La organización Amnistía Internacional realizó ayer una denuncia contra el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tras no responder al pedido de información pública. De este modo, instó al Ministerio de Educación porteño a “responder” y “rendir cuentas” sobre la prohibición del lenguaje inclusivo en las escuelas.
En junio pasado, el movimiento global presentó una petición para conocer cuáles son los motivos científicos para la decisión tomada. Ahora bien, ante la falta de respuesta y la demora en el plazo para hacerlo, elevaron una denuncia. El objetivo es obligar a la cartera “para que fundamente cómo el lenguaje no sexista entorpece el aprendizaje del alumnado”.
Por este motivo, Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, certificó a través de un comunicado que “como sociedad nos interesa conocer los fundamentos para la toma de esta decisión que pone en jaque los Derechos Humanos”. Por lo cual, buscan presionar para el cumplimiento de la información pública solicitada.
Los argumentos de la denuncia
La razón de la demanda realizada es la justificación científica ante la prohibición y respetar el plazo previsto por la Ley 104 de CABA. En consecuencia, la organización de Derechos Humanos efectuó un reclamo ante el Órgano Garante del Acceso a la Información.
Desde Amnistía Internacional exigen una respuesta inmediata. “El silencio de la administración pública es interpretado como una denegatoria injustificada a brindar información”, aseveraron sus principales autoridades.
Asimismo, la organización mostró preocupación por las sanciones disciplinarias a les docentes que lo utilicen.
De este modo, elevaron un pedido público ante la justificación de Soledad Acuña, ministra de Educación. De acuerdo con la funcionaria, la exclusión del lenguaje inclusivo se debió al “bajo rendimiento de los estudiantes en pruebas educativas”.
“Las políticas inclusivas son vitales para que niños, niñas y adolescentes puedan vivir y disfrutar de sus identidades libremente», ratificó Belski. A su vez, señaló que “la limitación del lenguaje inclusivo entra en colisión con la ley de identidad de género que establece la imposición de restringir el ejercicio del derecho a la identidad de género”.
El inicio del conflicto
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires prohibió el uso del lenguaje inclusivo hace dos meses. A través de la Circular 4/2022, el Ministerio de Educación porteño emitió la supresión del lenguaje a partir del 10 de junio. De este modo, según Horacio Rodríguez Larreta, “en la escuela hay que respetar el idioma español porque los índices muestran que es urgente”.
Por esta razón, la gestión argumentó que las pruebas de Lengua exhibieron un “retroceso” en los seis grados del primario y los tres primeros del secundario. En forma inmediata, el gobierno recibió fuertes críticas desde diversos sectores que se oponían a la decisión.
“Despliegan nuevas formas de violencia hacia las infancias y juventudes”, afirmó la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) en su comunicado. Por esta razón, inició el pedido de Amnistía Internacional para conocer el motivo de esta decisión.
Esto deparó en la denuncia elevada por la organización ante la falta de información pública que justifique la prohibición del uso del lenguaje inclusivo. Ahora, Rodríguez Larreta deberá presentar las pruebas pertinentes tras incumplir con el plazo estipulado para hacerlo.