La reforma tributaria aprobada en 2017, durante el anterior gobierno de Mauricio Macri, tiene impacto en la actualidad de la cultura nacional. Esta medida, tomada por la Ley 27.432 establece el 31 de diciembre de 2022 como fecha límite para las asignaciones específicas que tienen algunos impuestos.
Ello significa que a partir de esa fecha se eliminarán las asignaciones impositivas con las que los institutos del Estado financian distintos sectores culturales. Así, las producciones nacionales de cine, teatro, música, radios y televisiones comunitarias, así como las bibliotecas populares, quedarían sin fondos.
En este marco, la Asociación de Trabajadores del Estado – Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (ATE-INCAA) publicó un comunicado al cual adhirieron otras organizaciones culturales como la Red Argentina de Documentalistas (RAD).
En su manifiesto, califican a la Ley 27.432 como una medida regresiva que se alinea a las políticas neoliberales del Fondo Monetario Internacional (FMI), ya que la ley plantea seguir recaudando tributos, pero el uso del dinero dependerá de los intereses de cada gestión. Al respecto, destacan que en el actual gobierno, una de las principales obligaciones contraídas es el pago de la deuda externa.
Des-financiación de la cultura nacional
Pasado el 31 de diciembre de este año, los impuestos se seguirán recaudando pero se acumularán en el tesoro nacional en lugar de en los Fondos de Fomento a la Cultura. Así, se verán afectados los premios de juegos de sorteo y concursos deportivos; las entradas de espectáculos cinematográficos y los videogramas grabados previstos; además de los servicios de comunicación audiovisual.
Los Fondos de Fomento a la Cultura contribuyen con el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA); el Instituto Nacional del Teatro; Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado; ENACOM; la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual; los Proyectos especiales de comunicación audiovisual FOMECA y apoyo a medios comunitarios, de frontera, y de los Pueblos Originarios; y el Instituto Nacional de Música.
La restricción de los recursos mencionados tendría un impacto en la soberanía cultural ya que afectaría la producción y exhibición de películas; la existencia de escuelas de cine en distintas regiones del país; el funcionamiento del INCAA; la compra y mantenimiento de libros destinados a bibliotecas populares, entre otras.
La lucha contra el ajuste
En la actualidad existe un proyecto de ley que propone extender al 31 de diciembre de 2072 la vigencia de las asignaciones específicas de gravámenes. Éste fue impulsado por el diputado José Pablo Carro y firmado por sus pares Walter Correa, Mónica Macha, Germán Martínez y María Carolina Moisés.
En dialogó con Nota al Pie, el presidente de la Asociación de Documentalistas Argentinos (DOCA), Juan Mascaró, informó que ya había otro proyecto similar, pero perdió su estado parlamentario.
Asimismo, aseveró que luego de las últimas semanas, a raíz del conflicto en la movilización frente al INCAA y la salida de Luis Puenzo, se reactivó esta situación.
“Había sido tratado en la comisión de presupuesto el año pasado, pero no pudo bajar al recinto. Como se produjo el recambio de los integrantes en la cámara y se conformaron de nuevo las comisiones, volvimos un poco a cero ya que tiene que volver a una comisión que lo apruebe en primera instancia para luego ser votado en el recinto de diputados”, explicó Mascaró.
En caso de que no se pueda revertir la caducidad, el entrevistado manifestó que estarían a merced de lo que el Poder Ejecutivo de turno destine a la cultura nacional. “Eso es muy poco promisorio porque en general no es un criterio” el privilegiar los sectores culturales”, aseveró y prosiguió: “Así que sería muy poco o ningún dinero respecto a lo que hoy tiene los Fondos de Fomentos”.
Sin embargo, se mostró positivo al informar que en los últimos días han tenido reuniones con interbloques de distintos lugares y regiones donde funcionaries plantearon el apoyo al proyecto de ley.
“Estamos con toda la expectativa y la fuerza militante puesta en que este proyecto se apruebe y se revierta el tema de la caducidad de los fondos”, afirmó el presidente de DOCA; y prosiguió: “Tenemos confianza en que se pueda dar porque hemos puesto mucho de nuestra de nuestra militancia, de nuestras voces, nuestro arte y nuestros cuerpos para que esto ocurra tratando de difundir”.
No es sólo una cuestión económica
En lo particular del Instituto de Cine, el entrevistado afirmó que se intenta ampliar el fondo de fomento para incluir el aporte de los impuestos vinculados a las Over The Top (OTT), que hegemonizan la producción cinematográfica. Entre las más conocidas se encuentran Netflix, Amazon y Disney.
“En varios lugares del mundo se está intentando que aporten algún tipo de impuesto”, afirmó Mascaro. Al respecto, comentó que “el gravamen podría ser a la actividad y a la facturación de las plataformas; o provenir del IVA que viene del pago de los abonos”.
Otras mejoras que impulsan se relacionan con que el fondo sea más equitativo en términos de las escalas de producción de las películas; que las producciones más pequeñas tengan mejor acceso al fomento; que se haga más cine fuera de la Ciudad de Buenos Aires, que concentra el 90% de la producción; y que haya mayor equidad de género a fin de que mujeres y disidencias filmen en una proporción mayor a la que lo hacen hoy.
Asimismo, se encuentra la problemática en la exhibición del cine. En este sentido, pese a la existencia de la Ley 17.741, no se cumple la cuota de pantalla para que una tercera parte de ellas estén dedicadas a difundir películas argentinas. “Eso no se respeta y hace que las películas argentinas queden reducidas a los espacios de cine estatales”, criticó el presidente de DOCA.
“Hay que revertir los años macristas y del mandato de Puenzo, asegurando la redistribución, inclusión de gente que está fuera del fomento hoy, ampliación y puesta en valor del circuito de cines estatales, puesta en marcha de la cinemateca, ya que a pesar de la ley no hay dónde conservar las películas argentinas”, concluyó Mascaró.