Pese a que Uruguay flota sobre el acuífero Guaraní, el tercer reservorio de agua dulce más grande en el mundo, su población no puede acceder a este recurso. De este modo, la crisis hídrica en el país solo empeora a tal punto que, en cuestión de 10 días, Montevideo podría quedarse sin agua potable.
Si bien hace dos mes se conocía la noticia ligada a la sequía, no hizo falta escarbar mucho para conocer las verdaderas razones por las cuales Uruguay no tiene agua dulce. El sistema de producción agrícola, las privatizaciones y las faltas de políticas públicas que cuiden el recurso, son algunas de ellas. Además, detrás de la crisis hídrica hay muchos intereses.
Mientras tanto, la población uruguaya debe comprar agua embotellada porque lo que sale de las canillas de los hogares tiene altos niveles de sodio y cloruro. Esto es sólo apto para sanidad, ya que no se recomienda para consumo humano.
La falta de inversión y el saqueo de las multinacionales
Dos factores a tener en cuenta para abordar la problemática de Uruguay son: la poca inversión en las alternativas de las fuentes de agua dulce como el Paso Severino y, además, la cantidad de empresas privadas que producen allí y utilizan este recurso en grandes cantidades.
Cabe mencionar que en el pasado se presentaron varios proyectos, desde distintos sectores, para evitar la situación actual. Uno de ellos data del 2016, cuando el gobierno presentó una iniciativa para construir una nueva represa sobre el Río Santa Lucía. Sin embargo, cuando inició al mandato del actual presidente, Luis Lacalle Pou, no se le dio continuidad.
El mandatario propuso en cambio que el control del agua dulce quede en manos de pocas empresas privadas. Se trata del “proyecto Arazatí”, el cual, pese a las repercusiones negativas, está en marcha.
En su momento, el presidente anunció: “Después de una larga peripecia el directorio de OSE (Obras Sanitarias del Estado) ha aprobado el proyecto Arazatí”. Según explicó, el mismo sería para “la construcción de infraestructura para potabilizar agua y una inversión de 200 millones de dólares, que podría alcanzar los 500 millones cuando se apruebe el plan de saneamiento para 60 localidades”.
Aunque el gobierno de Uruguay se haya plantado en una posición ajena a la crisis hídrica, desde varios sectores sostienen que no se puede esperar a la lluvia y que es necesario un plan de acción de cara a los siguientes años.
Hay que tener en cuenta que en el país hay grandes plantaciones de soja, pino y una alta actividad agrícola; todo ello consume millones de litros de agua a diario. Por esta razón, las empresas privadas que tienen luz verde para producir allí tienen mucha responsabilidad.
Manotazos de ahogado: las medidas del gobierno
El gobierno uruguayo sostuvo (y sostiene) que el agua que sale de las canillas de en este momento es segura. Sin embargo, los valores de cloruro y sodio que se registran duplican los recomendados por la Organización Mundial de Salud (OMS).
Además, anunció algunas medidas para contener las protestas sociales. Claro está que la sociedad resiste y exige información clara y precisa de por qué su país pasó a ser un orgullo internacional por sus aguas dulces a no tenerla. Es así que el pueblo sale a las calles bajo el lema: “No es sequía, es saqueo”.
Por su parte, las autoridades anunciaron el mes pasado la creación de un Fondo de Emergencia Hídrica para “garantizar a los ciudadanos con todos los recursos necesarios” para enfrentar la sequía.
Asimismo, inició una partida de 850 pesos mensuales destinada a la compra de dos litros de agua diarios. El pasado martes, les beneficiaries comenzaron a recibir de forma automática este dinero, junto con el cobro de su jubilación o pensión. Este beneficio también se extiende a quienes reciben asistencia por vejez del Ministerio de Desarrollo Social.
Por último, se aceleró la construcción de un embalse provisorio en el río San José y la instalación de cañerías de 13,5 kilómetros para abastecer de agua a la planta de Aguas Corrientes a través de Belastiquí. Según OSE, las obras serán terminadas en al menos dos meses.