La Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA), organismo dependiente de la Organización de Naciones Unidas (ONU), busca establecer una regulación de la explotación minera submarina. Con ese fin, el Consejo de la ISA, reunido en Jamaica desde hace dos semanas, indicó su “intención de continuar la elaboración” de las reglamentaciones y procedimientos para regular la actividad, apuntando a la adopción de la normativa en la 30ª sesión de la Autoridad, en 2025.
Cabe destacar que la extracción minera en los depósitos de sulfuro ubicados en el lecho -a profundidades de entre 1.300 y 3.600 metros- es mirada de reojo por el daño que le puede provocar a los ecosistemas de aguas profundas. Si bien se conoce poco al respecto, para la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza, existiría una biodiversidad de “vital importancia” para la humanidad.
También existen advertencias por el peligro de que los barcos viertan al mar los residuos tóxicos al triturar y bombear las rocas a la superficie con las máquinas extractivas y sistemas de cubos, además de la posibilidad de que se libere el dióxido de carbono atrapado en el lecho marino.
Por el lado de las empresas mineras, existe un creciente interés en el negocio, ya que se considera que en el lecho se podrían extraer grandes cantidades de minerales críticos como cobre, manganeso, cobalto o níquel, esenciales para, por ejemplo, la industria tecnológica, y productos como baterías, generadores eólicos y paneles fotovoltaicos.
Un vacío legal que beneficia la explotación del fondo submarino
Según la agencia de noticias Télam, ISA posee 36 Estados miembros, entre ellos, la Argentina, que cuenta allí con una misión de carácter permanente.
Hasta ahora, la entidad se limitó a otorgar permisos de exploración del fondo marino, sin permitir la explotación, hasta tanto finalice un código minero que regule la actividad en las profundidades marinas y en zonas fuera de las jurisdicciones mineras.
El trabajo en el código ya lleva diez años y, en ese lapso, se creó un vacío legal que puede ser aprovechado por algunos países para empezar a explotar estos fondos.
En 2021, un pequeño estado insular del Pacífico llamado Nauru activó una cláusula para que el código minero fuera adoptado en un periodo de dos años, que expiró el 9 de julio. Desde entonces, cualquier país puede presentar una solicitud de contrato de explotación a nombre de una empresa a la que patrocine.
En relación a ello, la embajadora de Nauru, Margo Deiye, anticipó en la sesión que su gobierno pronto solicitará un contrato de extracción para la empresa Nori (sigla de Nauru Ocean Resources), filial de la canadiense The Metals Company.
Si bien el Consejo reiteró que la explotación comercial “no debería llevarse a cabo” hasta que se formalice el código, no tomó una decisión sobre qué hacer en el caso de que haya una solicitud en ausencia de dicha regulación.
En simultáneo a la reunión, la organización Deep Sea Conservation Coalition (formada por Greenpeace y WWF) exigió “urgentemente” una moratoria de la actividad.
En respuesta, la Asamblea de la ISA debatirá la próxima semana el establecimiento de una “pausa preventiva” para evitar que se activen los permisos para poder explotar el lecho submarino hasta que se sancione el código. Esta postura es defendida por España, Francia, Chile y Brasil, entre otros países.