La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) presentó ante el Juzgado Federal de Campana, en la provincia de Buenos Aires, una denuncia penal por delitos de lesa humanidad cometidos a fines de 1974. Dentro de la causa, sus presidentes y abogados Eduardo Tavani y Guillermo Torremare, hacen hincapié en los responsables de los crímenes. Estos fueron personal de la Policía Bonaerense y de la Gendarmería Nacional en el marco del Estado de sitio.
El expediente judicial fue sustentado mediante un comunicado de la APDH. Este señala que “se trata de los casos de secuestro, torturas y privación de libertad de Jorge Orlandi, Juan Domingo Contin y Jorge Rouquette”. Al respecto, asegura que fue personal policial bonaerense y de la Gendarmería Nacional el que perpetró los crímenes a fines de 1974; y que esto ocurrió “luego de decretado el Estado de sitio, en la ciudad de Zárate, provincia de Buenos Aires”.
Asimismo, la denuncia remarca que “los hechos deben tipificarse como delitos de lesa humanidad; dado que, si bien todavía regía un gobierno constitucional, formaron parte de un plan de represión contra militantes políticos”. Incluso señala que este se desarrolló “ilegalmente desde el Estado y por agentes del mismo”.
En esa misma línea, desde la APDH justificaron que “los doctores Tavani y Torremare aludieron a diferentes precedentes judiciales que avalan tal interpretación legal”. A lo que también añadieron: “Además de relatar pormenorizadamente los hechos, la denuncia identifica y propone testigos que tienen conocimiento de lo sucedido y aportarán valiosa información sobre ello”.
De esta manera, la denuncia quedó archivada ante la Secretaría Penal N° 3 del Juzgado Federal a cargo del doctor Adrián González Chavaray. En tanto, desde la APDH solicitaron que intervenga la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad del Ministerio Público Fiscal, a cargo de la doctora Ángeles Ramos.
Profundización de los hechos de la denuncia
Con la intención de conocer más sobre la situación de la denuncia, Nota al Pie se contactó con Guillermo Torremare, copresidente de la APDH, abogado y magíster en Derechos Humanos, quien brindó su postura al respecto. Para iniciar, señaló que el motivo de la denuncia es “el compromiso histórico que la APDH tiene con las políticas de Memoria, Verdad y Justicia”.
Respecto a la investigación realizada sobre los casos mencionados en el comunicado, detalló: “Formaron parte de un organizado plan de represión contra militantes políticos; consistente en secuestros, torturas y privación de la libertad”. Además, remarcó los realizaron “agentes del Estado (policía provincial y Gendarmería Nacional); en el marco de una situación institucional de excepción dado que en esos momentos existía estado de sitio”.
“Ello sumado a que fueron muchísimos los casos, nos permite tipificarlos como crímenes (o delitos) de lesa humanidad”, añadió Torremare. Incluso sostuvo que “se le agrega a ello que existe pacífica jurisprudencia acerca de estos casos de represión estatal ilegal previos al golpe de Estado; los califican como delitos de lesa humanidad”.
El trabajo que la APDH hace a la par
En base a los tres nombres que figuran en la causa, Torremare recalcó que “son casos muy claros”; y que hay “prueba suficiente como para que se ordene la apertura de la investigación. Es posible que se sumen otros a medida que la investigación avance”. Con respecto a si están trabajando en otros casos explicó que su idea es “apuntar la memoria histórica”. En este sentido, siempre están atentes “a la aparición de situaciones que pueden justificar la denuncia”.
“Nos nutrimos de los testimonios de víctimas y sus allegados. Nuestras más de 35 regionales en todo el país tienen muy presente esto”, aclaró en la misma línea.
Asimismo, se refirió al lugar en donde quedó archivada la causa; y aclaró: “La denuncia la radicamos nosotros ante el Juzgado Federal de Campana; porque es el que corresponde (el que es competente) según el lugar donde ocurrieron los hechos y la materia denunciada”.
“El juez es el director del proceso judicial y debe darle intervención al Fiscal de la jurisdicción. No obstante, nosotros pedimos especialmente que el hecho se comunique al sector del Ministerio Público Fiscal que lleva adelante los juicios de lesa humanidad”, explicó.
Como cierre, remarcó: “Del entrecruzamiento que esta dependencia pueda hacer de otros casos que haya llevado o esté llevando actualmente pueden surgir nuevos elementos que aporten a nuestra denuncia”.