El 26 de junio de 1987 entró en vigencia la Convención de la ONU contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, como uno de los instrumentos internacionales en la lucha contra la tortura.
Por ese motivo, 10 años después, la Organización de Naciones Unidas (ONU) proclamó esa fecha como «Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de la Tortura», considerándola un crimen de lesa humanidad.
Sin embargo, tal como lo expresa la Comisión Provincial por la Memoria, la aplicación efectiva de los principios expuestos en la Convención que dio origen a la institución de la fecha sigue siendo una deuda de los gobiernos democráticos.
A 34 años, la tortura es una práctica sistemática en los lugares de detención y en el despliegue de las fuerzas de seguridad, que afecta a los sectores más vulnerables de la sociedad.
Frente a este contexto resulta ineludible exhortar a los Estados a que asuman la responsabilidad y el compromiso de diseñar e implementar políticas para su prevención, asistencia y sanción de la tortura, porque la tortura es incompatible con la democracia y constituye un crimen de lesa humanidad.
