El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tramita un convenio urbanístico que permitirá la construcción de una torre en un Área de Protección Histórica de Palermo Chico. Esta tendría el triple de la altura aprobada en un primer proyecto, que fue rechazado.
En este marco, Nota al Pie dialogó con el abogado ambientalista y presidente del Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC), Jonatan Baldiviezo. El especialista se mostró en desacuerdo con la construcción de altas torres en la ciudad en barrios o en manzanas donde no estaban habilitadas.
De esta manera, el presidente del Observatorio puntualizó que “la aprobación de convenios urbanísticos no genera ningún beneficio a los porteños y porteñas”. Y aclaró: “mucho menos esta torre de 76 metros que quieren autorizar en APH 3 (Área de Protección Histórica) de la Ciudad de Buenos Aires, donde es un área protegida”.
“El Gobierno de la Ciudad quiere legalizar lo ilegal”
“Justamente las normas que se quieren modificar son normas que fueron definidas para proteger dicha área de protección histórica de la ciudad”, señaló Baldiviezo. En este sentido, explicó que al ser medidas de protección urbanística, “modificarlas va a generar un impacto ambiental cultural y el deterioro del patrimonio de esa zona”.
Vale destacar que “esta torre que impulsa la empresa Norbaires junto con el Gobierno, tiene la particular situación de que ya tienen permiso de obra”; aunque “la Justicia dictó una medida cautelar, suspendiendo la construcción de un edificio en esas parcelas”.
Por si fuera poco, “el Gobierno para legalizarla, decidió avanzar con el trámite de una torre de 76 metros de altura”. Según explicó el abogado, esto es “doblemente grave para la ciudadanía, ya que en primer lugar es legalizar lo ilegal y en segundo lugar, la cuestión de destruir las normas de protección”.
“Producir riqueza para unos cuantos propietarios y propietarias”
Por otra parte, Baldiviezo explicó que “los convenios urbanísticos, además de romper la planificación de estos barrios, no consideran la correspondencia de equipamiento de servicios públicos”. Posteriormente, apuntó que “hay infraestructuras que deben acompañar a la autorización de una mayor capacidad constructiva en estas parcelas”.
Por este motivo, opinó que “el Gobierno tiene una mirada de producir riqueza para unos cuantos propietarios y propietarias”; cuando deberían “exigirles a esos privados que por lo menos se hagan cargo de la infraestructura necesaria, para sostener a las futuras familias”.
En consecuencia, “el Gobierno está teniendo una planificación donde, por una parte, consiste en autorizar torres sorpresa en la ciudad”; y, “por otra parte, en aprobar el código de planeamiento, hasta quintuplicar la capacidad constructiva en grandes zonas de la ciudad”.
En esa misma línea, el presidente del Observatorio resaltó que “el incremento de esa densidad constructiva democrática obviamente incide sobre los indicadores de espacios verdes”. Por lo que “a mayor población, (si se mantienen los mismos espacios verdes), van a bajar la cantidad de metros cuadrados de espacios verdes por habitante”.
Por añadidura, Baldivezo subrayó que “eso al Gobierno no le importa, ya que no está tomando ninguna medida sería en esa línea”. Sino que “al contrario sigue vendiendo todas las tierras públicas que podrían ser destinadas a espacios verdes en la ciudad”, sentenció.