El pasado miércoles, en otra jornada de lucha de les trabajadores del subterráneo y premetro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Nota al Pie repasó las actividades económicas y las denuncias por corrupción del Grupo Benito Roggio, propietario de la concesionaria Emova.
En esta ocasión, en un contexto de continuidad de los reclamos por las condiciones laborales y operativas ejecutadas por Emova, se analiza la relación entre costos, tarifas y subsidios estatales.
Tal como se anunció a principios de año, el precio de la tarifa irá en aumento hasta llegar a los $80 en septiembre. La empresa propietaria, Subterráneos de Buenos Aires (SBASE), justificó los aumentos alegando que era necesaria una actualización por los altos niveles de inflación.
No obstante, aunque la sociedad estatal transfiere a Emova cifras millonarias en concepto de subsidios, les trabajadores reclaman la falta de mantenimiento. Esto puede verse en la presencia de asbesto en las estaciones y formaciones, un material cancerígeno que ya causó el fallecimiento de tres empleades.
La justificación de los aumentos
En febrero de este año, se celebró una audiencia pública en la que se determinó un aumento en tramos de las tarifas de subte y premetro. A principios de junio, el boleto de subte alcanzó los $74.
Durante la audiencia, desde el Gobierno de la Ciudad argumentaron que la tarifa estaba atrasada con respecto a la inflación. Sin embargo, el incremento acumulado en junio fue del 69,5%, muy por encima del 50,7% de la inflación general acumulada.
En el 2022, también se realizó una audiencia pública para incrementar los precios en un 40%. En esa ocasión, el gobierno porteño justificó la suba en línea con los aumentos en las tarifas nacionales de trenes y colectivos. Esta decisión del gobierno nacional apuntaba a la reducción de los subsidios, en orden con la reducción del gasto público exigida por el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Respecto a esto, la legisladora del Frente de Izquierda Unidad (FIT-U), Alejandrina Barry, reclamó que “la tarifa del subte no sólo sobrepasará el valor del colectivo, sino que no contempla que el subte aún no recuperó el nivel de pasajeros de la pre-pandemia”. “Ese cálculo aumenta el costo del pasaje cuando lo que se debería tener es una política para que el subte recupere a sus pasajeros y no para expulsarlos”, puntualizó.
#Tarifazos Presentamos amparo para frenar el aumento del subte a $42. Roggio y el gobierno siguen incluyendo los costos de sus negociados, como los de desasbestización de los trenes que ellos compraron y que ya causaron la muerte de 3 trabajadores.
— Myriam Bregman (@myriambregman) September 19, 2022
Costos: la incompatibilidad de responsabilidades
Durante la audiencia del año pasado, el presidente de SBASE, Mauro Alabuenas, explicó que, en comparación al 2021, el costo de explotación aumentó en un 159%. Según estipula la Ley N° 4.472 de Regulación y Reestructuración del Sistema de Transporte Ferroviario, cuando el aumento de los costos alcanza el 7% interanual, se debe dar inicio al proceso de revisión tarifaria.
En tanto, la documentación que presentó la Secretaría de Transporte y Obras Públicas para el cálculo de tarifas en ese entonces, expresa que de un total de $34.110 millones de costos, $905 millones son ganancias del concesionario Emova.
En este cuadro puede detectarse una irregularidad: por la concesión renovada en 2021, le corresponde a Emova cubrir los costos de operación y mantenimiento de la red. Sin embargo, en 2022 SBASE destinó más de $77 millones para “gastos de mantenimiento y asbesto”. De la actualización de tarifas de 2023 no hay información oficial publicada.
Los gastos injustificados de Emova
Sumado a esto, les funcionarios del FIT señalaron la existencia de gastos injustificados. Barry declaró que “ya en audiencias anteriores, junto a Myriam Bregman, demostramos que Metrovías -hoy Emova- incluía cenas de lujo de U$S 3000 como parte del gasto del servicio”.
Por su parte, Claudio Dellecarbonara, de la Asociación Gremial de trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGSyP) sostuvo que el gobierno y la empresa incluyen gastos como cursos de inglés o la movilidad para funcionaries de la empresa concesionaria. Además, afirmo que quieren que les usuaries “paguen los costos de desasbestización”.
En relación a esto, la Auditoría General de la Ciudad denunció en el 2021 que SBASE cuenta como costos este tipo de gastos injustificados que luego terminan inflando las tarifas.
Más subsidios, menos mantenimiento y boletos más caros
La transferencia de dinero en concepto de subsidios estatales a Emova saltó de $2550 millones en 2017 a $12.756 en 2021. Este aumento exponencial de los subsidios no se reflejó en el congelamiento de tarifas a les usuaries, ni en mejoras en el funcionamiento, ni en la calidad de vida de les trabajadores.
De hecho, pese a esta transferencia generosa de dinero, Emova argumenta la inviabilidad de la reducción de la jornada laboral que exigen les empleades para disminuir la exposición al asbesto.
Por su parte, la secretaria de Transporte, Manuela López Menéndez, desacreditó el pedido y declaró: “Los metrodelegados vienen planteando algo que es inadmisible, que es trabajar menos”.