En un marco de alta conflictividad social y movilización sindical, el gobierno de Emmanuel Macron impuso por decreto la cuestionada reforma jubilatoria en Francia.
La medida fue anunciada por la primera ministra Elizabeth Borne antes de que inicie la correspondiente sesión de la Cámara de Diputados donde debía votarse la sanción completa del proyecto.
Nota al Pie repasa la incapacidad de los gobiernos europeos para contener los intereses laborales, priorizando la agenda bélica impulsada por la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).
Decreto para saltear al Congreso
Antes de que inicie la sesión de la Asamblea Nacional, la primera ministra anunció la aprobación de la reforma jubilatoria por medio de un decreto presidencial. De este modo, Macron aplicó el Artículo 49.3 de la Constitución que permite la adopción de una reforma sin el voto de la Cámara de Diputados. Sólo podrá ser frenada si aprueban una moción de censura, que ya está en marcha por acuerdo entre políticos de la oposición y los sindicatos.
Ayer, la comisión mixta de legisladores adoptó un texto común con la aprobación de 14 senadores y diputados. Si bien el proyecto tenía media sanción en Senadores, dada la composición favorable al oficialismo, el Gobierno sabía de antemano que el panorama legislativo en Diputados sería adverso. De todos modos, no era una definición que el Ejecutivo avanzara a partir del decreto.
La reforma previsional comprende dos iniciativas concretas. En primer lugar, el retraso de la edad jubilatoria de 62 a 64 años para 2030. En segundo lugar, la exigencia de cotizar 43 años (en lugar de 42) para cobrar una pensión completa. El plan de Macron desató un histórico proceso de movilización de trabajadores en todo el país con multitudinarias jornadas de protesta e importantes huelgas en sectores estratégicos.
Masivas movilizaciones y jornadas de protesta
El proyecto de Macron puso de relieve un fenomenal proceso de organización sindical en las calles del país galo. Desde la semana pasada, los sindicatos lanzaron una huelga prorrogable en sectores clave como el de energía y también transporte. Un 20% de los vuelos fueron anulados en el aeropuerto parisino de Orly, mientras en el sector energético hubo caídas de producción eléctrica y se extendió el bloqueo de expedición de combustible en la mayoría de las refinerías francesas.
De hecho, la fracasada sesión de la Asamblea Nacional coincidió con la novena jornada de protestas en París. Según registros, en los últimos días se han movilizado más de 2 millones de trabajadores en rechazo del proyecto. “No voten esta ley, está desconectada de la realidad concreta del trabajo”, dijo el líder de la Confederación Francesa Democrática del Trabajo (CFDT), Laurent Berger, como mensaje a los parlamentarios.
A su vez, la oposición política del gobierno del banquero Macron también acompañó el proceso de resistencia. La izquierda, encuadrada en el partido Francia Insumisa y liderada por Jean-Luc Mélenchon, denunció un “escándalo democrático” y había advertido que la lucha continuaría “en las calles y en el hemiciclo”. En tanto, la Agrupación Nacional, encabezada por Marine Le Pen, adelantó que votaría en contra de la iniciativa “ante la sordera de un gobierno que se niega a escuchar la protesta y el amplio rechazo popular a un texto injusto e inútil”.
La crisis política de Europa occidental acelerada por la voluntad de la OTAN
La resistencia al proyecto de reforma expresó la incapacidad del gobierno francés de contener los intereses de la clase trabajadora de su país. Pese al masivo rechazo que cosechó el plan, el oficialismo se mantuvo firme con su iniciativa. “Esta reforma es de una necesidad perentoria para el financiamiento de nuestras pensiones y la solidez del país”, declaró Macron esta semana.
El motivo formal del proyecto descansaba en evitar un eventual déficit en la caja de las pensiones francesas en un país que experimenta una creciente esperanza de vida. Al igual que en otros pueblos de Europa occidental, la pirámide poblacional tiende a invertirse, aumentando la masa de tercera edad y disminuyendo la masa laboral, como ya sucede en Alemania, Gran Bretaña, Italia y España.
No obstante, el motivo real es la transferencia de recursos de la clase trabajadora al sector de Defensa, del cual se alimenta la industria armamentística de la OTAN.
Los líderes políticos de los países más desarrollados de esta región coincidieron con los altos mandos de la OTAN en avanzar con planes de ajuste para soportar sus crecientes necesidades militares en Ucrania.
Las políticas de austeridad que vienen desarrollando coinciden con la definición de dicha alianza. La cual busca aumentar los recursos bélicos para escalar en su enfrentamiento estratégico contra el esquema multipolar, representado por Rusia y sus aliados. En este sentido, el republicanismo y la división de poderes acaban por ser una formalidad colonial para sectores políticos más interesados en tributar a la élite financiera de Europa y Estados Unidos, en lugar de a los trabajadores.