Créditos: Eraldo Peres – AP.
La Policía Federal de Brasil allanó 22 propiedades de empresaries acusades de financiar la movilización de seguidores del expresidente Jair Bolsonaro, ocurrida el 8 de enero. En aquella jornada, militantes invadieron los tres poderes en Brasilia tras la victoria de Lula da Silva en las elecciones de diciembre de 2022.
Por la participación en el hecho, se imputaron a 1390 personas y 550 ya fueron procesadas. Mientras tanto, los allanamientos se realizan en los estados de San Pablo, Paraná y Mato Grosso do Sul, a pedido del Supremo Tribunal Federal.
Une de les detenides más resonantes es el exministro de Justicia bolsonarista, Anderson Torres. Por su parte, el juez supremo del tribunal, Alexandre de Moraes, le otorgó un régimen de prisión domiciliaria por razones humanitarias.
En este marco, el ministro de Justicia, Flavio Dino, emitió un comunicado para explicar los operativos realizados por la Policía Federal en Paraná. “Uno está relacionado con el financiamiento de actos de golpe de Estado el 8 de enero, con la ejecución de 44 órdenes de cateo y secuestro”, detalló en el texto publicado en sus redes sociales. “Otro operativo está relacionado con el narcotráfico, con 7 detenidos (hasta el momento). En ambos casos, el fin es el mismo: garantizar la autoridad del derecho en defensa de la sociedad”, agregó.
El financiamiento
Por su parte, la Policía Federal también compartió un comunicado acerca del presunto financiamiento del intento de golpe. Respecto a las medidas tomadas contra les señalades, informaron: “Fue determinado el bloqueo de bienes y valores de los investigados por 40 millones de reales (unos 8 millones de dólares) para cubrir y reparar los daños causados a la propiedad pública”.
Según la prensa local, el principal investigado sería Geraldo Killer, un ruralista que financió parte de la campaña fallida de la reelección de Bolsonaro en las pasadas elecciones. De igual modo, es señalado el senador Marcos Pontes, astronauta que ofició como ministro de Ciencia y Tecnología.
La investigación apunta a encontrar a les financistas de los campamentos frente a los cuarteles del Ejército en Brasilia y en las principales ciudades del país, para pedir la intervención militar tras desconocer la victoria de Lula da Silva sin prueba alguna.
Cabe mencionar que el expresidente, Jair Bolsonaro, declaró en abril ante la Policía Federal por haber publicado en las redes sociales un video en el cual pedía la liberación de les detenides por golpismo y denunciaba fraude en las elecciones. Sin embargo, argumentó que dicha publicación fue realizada por error, ya que estaba bajo el efecto de la morfina.
El intento de golpe
En enero de este año, miles de simpatizantes de ultraderecha asaltaron las sedes de los tres poderes. El objetivo era llevar a cabo un golpe de Estado al, por entonces prematuro, Gobierno de Lula Da Silva.
Les ultraderechistas irrumpieron de manera violenta y saquearon los edificios del Congreso brasileño, el Palacio de Planalto (sede del Poder Ejecutivo) y el Supremo Tribunal de Justicia en Brasilia. Sin reconocer el resultado de las elecciones, y con la excusa de un supuesto fraude, dañaron gravemente los edificios.
Créditos: Reuters.
En su momento, Lula da Silva sostuvo: “Quien hizo esto será encontrado y castigado. La democracia garantiza el derecho a la libre expresión, pero también exige que las personas respeten las instituciones. No hay precedente en la historia del país de lo que hicieron hoy. Por eso deben ser castigados”.
Por otro lado, el principal apuntado, Jair Bolsonaro repudió las acusaciones. “Las manifestaciones pacíficas, en el marco de la ley, son parte de la democracia. Sin embargo, las depredaciones e invasiones de edificios públicos como las ocurridas hoy, así como las practicadas por la izquierda en 2013 y 2017, escapan a la regla”, declaró en aquel entonces.