La plataforma RADAR, impulsada por el Equipo de Investigación Política (EDIPO) de la Revista Crisis con apoyo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), es una aplicación de reciente lanzamiento que tiene como misión “fortalecer la democracia y la defensa de los derechos humanos”.
La plataforma comprende “un mapeo colaborativo de hechos de violencia política protagonizados por derechas radicalizadas con el fin de contribuir al diagnóstico colectivo y la elaboración de estrategias de autocuidado”, según indican sus creadores.
Desde el sitio de internet de RADAR, sus organizadores brindan una definición de los grupos radicalizados que actúan en Argentina: “Llamamos derechas radicalizadas a aquellos sectores de la ultraderecha que apelan directa o indirectamente a la violencia como método de acción política”.
Además, EDIPO define el propósito de este tipo de organizaciones de derecha radical como la “intención de silenciar, amedrentar, disciplinar o aniquilar reivindicaciones de derechos individuales y/o colectivos, instaurar miedo e influir en la discusión pública”.
El lanzamiento de RADAR es precedido por tres años de actividad
Les impulsores de la iniciativa aseguran que desde 2020 la aplicación detectó 173 casos “organizados por sus narrativas de odio”, las cuales comprenden “ataques a símbolos y lugares, hostigamiento e intimidación y atentados contra la integridad física y la vida”.
RADAR invita, bajo una modalidad de cooperación, a favorecer la circulación de esta herramienta “entre quienes puedan aportar registros o utilizarla como insumo para potenciar lecturas e intervenciones”. Se puede acceder al proyecto a través de su sitio web o contactar a sus organizadores vía mail a radar.edipo@gmail.com
Un caso ilustrativo: el intento de magnicidio a la vicepresidenta
En simultáneo con el proyecto, el Equipo de Investigación Política de la revista Crisis elaboró un informe llamado “La Violencia Avanza”, difundido el viernes 1 de septiembre de 2023, a un año del intento de magnicidio a Cristina Fernández de Kirchner.
Según el equipo, el objetivo del trabajo es sistematizar una serie de datos aislados “que circularon a lo largo del último año para intentar reconstruir los sucesos que llevaron al intento de magnicidio contra la vicepresidenta”.
En ese sentido, les investigadores sostienen que la reconexión de los datos permitió “verificar el grado de impunidad que una vez más el Poder Judicial nos propone”. Además, aseguran que el análisis les facilitó ubicar a “los autores materiales del atentado en una trama más compleja de organizaciones de derecha radicalizada, con sorprendentes hallazgos”.
A partir de los resultados obtenidos pudieron explorar “las conexiones de ese universo de activistas con los sectores partidarios de la derecha nacional, para señalar algunas complicidades preocupantes”.
El informe intenta explicar cómo la investigación del atentado a la vicepresidenta, a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo, “cortó todos los hilos que podían vincular” al atacante Sabag Montiel y a sus cómplices directos Brenda Uliarte y Gabriel Carrizo “con otras organizaciones o sujetos”.
Según el equipo, este último punto es clave en tanto resulta evidente que estas tres personas “fueron ejecutores de una consigna o llamamiento que circulaba abiertamente en los foros de las organizaciones de ultraderecha, quienes ya estaban perpetrando diversos actos violentos”.
Las conexiones con la derecha
Una de las conclusiones del informe afirma que “el atentado contra la vicepresidenta no fue el desvarío de un par de personajes pintorescos, sino un plan gestado a fuego lento” por parte de expresiones políticas “envalentonadas” por una época de politización derechista a nivel mundial.
Asimismo, el análisis revela que “un año más tarde (del atentado), las principales expresiones electorales de ultraderecha cobijan en su seno a un conjunto de actores en abierta radicalización violenta, mientras posee considerables chances de llegar al Poder Ejecutivo Nacional”.
Por último, el trabajo destaca como punto más relevante que “al encapsular el hecho del atentado y aislarlo del resto de las acciones violentas organizadas por la derecha radicalizada, lo que se debilita es la posibilidad de investigar sus articulaciones políticas, financieras e institucionales”.