentes cuatro ejes de políticas con perspectiva de género: Ingresos; Violencia de género; Salud Sexual y Reproductiva; y Sensibilización, Capacitación e Inclusión. En el último año, las políticas de ingresos representaron el 98% de los recursos destinados a programas con perspectiva de género.
La perspectiva de género como algo transversal
Durante la cuarta Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la Mujer, celebrada en 1995, quedó establecida la idea de integrar las cuestiones de género en la totalidad de los programas sociales y las políticas públicas. Además, dicha plataforma resaltó la necesidad de garantizar que la igualdad entre los géneros es un objetivo primario en todas las áreas del desarrollo social.
En la misma línea, en 1997, el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC) definió el concepto de la transversalización de la perspectiva de género de la siguiente manera: “Es el proceso de valorar las implicaciones que tiene para los hombres y para las mujeres cualquier acción que se planifique, ya se trate de legislación, políticas o programas, en todas las áreas y en todos los niveles”.
En sintonía, la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género publicó “Políticas para la Igualdad”. En ese documento se sintetizan algunas herramientas relevantes para la incorporación del enfoque de género y diversidad en las políticas económicas y productivas del Estado Nacional y las provincias.
Al respecto, la investigadora y referente feminista Dora Barrancos participó del libro Políticas públicas y perspectiva de género, con un capítulo titulado “Transversalización del enfoque de género en el Estado”. Allí explica que “en la mayoría de los países hay un acoplamiento mayor de esta perspectiva transversal en los dispositivos del Estado, aunque es necesario subrayar que todavía es una tarea muy incompleta”.
Para Barrancos, “la idea de transversalizar es una idea vieja, es uno de los viejos compromisos del feminismo tornado posibilidad de política pública”. En relación a ello, expresó: “No bastan los aparatos especializados del Estado que fueron ganándose […] No podemos tener una política de gueto porque no sirve, se necesita su amplificación, que enraíce en todo el sistema”.
Desde la consideración de la investigadora se necesitan no solo políticas públicas, sino también educativas. A raíz de esto, el libro hace su cierre con una conclusión: “Hay varios resortes que tenemos que juntar, y desde luego también el Estado tiene que tutelar al propio mercado al momento de presentación, no se puede dejar a las muchachas a merced de una competencia muy desleal”.