El pasado miércoles, el concejal de la localidad de Baradero de Juntos Por el Cambio (JxC), Martin Genoud, presentó un proyecto frente al Concejo Deliberante de la ciudad para “tomar parte” de la Cooperativa de Trabajo Metalúrgica Integral Limitada. La misma fue recuperada hace 12 años tras presentar quiebra, y ahora busca hacerle frente a la iniciativa ya ingresó a comisión.
En el año 2015, la empresa La Ruraleña S.A, ubicada en las calles Julio Argentino Roca y Ruta Provincial N° 41, de la localidad de Baradero, presentó quiebre. Luego de casi tres años, fue expropiada bajo la resolución de la Cámara de Senadores bonaerense, convirtiéndose así en la Cooperativa de Trabajo Metalúrgica Integral Limitada.
Mediante la Ley 14734 se declaró a la compañía “de utilidad pública y sujeto a expropiación”. En el artículo 2, se estableció que “la parte del inmueble, las instalaciones, maquinarias y herramientas expropiadas por la presente Ley serán adjudicadas en propiedad y a título oneroso a la Cooperativa […] inscripta ante el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social bajo la Matrícula N° 48032”.
En la actualidad, la empresa recuperada realiza sus trabajos y, a su vez, contrata a otras cooperativas de menor desarrollo para desarrollar otras tareas. En este sentido, el concejal Genoud expresó: “El proyecto que presentamos tiene que ver con la posibilidad de generar más puestos de trabajo sin modificar los que ya están trabajando”.
En este marco, Nota al Pie dialogó con el abogado de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Osvaldo Nam, sobre la situación de la cooperativa y la normativa que impulsa el concejal.
Una empresa recuperada en la lucha de sus tierras
Luego de la quiebra y tras el impulso de les trabajadores para crear una cooperativa, se pudo recuperar hace 12 años. Para Osvaldo Nam, “la intención oculta es que la cooperativa vuelva a manos del Estado municipal para que este administre el juego”.
En ese sentido, sostuvo que el municipio sería “el encargado de relacionar a la cooperativa con privados y ya no quedaría en manos de la cooperativa”. Cabe mencionar que el proyecto presentado por el concejal tuvo votos a favor y en contra. Por esta razón, regresó a las cámaras correspondientes para que se vuelva a discutir y modificar, si fuera necesario.
Además de la ley antes mencionada, en el 2012, la Ordenanza Municipal N°4745 de Baradero, decretó en su Artículo 3: “Declárase la urgencia en el procedimiento expropiatorio”. También estipula que los bienes serán cedidos a la cooperativa.
Respecto a ello, el abogado comentó que dicha ordenanza “declaró de utilidad pública y sujeto de apropiación, una parte del inmueble que es donde está la fábrica montada, más todas sus herramientas”.
Originalmente, la empresa contaba con alrededor de siete hectáreas. Sin embargo, cuando entró en el proceso de quiebra esa cantidad disminuyó. Hoy en día, las mismas forman parte de un complejo de barrio privado, lo que deja en evidencia un “posible negocio inmobiliario”.
El repudio al proyecto del concejal Genoud
Frente a la situación que padece la cooperativa, la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) de Baradero, mostró su apoyo y repudió la decisión de Genoud. Por su parte, el secretario general de la CTAA, Miguel Mossi, expresó que “un concejal […] presentó un proyecto de ordenanza para que el municipio se haga cargo de la cooperativa y la ponga, mediante concurso, a manos de privados”.
En ese sentido, el gremio de les trabajadores realizó una nota dirigida al Consejo Deliberante. En la misma mencionan su preocupación frente al tratamiento de normativas que “vulneran el ordenamiento jurídico vigente tanto nacional como provincial, respecto de las empresas recuperadas, del proceso concursal y de quiebras, así como las instancias de expropiación hoy vigentes”.
Para finalizar, expresaron: “Manifestamos nuestro apoyo a las Empresas Recuperadas y a la Economía Social y Popular en general, convencidos de que tales iniciativas generan empleo, fomentan participación colectiva y promueven una distribución más equitativa de la riqueza”.
Sin dudas, el Estado deberá garantizar que las leyes y normas se cumplan y no se circunscriban a negocios políticos. En tanto, el beneficio de unos pocos corrompe el trabajo genuino de un espacio que logró recuperarse gracias a sus trabajadores.