El pasado jueves, el Congreso de España sancionó una Ley Orgánica que modifica la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual , reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. Asimismo, se aprobó una norma para la igualdad real y efectiva de las personas trans, y para la garantía de los derechos de las personas LGBTQ+.
Las leyes fueron sancionadas después de tres meses de debate e impulsadas por la coalición de Gobierno formada por el Partido Socialista (PSOE), del presidente Pedro Sánchez, y la agrupación de izquierda Podemos. Después del final positivo, ambos partidos afirmaron que se trató de un “día histórico de avances en derechos feministas”. Por su parte, la actual ministra de Igualdad, Irene Montero, consideró: “Hemos dado un paso gigante”.
Las fuerzas opositoras como la agrupación de extrema derecha Vox expresó su inconformidad. Durante el debate, el partido derechista buscó derogar lo que propone la ley trans. Una de las cuestiones que propuso el grupo opositor fue impedir que los hombres que se auto perciben como mujeres participen en competiciones deportivas femeninas. En esta línea, la diputada de la Asamblea de Madrid, Alicia Rubio, sostuvo: “Es como mezclar pesos pesados con pesos pluma”.
Derechos para las personas LGBTQ+
La ley sancionada apunta al buen vivir de las personas de la comunidad LGBTQ+ ya que contempla todos los campos sociales, tales como la salud, educación, trabajo, entre otros. Tal como se plantea en el proyecto de ley, el objetivo del marco jurídico busca desarrollar y garantizar los derechos de las personas de la comunidad erradicando las situaciones de discriminación, para asegurar que en España se pueda vivir la orientación sexual, la identidad sexual, la expresión de género, las características sexuales y la diversidad familiar con plena libertad.
El documento plantea que debe haber igualdad de trato y de oportunidades laborales. Desde la Administración Pública tienen que garantizar el derecho de las personas a no ser discriminadas. En el mismo sentido, tienen que velar para que en el ámbito de las políticas sanitarias incorporen las necesidades particulares de las personas LGBTQ+.
Asimismo, la ley permite que cualquier persona a partir de 16 pueda cambiar de manera autónoma su género mediante un sencillo procedimiento administrativo. En cambio las personas menores de 16 y mayores de 14 podrán presentar la solicitud por sí mismas, asistidas en el procedimiento por sus representantes legales.
Antes de la modificación de la norma, para iniciar el cambio se pedía a la personas un informe médico que diagnostique disforia de género y una prueba de tratamiento hormonal por dos años.
Salud sexual y aborto
La otra normativa abarca derechos sexuales y reproductivos en torno al aborto. La modificación recae en devolverle el derecho a la interrupción del embarazo a las adolescentes de 16 y 17 años, sin necesidad de contar con permiso materno o paterno. Un hecho que fue eliminado por el Partido Popular (PP) en el 2015, cuyos integrantes determinaron que las adolescentes tenían que contar con el permiso de sus progenitores. En contraposición, Montero sostuvo: “Recuperamos el derecho que hurtaron a las mujeres jóvenes de decidir sobre su propio cuerpo”.
Por otro lado, la legisladora de Vox, Lourdes Méndez, afirmó que es “sadismo” que “se sancione con cárcel a quien mate una rata mientras se puede matar libremente a un niño en el seno de su madre”. En el mismo sentido, la diputada Marta Gonzales del PP dijo que era una ley innecesaria, inoportuna e inesperada.
A su vez, el documento abarca una mayor educación sexual en las escuelas y en la distribución gratuita de anticonceptivos como también productos de higiene menstrual.
Asimismo, la ley avala la posibilidad de que las trabajadoras que sufren una menstruación discapacitante puedan tomarse una licencia por menstruación. Sin embargo, hasta el momento no se anunció la cantidad de días que las trabajadoras podrán faltar. El establecimiento de la norma busca contemplar los casos en que la menstruación está relacionada a una patología como la endometriosis.
Baja por menstruación en el mundo
España se convirtió en el primer país Europeo en sancionar la baja por menstruación dolorosa. En Asia la medida está integrada en las leyes de Indonesia, Zambia y Japón.
En el caso de Indonesia, la norma rige desde 1948. En ella se estableció que las mujeres trabajadoras podían cesar de sus actividades los dos primeros días de la menstruación.
En Japón, el derecho está establecido desde 1947. Las empleadas pueden faltar al trabajo si tienen casos de menstruación que les impide desempeñar su función. A diferencia de Indonesia las empresas japonesas no tienen la obligación de pagarles los días que se ausenten.