miércoles 29 de mayo de 2024

Una ley de El Salvador permitirá juicios de hasta 900 presos en simultáneo

El Congreso salvadoreño aprobó por amplia mayoría una reforma judicial que permite a las fiscalías realizar audiencias masivas que atentan contra las garantías constitucionales del país centroamericano.
El Salvador
Miles de personas fueron detenidas erróneamente en el proceso iniciado en marzo de 2022. Crédito: Diario AS.

El pasado miércoles, el Congreso de El Salvador aprobó disposiciones especiales para los detenidos durante el estado de emergencia que rige desde principios de 2022 en el país de Centroamérica. De esta manera, las “maras” o pandillas criminales serán procesados en grandes grupos, lo que generó rechazo en sectores de la oposición.

La ley fue aprobada por 67 votos a favor y 6 en contra, bajo el argumento de que traerá mayor orden y eficiencia a los procesos en los tribunales. Cabe destacar que la asamblea está dominada por diputades que responden al presidente Nayib Bukele.

Para entender esto, las nuevas disposiciones permitirán a la Fiscalía utilizar los mismos elementos de prueba para las personas que tengan algún tipo de relación, ya sea por vínculos personales o porque coincida el área donde cometieron los delitos en un plazo de 24 meses.

En el decreto firmado se ordena el “sometimiento de (varios) imputados a un solo proceso penal por su pertenencia a una misma estructura terrorista o agrupación ilícita y que hayan sido capturados dentro de la vigencia del régimen de excepción”.

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Los datos desde que rige el estado de emergencia en el país. Crédito: Nota al Pie.

Acompañado del comunicado, la Asamblea Legislativa señaló: “Por años, los pandilleros creyeron estar sobre la justicia, nadie los frenó, pero hoy nosotros te protegemos. Actualizamos la Ley Contra el Crimen Organizado para incrementar las penas a los líderes de pandillas hasta un tercio de la condena máxima por cada delito cometido”.

El ministro de Seguridad salvadoreño, Gustavo Villatoro, explicó que “no hay nada parecido en la historia del mundo” a lo que su gestión se enfrenta actualmente. “Son más de 900 imputaciones por clica (célula) lo que presenta este decreto transitorio”, sostuvo.

Por su parte, el vicepresidente del Congreso, Guillermo Gallegos brindó más detalles al respecto: “Con esta disposición la Fiscalía no tendrá que presentar pruebas individuales en contra de los pandilleros en un proceso judicial penal”.

La mega cárcel y las detenciones

Todo comenzó cuando el 27 de marzo del año 2022 el joven presidente, Nayib Bukele, decretó el régimen de excepción en El Salvador, con la excusa de llevar adelante una guerra contra las pandillas y bajar los índices de criminalidad.

Este lunes, Villatoro detalló en una conferencia la cantidad de detenciones hasta el momento: “Tenemos a la fecha, y luego de un año de implementación del régimen, 71.776 capturas”.

En el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una cárcel con capacidad para al menos 40.000 pandilleros, hay 12.500 detenidos, todos miembros de pandillas, según detalló el ministro. Cabe destacar que la medida tomada en marzo de 2022 suspende varias garantías constitucionales.

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La cárcel fue construida en tiempo récord y alberga más de 40 mil detenidos. Crédito: CNN.

La gigantesca prisión fue creada en tiempo récord en una aislada zona rural cerca del volcán Chichontepec, a 74 kilómetros de San Salvador. El Estado compró 166 hectáreas, 23 de las cuales fueron utilizadas para construir ocho pabellones que se encuentran dentro de un perímetro rodeado por un muro de concreto de 11 metros de altura y 2,1 kilómetros, protegido por alambradas electrificadas.

De acuerdo con las denuncias recabadas por organizaciones humanitarias divulgadas recientemente, la cifra de “víctimas directas” de violaciones a derechos humanos bajo el régimen de excepción llegó al menos a 5.490.

Desde Amnistía Internacional expresaron que “las autoridades declararon un estado de excepción que conllevó violaciones masivas de derechos humanos y el debilitamiento del Estado de derecho, así como el deterioro grave y continuo del acceso a la información pública”.

Además, aseguraron que la mayoría de las detenciones efectuadas durante el estado de excepción eran “presuntamente arbitrarias porque no cumplían con los requisitos legales”. Incluso aseguraron que algunas de las detenciones estaban basadas únicamente por tener tatuajes o antecedentes penales.

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