Brasil considera abandonar el Tribunal Penal Internacional (TPI), organismo multilateral que sienta jurisprudencia a nivel global. “En algún momento la diplomacia brasileña podría revisar su adhesión a este acuerdo, ya que no existía tal igualdad entre naciones”, expresó el ministro de Justicia, Flávio Dino. Nota al Pie analiza el planteo del presidente Luiz Inácio ”Lula” Da Silva a la luz de la crisis internacional de poder que pone en jaque las estructuras globales y el factor Putin.
Insubordinación
Insubordinándose al Tribunal de La Haya, Lula señaló que Brasil no cumpliría con la orden de arresto emitida en marzo por la Corte contra el presidente ruso Vladimir Putin en caso de que realice una visita de Estado a su país. El TPI, creado en 1998 a partir del Estatuto de Roma y cuya sede está en Países Bajos, es el principal órgano judicial de la ONU encargado de decidir las controversias jurídicas entre Estados. La Sección 9 del tratado al que suscribe Brasil determina que la Corte puede solicitar información o documentos a organizaciones intergubernamentales, así como solicitar cooperación y asistencia, que deben ser aceptadas.
En la Cumbre del G20 celebrada el pasado fin de semana en Nueva Delhi, Lula adelantó que en cita prevista en Río de Janeiro con su homólogo ruso consideraba que no sería detenido si aceptaba la invitación de acudir. Si bien a continuación aclaró que dependería de la Justicia brasileña, el comentario generó polémica a nivel internacional y al interior de su propio Gabinete. Al presidente Putin le pesa una orden de arresto del TPI por presuntos crímenes de guerra relacionados con el desplazamiento forzoso de menores de edad en Ucrania, lo que condiciona su actividad por fuera de Rusia.
Desequilibrios
Del TPI participan 122 países, entre ellos el Reino Unido de Gran Bretaña, Francia, Japón, Italia, Canadá, Suiza y Nueva Zelanda. Desde su creación en 1998, la Corte ha tenido un rol protagónico en escenarios de alta conflictividad ya que según su propio estatuto puede reconocer crímenes como genocidios, de lesa humanidad, de guerra y de agresión. Sin embargo, naciones de peso como Estados Unidos, China e India no se adscriben. El TPI investigó, por ejemplo, los crímenes de guerra norteamericanos cometidos en Afganistán, situación que Washington desconoció durante las gestiones de Bush y de Trump.
Es en ese marco que el presidente Lula advirtió la necesidad de evaluar la membresía brasileña ya que la ausencia de las principales potencias genera un “desequilibrio” a nivel internacional. Dino, ministro de Justicia de Brasil, ratificó el planteo del mandatario en relación a la inexistencia del principio de igualdad entre las naciones en ese espacio. De todos modos, relativizó la expresión de Lula vinculada a la orden de arresto contra Putin argumentando que “no hay ninguna propuesta, en este momento, para que Brasil abandone la Corte Penal Internacional.
El factor Ucrania
La controversia en derredor de las declaraciones de Lula están más asociadas a la conflictividad que genera la situación en Ucrania que a la legitimidad de la propia Corte. La orden de arresto emitida por el TPI se encuadra en la estrategia occidental cuyo propósito es aislar y debilitar geopolíticamente a Rusia en el escenario internacional, tal como sucedió con su eliminación del sistema financiero SWIFT y las sanciones económicas. La confrontación entre el esquema del Unipolarismo Financiero de la OTAN y el Multipolarismo Pluriversal por la conformación del Nuevo Orden Mundial condiciona las acciones de los Estados y las estructuras globales.
Una semana después del pronunciamiento de la Corte, el canciller brasileño Mauro Vieira había aclarado que en tanto “Brasil es parte de la CPI”, “cualquier presencia” de Putin en un país miembro del espacio podría conllevar “complicaciones”. De hecho, dijo que “tendría problemas legales” si viajaba a su país. Las declaraciones del ministro de Relaciones Exteriores se realizaron en la antesala del viaje que Lula concretó a Beijing en abril para conversar sobre la paz en Ucrania junto a Xi Jinping. El presidente brasileño impulsa la construcción de una mesa política que diseñe una salida pacífica en Europa del Este, al igual que el Papa Francisco.
En efecto, el planteo de Lula genera revuelo en las oficinas de la OTAN, la Casa Blanca y la Unión Europea. Conscientes de su incapacidad de doblegar la voluntad política de Putin, el esquema unipolar se apoya en la legitimidad -en declive- de espacios como el Tribunal de La Haya. Su estrategia basada en aislar y bloquear a Rusia de la escena internacional tuvo inesperados puntos de fuga. Por ejemplo, la cantidad de visitas de Estado que Putin recibió de parte de importantes presidentes, como Xi Jinping, y su participación en espacios como la XV Cumbre del BRICS en Sudáfrica o la Cumbre Rusia-África. En ese sentido, el unipolarismo quiere evitar a toda costa que esa influencia se expanda a América Latina, su Patio Trasero.
Crisis de las estructuras
La política internacional es testigo de procesos de expansión, contracción y altos niveles de conflictividad al interior de las estructuras globales que pretenden ejercer gobierno en diferentes planos. Así como en las últimas semanas los BRICS ampliaron su composición incorporando a 6 naciones a su bloque, diferentes países se animan a cuestionar el funcionamiento y la autoridad de espacios como el FMI, las Naciones Unidas o el G7. La OTAN, si bien sufre un proceso de deslegitimación internacional, sigue acumulando adeptos; y en América del Sur actores de peso han abandonado el mecanismo del Grupo de Lima y revitalizado la Unasur y la Celac.
En ese marco general de crisis de las instituciones, Lula se perfila como un actor relevante que impulsa la reforma de los espacios multilaterales de gobierno. El presidente brasileño ha planteado el declive de bloques como el G7 pero también la necesidad de modificar espacios como el Fondo Monetario Internacional y el Consejo de Seguridad de la ONU. Según Lula, estas mesas políticas ya no expresan la correlación de fuerzas actual. Asimismo, al interior del BRICS fue quien apoyó con más fuerza la ampliación del espacio incorporando países africanos y latinoamericanos. Una táctica en consonancia con la estrategia de la multipolaridad en favor de reformar los espacios que integra en lugar de estallarlos.
Es tal la estructuralidad y profundidad de la crisis internacional que su declaración en relación al TPI contradice el proceso de incorporación al espacio en 2002 que dirigentes de su propio partido político impulsaron. A partir del Decreto Nº4388, el entonces presidente Francisco Henrique Cardoso suscribió el tratado. Nilmário Miranda, figura histórica del PT en Minas Gerais, fue quien redactó el primer informe presentado al Congreso para defender la entrada de Brasil a la Corte. En aquel documento el PT consideraba al TPI un órgano de “protección de la soberanía”. Veintiún años después, el propio ministro Dino ratifica a Lula expresando que su actual composición supone un “desequilibrio”.