El pasado jueves, campesines e indígenas colombianes de la región de San Vicente del Caguán, departamento de Caquetá, volvieron a protestar contra la petrolera Emerald Energy. 79 miembres de la Policía y nueve trabajadores fueron retenides por les habitantes del departamento colombiano.
El motivo principal de la protesta era exigir los derechos que tienen les habitantes de la comunidad por sobre la tierra que la empresa que tiene sede en Reino Unido y pertenece al grupo chino Sinochem. Además, demandaban la reparación de los daños provocados por las actividades extractivistas y la construcción de las vías para trasladar sus productos a mercados en centros urbanos, promesa que viene haciendo hace un tiempo la petrolera.
Las comunidades indígenas y campesinas, que entraron a las instalaciones de Emerald Energy, hace semanas comenzaron con la toma de las instalaciones de Los Pozos. El miércoles aumentó la tensión con la quema de la infraestructura y la intervención de una unidad antidisturbios de la policía denominada Esmad.
Mientras que les policías fueron rodeades y desarmades por las comunidades, murieron dos personas. Un campesino y un policía, el subintendente Ricardo Arley Moron, que, según fuentes consultadas, fue ejecutado.
La posición del presidente de Colombia
El mandatario colombiano Gustavo Petro envió una comisión del Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior y de las Fuerzas Armadas que se encargó de atender la situación. Además, la Defensoría del Pueblo se ofreció como mediador para conformar un canal de diálogo que solucione “la crisis” y prevenga que sigan ocurriendo hechos de violencias como el ocurrido.
A través de su Twitter, el Presidente anunció que el líder de los esfuerzos para detener la violencia desde San José del Caguán sería el ministro de Defensa, Iván Velásquez. Además, pidió ayuda a la Cruz Roja para atender a les secuestrades.
Petro otorgó los hechos de violencia a “grupos que quieren destruir este gobierno y hundir a Colombia en la guerra”.
Intervención de la Defensoría del Pueblo
Carlos Camargo Assis, defensor colombiano, aseguró que pueden “aplicar instrumentos y protocolos que orienten las etapas de prevención y transformación de la conflictividad, la convivencia y la reconciliación”. Además, del “seguimiento de los posibles acuerdos”.
En este marco, aclaró que utilizarían un “enfoque de derechos humanos, diferencial y territorial según las características de la población”. En este caso, de les campesines en Los Pozos.
Luego de que les policías hayan sido liberades, la Defensoría informó que sus funcionaries se encontraban en la casa comunal de Los Pozos, “brindando acompañamiento a los 79 miembros de la fuerza pública y nueve empleados de Emerald Energy”.
Camargo valoró que “las partes hayan adelantado un diálogo que permitiera poner fin a la tensión generada por cuenta de la confrontación entre las comunidades campesinas y la fuerza pública”. Además, contó que las partes firmaron un “protocolo de derechos humanos y buen trato”.
Apoyo a Emerald Energy
Por su parte, la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas (ACP) indicó en un comunicado: “Las empresas de la industria de hidrocarburos, representadas por la ACP, rechazan y condenan enfáticamente los actos de violencia y de violación de derechos humanos registrados en el campo Capella A (Bloque Ombú) ubicado en la vereda Pozos”.
En ese marco, el gremio recordó que la protesta lleva 40 días, en los cuales “han constituido hechos de carácter delictivo”. Y caracterizó como violenta la toma realizada este jueves, ya que comprometieron la vida e integridad de trabajadores y policías.
Asimismo, la entidad expresó la necesidad de evitar generar mayores daños ambientales que serían irreparables por causa de incendios provocados en las instalaciones, teniendo en cuenta que están rodeades por 24.000 barriles de petróleo almacenados.
“Desde la Asociación hacemos un llamado urgente al Gobierno Nacional para que, en defensa de los derechos humanos, intervenga de inmediato y restablezca el orden público y, de esta manera, se garantice y preserve el derecho a la vida de las personas que aún se encuentran en el campo y sus alrededores”, exigió la ACP.
Por su parte, la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos (Acipet) se posicionó en contra de la toma y el ataque por parte de les manifestantes en contra de las instalaciones de Emerald Energy.
“Hacemos un llamado a la cordura por parte de los involucrados y al Gobierno Nacional a que atienda esta situación de manera urgente en la petrolera Emerald Energy para que intervenga en la liberación de los uniformados y dé respuesta ante los motivos de protesta de la comunidad”, indicaron en un comunicado.