La Asamblea Provincial de Pueblos Indígenas “en resguardo del territorio y en defensa de la Vida”, se reunió este domingo 24 de octubre en San Salvador de Jujuy; con el fin de exigir a las autoridades nacionales y provinciales, la prórroga de la ley 26 160. Esta ley declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas preexistentes del país. Así como la inmediata instrumentación de ley de propiedad comunitaria indígena.
En un comunicado denunciaron “la grave situación de vulneración de derechos que se profundiza en el territorio (judicialización, desalojos, remates de territorios, amenazas, intentos de homicidios, alambrados que avanzan con el usurpador, tala indiscriminada, negocio inmobiliario, explotación minera a cielo abierto), entre otros”.
Caminatas en defensa del agua y de la vida
Entre el 2 y el 12 de octubre se realizó en la provincia la caminata por el agua y por la vida que comenzó en La Quiaca y culminó en San Salvador de Jujuy. Con esta acción, se reclamaron diferentes medidas tendientes a la protección de los derechos de las comunidades y del medio ambiente. Las negociaciones que actualmente se están llevando a cabo en la región impactan negativamente en el ambiente. Por ejemplo, en el caso de la extracción de litio o la megaminería a cielo abierto, entre otros.
Asimismo uno de les integrantes de la asamblea comunitaria que emprendió esta iniciativa, Gabriel Ontiveiros, había declarado previamente a Nota al Pie sobre la necesidad de que “se implementen cambios en las políticas públicas para que se respete el medio ambiente y especialmente el agua”. Indicó que se trata de un recurso “sumamente importante que necesitan las comunidades para la producción agrícola y ganadera”. En ese sentido, advirtió que “estamos transitando el cambio climático y eso impactará en nuestra zona que se va a hacer cada vez más seca”.
“El poder económico, pone en riesgo la seguridad jurídica de las Comunidades Indígenas preexistentes y la calidad de vida de todos los seres humanos, con el sistema capitalista aceleran el calentamiento global y el cambio climático provocando daños irreversibles a la Madre tierra, a través de inundaciones, sequía, altas y bajas temperaturas, entre otros”, sostienen desde las comunidades.
Una asamblea previa
Durante la segunda Asamblea de los pueblos (realizada en septiembre de 2021) las comunidades habían manifestado que “el gobierno de turno, la oligarquía terrateniente, multinacionales y mineras usurpan el territorio y provocan daños irreversibles a la Madre Tierra, poniendo en riesgo así la vida de toda la Humanidad”.
Asimismo explicaron que ejemplo de esto son los conflictos ocasionados por: La minera El Aguilar, minera Chinchillas – Pirquitas, mineras de Litio en Dto. Susques, Olaroz Chico, Cauchari; minera Loma Blanca (Coranzulí), Minera Piuquenes en Las Capillas, Comunidad Ayllus Hichaira.
Además habían denunciado los “múltiples desalojos y Negocios Inmobiliarios (inmobiliaria REMAX en la localidad de Huacalera); la intromisión ilegal (sin consulta, libre, previa e informada, ni consentimiento) en la comunidad de Rodero donde ingresaron máquinas de vialidad provincial destruyendo un sitio sagrado de la comunidad”.
Al respecto señalaron que “el gobierno provincial también es cómplice y un gran violador de nuestros derechos y territorio, usando ese poder para dominar y excluir a los verdaderos dueños y poseedores ancestrales del territorio”.
Diversidad lingüística
Otro de los reclamos que tienen les integrantes de los pueblos de la zona, al Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC); es que incluya las preguntas sobre diversidad lingüística en el bloque específico referido a Pueblos Indígenas. Además de incorporar la nominación de los pueblos originarios en la pregunta de auto-percepción y/o identificación al pueblo Indígena al que pertenece.
También piden que se incorpore en el Censo 2022 el Cupo de Censistas y Supervisores Indígenas y garantizar la capacitación con perspectiva étnica de todes les censistas. Además, transferir una copia de los resultados, sin procesamiento de datos, a las comunidades indígenas ya que tienen derecho al acceso a la información.
Desde la Asamblea convocaron a “la Unidad de las dos mil Comunidades Preexistentes de los cuarenta Pueblos Naciones Indígenas, reafirmando que los derechos y el territorio no se negocian”. Y sostuvieron: “los Pueblos Originarios convivimos en armonía y equilibrio con la madre tierra, somos poseedores ancestrales y guardianes del territorio y los bienes naturales, con la plena conciencia de que el resguardo de estos elementos son la garantía de vida de toda la Humanidad”.