Un 16 de septiembre de 1976, hace 47 años, estudiantes secundarios del Colegio Normal 3 de La Plata fueron secuestrades por efectivos a la órdenes del entonces jefe de la Policía bonaerense, coronel Ramón Camps, en el marco de un operativo de represión ilegal que se conocería como “La Noche de los Lápices”.
Según recordó Télam, las víctimas eran militantes que habían participado en la movilización que un año antes había conseguido la implementación del Boleto Estudiantil Secundario (BES) en la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires.
En agosto de 1976, la dictadura cívico militar decidió suspender este beneficio con el propósito de identificar a les referentes del movimiento estudiantil que habían encabezado este reclamo.
Un documento de inteligencia titulado “La Noche de los Lápices” fue hallado en dependencias de la Policía bonaerense, y en el cual el comisario mayor Alfredo Fernández describe las acciones que se debían emprender contra estos jóvenes, que era considerados “integrantes de un potencial semillero subversivo”.
Torturas y violencia institucional en La Noche de los Lápices
Con ese objetivo, la noche del 16 de septiembre se inició un operativo conjunto de efectivos policiales y del Batallón 601 de Ejército para capturar a nueve jóvenes que tenían entre 16 y 18 años. La mayoría de ellos integraba la Unión de Estudiantes Secundarios (UES), una agrupación de superficie que estaba ligada a la organización Montoneros.
Claudio De Acha, María Clara Ciocchini, María Claudia Falcone, Francisco López Muntaner, Daniel Racero y Horacio Ungaro fueron capturados en sus domicilios en la primera jornada de esa acción criminal. Mientras que el 17 de septiembre, fue el turno Emilce Moler y Patricia Miranda, que estudiaba en el Colegio de Bellas Artes de La Plata.
Cuatro días después fue detenido Pablo Díaz, quien formaba parte de las Juventud Guevarista, un grupo vinculado al Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT).
Las víctimas fueron llevadas al centro clandestino de detención conocido como Arana, donde se les torturó durante semanas, y luego se los trasladó al Pozo de Banfield.
Moler y Díaz fueron liberades tras permanecer dos años, entre cautivos y detenidos. Miranda también salió viva de Arana, la trasladaron al Pozo de Quilmes y finalmente quedó alojada en la cárcel de Villa Devoto, a disposición del Poder Ejecutivo hasta marzo de 1978.
Gustavo Calotti, que había terminado el secundario un año antes, cayó en cautiverio el 8 de septiembre, y se lo considera un sobreviviente de estos hechos, ya que padeció la tortura junto a les jóvenes.
El resto de estos estudiantes secundarios permanecen aún desaparecidos y componen la nómina de 232 de adolescentes secuestrados durante la última dictadura cívico militar.
En búsqueda de justicia
En 1985, Díaz testimonió en el “Juicio a la Juntas” donde dio cuenta de sus padecimientos, que dieron origen a una causa judicial. Sin embargo, la sanción en 1987 de la Ley de Obediencia Debida impidió que el comisario Miguel Etchecolatz, autor material de estos secuestros y desapariciones, enfrentara la acción de la Justicia.
Tras derogarse en 2003 las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, y los indultos dictados por el expresidente Carlos Saúl Menem, se iniciaron los juicios de lesa humanidad y Etchecolatz recibió sentencias por varios crímenes.
En reconocimiento a la lucha de este grupo de jóvenes militantes desparecidos se conmemora cada 16 de septiembre, desde el 2006 y por decisión del entonces presidente Néstor Kirchner, el Día de los Derechos de los Estudiantes Secundarios.