El próximo martes 1 de agosto, la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados se reunirá para recibir los testimonios del exministro de Seguridad y Justicia porteño, Marcelo D’Alessandro, y de Silvio Robles, estrecho colaborador del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti. Sus declaraciones serán sobre la supuesta negociación del fallo sobre coparticipación que benefició a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).
De este modo, el grupo parlamentario, presidido por Carolina Gaillard del Frente de Todos (FdT), retomará su actividad después del receso invernal. El objetivo es avanzar en la acumulación de pruebas para el enjuiciamiento a los jueces Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti, y Carlos Rosenkrantz. Los mismos son investigados por “mal desempeño de sus funciones”.
Cabe recordar que la investigación comenzó por el fallo dictado a favor del distrito porteño; la derogación de la ley del Consejo de la Magistratura; la sentencia del 2×1 en beneficio de un represor y las irregularidades en el manejo de la obra social del Poder Judicial.
Por otro lado, para ese mismo día fue citado el secretario de Juicios Originarios de la Corte Suprema, Alejandro Daniel Rodríguez, quien pidió reprogramar su asistencia tras la ausencia en la reunión del 11 de julio, y a Alejandro Otero, actual funcionario de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
La investigación
Una de las líneas de investigación del oficialismo es que la resolución judicial por los fondos destinados a la CABA, benefició al Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, tras supuestas negociaciones entre Rosatti y la administración porteña mediante Robles.
Esto tuvo lugar a fines del 2022, cuando los miembros del máximo tribunal firmaron una medida cautelar que ordenó al Gobierno nacional que aumentará a 2,95% el monto de la coparticipación para el distrito capitalino.
Respecto a Robles y D’Alessandro, el jefe del bloque de diputados del FdT, Germán Martínez, sostuvo que ninguno tiene razones para no presentarse ante la comisión donde se investiga si hubo una “connivencia entre funcionarios públicos”. En esa línea, aseguró que “no tienen ningún motivo para escudarse en ningún artilugio legal”. A su vez, agregó: “Hasta ahora tuvimos una gran ausencia de (el fiscal Carlos) Stornelli que se escudó en reglamentos del Ministerio Público Fiscal para no venir”.
Declaraciones de Silvina Batakis
En la última reunión del 11 de julio expusieron exfuncionaries y fiscales de Estado de provincias, y la exsecretaria de Provincias, Silvina Batakis. En aquella jornada, la además presidenta del Banco Nación afirmó que el Gobierno de Mauricio Macri transfirió “un exceso de recursos” a la administración porteña.
Asimismo, señaló que “no hay fundamentos ni informes técnicos que expliquen los incrementos” establecidos por decreto del Gobierno de Macri de 2016, que dispuso aumentar del 1,4 al 3,75 el porcentaje para la Ciudad en materia de coparticipación.
En referencia a ello, Batakis afirmó que con esta acción, la anterior gestión “generó una nueva desigualdad respecto de las provincias, porque las provincias reciben sus transferencias sin que se especifique para qué gasto son”. Además, resaltó que “el régimen de coparticipación federal no tiene como objetivo cubrir transferencias de una misión o función”.
Ante un pedido del diputado del FdT Leopoldo Moreau, la exsecretaria de Provincias expresó que Robles participó de la primera parte de la audiencia realizada en marzo de 2022 por la coparticipación como asesor del ministro de la Corte.
Además, Batakis hizo un plano detallado de la ubicación del asesor en la sala de audiencias, aunque no estaba consignada su presencia en el acta de dicha reunión.
Moreau señaló que Robles fue “deliberadamente excluido de esa acta, no hay otro funcionario que haya sido excluido”, e indicó que por esa razón dicha acta “carece de validez”.
La Comisión comenzó a sesionar el 26 de enero y ya realizó 18 reuniones en las cuales analizó el fallo del 2×1 por el cual se intentó beneficiar al represor Luis Muiña, y las denuncias de irregularidades en la obra social del Poder Judicial.
Respecto a esto último, el grupo parlamentario dedicó más de dos meses a recibir testimonios de las denuncias de irregularidades de la obra social y del papel que tuvo Maqueda en la administración del organismo. El juez de la Corte fue citado para comienzos de este mes, pero no concurrió ni presentó su informe por escrito para responder sobre los 14 cargos que se le formulan de forma provisional.
Por último, a propuesta del FdT se creó una subcomisión (integrada por tres del oficialismo y dos de la oposición) para continuar con la investigación de otras presuntas irregularidades que podrían haber ocurrido en otros períodos.