El Senado de la Nación aprobó este jueves 28 de octubre y giró a la Cámara de Diputades el proyecto de ley que prorroga por cuatro años la emergencia territorial indígena y evita sus desalojos. La prórroga fue votada por 43 votos afirmativos, dos negativos y siete abstenciones de senadores de la oposición.
El texto aprobado prorroga los plazos de los artículos 1, 2 y 3 de la ley 26.160 hasta el 23 de noviembre de 2025, según informó Télam.
Integrantes de diferentes pueblos indígenas realizaron un acampe frente al Congreso para reclamar por la prórroga de esta ley y exigir que se respeten los derechos de las comunidades. En este marco Nota al pie dialogó con el Cacique del pueblo Ocloya, Néstor Jerez, sobre la implementación de estas leyes.
Jerez explicó que se encuentran acampando teniendo en cuenta que este jueves lo que se trató en el Senado fue la prórroga de la ley 26160. La misma es una ley de emergencia que vence el 23 de noviembre de este año. “Como es de emergencia, cada cuatro años, tiene fecha de vencimiento así que por eso es nuestra preocupación”, resaltó.
Al respecto detalló que esta ley tiene 2 objetivos principales: por un lado, ordena delimitar y relevar los territorios comunitarios de las comunidades indígenas preexistentes. Por otro, ordena suspender todo acto administrativo y judicial; que tenga por objeto el desalojo en una comunidad indígena preexistente; en la República Argentina.
Ataque mediático a las comunidades
Sobre la situación que enfrentan desde las comunidades por el ataque constante desde los medios de comunicación; el cacique del pueblo Ocloya opinó que también el poder económico “usa una estrategia; tiene un plan sistemático para que no se avance con la prórroga. En este caso estigmatizando a los pueblos indígenas a través del pueblo mapuche. Intentando generar una imagen negativa de los pueblos caratulándolos de terroristas, violentos, y diferentes calificativos que usan”.
“Si no se aprueba esta ley las 2 mil comunidades indígenas de la Argentina están con latentes desalojos, atropello y vulneración de derechos. Así que si esta ley se cae, están en la puerta de los juzgados las órdenes de desalojo a la espera”, añadió.
Su territorio ancestral se encuentra en la parte de los departamentos de Manuel Belgrano, parte de Palpalá, parte de Ledesma, parte de Tilcara y Tumbaya.
Avance de los negociados en la región
Consultado sobre la situación que actualmente se vive ante el avance de las empresas mineras y negocios privados en la región; Jerez detalló que vienen de reunirse en asamblea provincial de pueblos indígenas y ven con mucha preocupación la vulneración de derechos permanente en la provincia y la violación a los tratados internacionales el convenio 169 de la OIT.
“La misma ley 26160 y el artículo 75 inc 17 de la Constitución Nacional; es ahí donde vemos cómo hay también toda una planificación por parte de las diferentes empresas, privados, mineras, multinacionales y con complicidad del gobierno de turno en donde se generan leyes sin consultas e inconstitucionales en la provincia”, sostuvo.
En ese mismo sentido, según cuenta, las leyes sin consulta previa a los pueblos originarios son algo cotidiano. Cómo es la 5915 que es de servidumbre de electroducto. También la 6097 de relevamiento territorial de bosques nativos. Afirmando que estas leyes van en contra de lo que dice todo el marco jurídico. Incluso se violan los ordenamientos a lo que marcan la ley Nacional 26631 (anexo 10) que estos ordenamientos deben darse en el marco del convenio 169 de la OIT y la ley 26160.
“Una vez que la Legislatura de la provincia aprueba proyectos para privados terratenientes que despojan a las comunidades, introducen plantas exóticas como pino y eucalipto y estas absorben mucha agua. También debilitan la tierra provocando el desequilibrio en los territorios”, amplió.
La cuestión de fondo
Jerez mencionó que la cuestión de fondo es que se debe avanzar sobre la deuda histórica que tiene el Estado hacia los pueblos y es la instrumentación de la propiedad comunitaria indígena a través de leyes que corresponden al Congreso de la Nación. “Considerando que están dadas las condiciones jurídicas; solamente falta la voluntad política”, afirmó.
En 1994 en la Constitución Nacional se reconoció la preexistencia de los pueblos indígenas, como así también la posesión y la propiedad comunitaria indígena. Hoy en día solamente falta su instrumentación. La cuestión trata sobre “¿De qué manera debe ser una propiedad comunitaria indígena?” Para la cual desde 2010 vienen trabajando en múltiples proyectos.
En referencia al cambio climático y cómo les afecta, Jeréz resaltó que “es importante vivir en armonía y equilibrio con la madre tierra desde una mirada diferente basada en el buen vivir con la plena conciencia de que se están provocando daños irreversibles a la madre tierra”.
Hizo hincapié en que él mismo pone en riesgo la vida de toda la humanidad. “Cuando se habla del cambio climático y el calentamiento global, no son fenómenos naturales, son consecuencias de las políticas que se están llevando adelante”, concluyó.