En Guatemala se aprobó la Ley 5272, que penaliza el aborto y endurece las penas de cárcel a quienes lo practiquen o a aquelles que se lo realicen a personas gestantes. Además, la ley prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo y la educación sexual en las escuelas. El proyecto se presentó en 2017 y se aprobó con amplia mayoría el ocho de marzo de 2022; fecha en que se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Organizaciones feministas manifestaron su oposición a estas leyes que consideran como un retroceso en Derechos Humanos.
La nueva normativa castiga con prisión de hasta 50 años a la persona responsable de un «aborto o de maniobras abortivas efectuadas sin consentimiento de la mujer» y que causen la muerte de esta. Un delito que es considerado como un «aborto calificado», según informó la agencia de noticias AFP.
Guatemala capital provida
En el país se lleva a cabo el Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia. En el marco de este evento, se declaró a la ciudad como “capital provida” y se instauró el 9 de marzo como el “Día de la vida y la familia”. La ley “sanciona con hasta 10 años de cárcel a la mujer que causare su aborto o consintiere que otra persona se lo cause, mientras en la ley actual la pena máxima es de tres años”, según informó Télam.
En una nota publicada en el sitio Ruda.org, la periodista Andrea Rodriguez realizó una entrevista a la coordinadora de incidencia política de Incide Joven, Ximena Aguilar. En ella, explicó que “esa es la primera fase en la cual consideramos que vulnera los derechos de las mujeres y de sectores subrepresentados en el país”.
Además, Aguilar considera de gravedad la parte discursiva: “el discurso es poder; y se vuelve material con iniciativas como la 5272 que tiene penas más grandes para el aborto”, que penaliza incluso mencionarlo. Según la coordinadora, esta ley “es una violación al derecho a la libertad de expresión y de asociación”. Sobre la base de ese discurso, relata Aguilar, “se plantean pasos más tangibles que pasan a ser agresiones a los Derechos Humanos, y a más muertes de niñas y mujeres”.
Prohibición del matrimonio igualitario
La ley reforma el Código Civil y prohíbe expresamente el matrimonio homosexual Guatemala. «Se le están violentando derechos humanos a importantes sectores de la población. Esta ley es absolutamente discriminatoria, y es una ley que incita al odio», dijo a Télam el diputado del partido Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca URNG, Walter Félix.
Estos tipos de discursos, analizó Aguilar, “son muy peligrosos porque preparan la antesala para acciones en contra de los derechos de las mujeres y de las personas disidentes”. Según la referente, este discurso “históricamente se ha utilizado para atacar los derechos de las mujeres; valida acciones que transgreden derechos humanos”.
Por eso lo consideran regresivo, “porque la combinación de todo esto es que las mujeres y las niñas sigan muriendo por embarazos forzados o resultado de violaciones”, explicó Aguilar. Además, agregó que “a las personas trans las sigun discriminando y patologizando; los resultados tangibles de este discurso antiderechos son muertes y empobrecimiento. No son vida”, sostuvo.
Discursos contra la Educación Sexual o la “ideología de género”
La nueva normativa «prohíbe a las entidades educativas públicas y privadas promover en la niñez y adolescencias políticas o programas que tiendan a desviar su identidad según su sexo al nacer», explicó Télam. De esta forma, catalogan a la educación sexual como “ideología de género”.
En el sitio Amnistía Internacional muestran las estadísticas de Guatemala. Al menos 32 personas LGBTIQ+ fueron asesinadas en el país el año pasado como consecuencia de su orientación sexual o identidad de género, según el Observatorio Nacional de Derechos LGBTIQ+. Y en lo que va del 2022 se han registrado otros nueve asesinatos.
El país también sufre niveles alarmantes de embarazos entre niñas y adolescentes. Solo el año pasado, 2.041 niñas de 14 años o menos dieron a luz. Y registraron más de 65.000 embarazos en niñas y adolescentes de entre 10 y 19 años.
“Guatemala ya sufre unos niveles escandalosos de violencia contra las mujeres, las niñas y las personas LGBTIQ+”. Así lo declaró la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas. Asimismo, advirtió la gravedad de lo que sucede en el país con esta ley: “Criminalizan los abortos espontáneos; prohíben que las escuelas enseñen a los estudiantes sobre las relaciones no heterosexuales y sancionan la discriminación por motivos de orientación sexual”. Y resaltó que, así, “el Congreso de Guatemala está legalizando la violencia y la discriminación institucionalizadas contra las mujeres, las niñas y la comunidad LGBTIQ+”.