La Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados realizó un nuevo debate con consultas y planteos acerca de la reforma en la Ley de Alquileres. Debatieron cerca de 30 oradores, entre quienes se encontraban inquilines, martilleres, propietaries y corredores.
Las diferencias mayores radican en que les inquilines piden mantener la norma actual y, por el contrario, las entidades que representan a les propietaries quieren cambiar la extensión de los contratos.
En su intervención en dicho debate, Gervasio Muñoz, el presidente de la Federación de Inquilinos Nacional, dijo al respecto: “Todas las organizaciones inquilinas estamos defendiendo la Ley. No queremos que se modifique el plazo de tres años y no queremos que se modifique la actualización anual”. Además, agregó que “todo el mercado inmobiliario está pidiendo que se modifiquen esos dos artículos”.
Por otra parte, lo que el presidente se preguntó es si a la hora de tomar una decisión, les diputades van a legislar “para una corporación que detesta al Estado y a las leyes, que no va a cumplir ninguna ley”; o si van a legislar para “nueve millones de inquilinos e inquilinas que están atravesando situaciones gravísimas”.
Por último, expresó: “El Estado no se dio cuenta que la única forma de acceder a la vivienda en Argentina, y diría en el mundo, es alquilando”.
A su vez, Karina González de Propietarios Unidos, mencionó: “Los propietarios nos vamos a mantener firmes en los reclamos que venimos haciendo desde la creación de esta Ley. Nadie nos escuchó”.
Además, la referente explicó que entre las condiciones que les propietaries exigen se encuentran: contrato de dps años; libre acuerdo de partes; incentivos fiscales, desalojo exprés y seguridad jurídica.
Estado, legislación y vivienda digna
Según informó Télam, el Frente de Todos y Juntos por el Cambio acordaron en los primeros días de abril “analizar durante 30 días hábiles las reformas que se deben efectuar a la ley sancionada en 2020”. Entonces, el fin sería aprobar una nueva reforma en la primera quincena de mayo.
Como se mencionó anteriormente en este portal, Federico Priori de Inquilinos Agrupados de Neuquén, en su intervención aseguró: “El que debe equilibrar esa relación asimétrica entre inquilinos y propietarios es el Estado».
Y a su vez, dijo que “se van a disputar dos modelos: uno tiene que ver con la intervención del Estado, y otro que directamente las leyes del mercado nos gobiernen”. Por su parte, se manifestó a favor de “defender el ajuste anual y los contratos de tres años”.
Laura Ceroli, docente de Planificación Urbana, recalcó la importancia de “mantener contratos de tres años; reemplazar el índice de actualización por uno más representativo que abarque a toda la población inquilina, así como la penalización para propietarios de viviendas ociosas”.
Sin vivienda digna
De esta manera, quienes defienden la postura de les inquilines están de acuerdo en que alquilar posiciona a la persona en una situación de vulnerabilidad: siempre termina perdiendo y ganan las grandes empresas inmobiliarias.
Alicia Espinoza del Frente Barrio 31 comentó: “La vivienda debería ser un derecho para las mayorías populares, y no el negocio de unos pocos”. Además, agregó: “Por eso seguiremos en la calle luchando hasta que se escuche nuestro reclamo. Porque no tener una vivienda digna también es violencia”.
La Ley de Alquileres fue aprobada por la Cámara de Diputados en noviembre de 2019 y convertida en ley por el Senado de la Nación Argentina el 11 de junio de 2020. Tras atravesar la pandemia, se dificultó la opción de alquilar una propiedad, y uno de los grandes motivos de esto es la extensión de los plazos a un mínimo de tres años.
También tuvo que ver el índice de actualización de los contratos, que están basados en un promedio entre el Índice de Precios al Consumidor y el salario promedio.Según el Monitor Inmobiliario, hoy hay 162.698 inmuebles en venta, que les propietaries decidieron sacar del mercado locativo.