Tras la apertura gradual de la importación de residuos no contaminantes impuesta por el Gobierno, el precio del cartón cayó en un 70%. En la práctica, esta medida permite que ingresen rollos y bobinas de cartón recuperado a valores mucho más bajos que los ofrecidos por las cooperativas locales, desmoronando una economía popular que se sostiene a fuerza de esfuerzo y organización.
Hasta hace pocos meses, el kilo de cartón se pagaba alrededor de 300 pesos; hoy apenas alcanza los 100. Según fuentes del sector, el problema se profundizó en enero de este año, cuando el Ejecutivo autorizó la importación de materiales reciclables, entre ellos el cartón. Esto facilitó que las industrias compren insumos en el exterior y dejen de conseguirlos en el mercado local. El resultado es el derrumbe del precio interno y una caída en la demanda que golpea directamente a los trabajadores que viven de esta actividad.
De acuerdo a Noticias Argentinas, en el país se generan alrededor de 45.000 toneladas diarias de residuos sólidos urbanos (RSU), lo que se traduce en más de 11 millones de toneladas anuales y un consumo per cápita de alrededor de 1,15 kg por día. En este contexto, explica dicho medio, conviven quienes separan los residuos como una actividad individual y precaria y los que hacen trabajo formal e inclusivo con la recolección.
Cierre de cooperativas, trabajos en riesgo y eliminación de políticas esenciales
En este contexto, completar una canasta básica alimentaria (CBA) se volvió una meta cada vez más inalcanzable para los 200 mil cartoneros que contabiliza la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (FACCyR). Hoy, para lograrlo, tienen que recolectar siete veces más cartón que hace dos años.
Asimismo, se ven afectados por el cierre de un tercio de las cooperativas (que en promedio empleaban entre 50 y 100 trabajadores). También se redujeron los espacios para almacenar lo recolectado.
A esto, además, se le suma el hecho que también deben gastar más porque el Gobierno porteño suspendió el sistema de transporte que desde hace 18 años les permitía viajar desde el conurbano bonaerense hacia la Ciudad de Buenos Aires para realizar sus tareas. Con esta decisión, unos 3.000 recicladores urbanos se ven obligados a destinar el 20% de sus ingresos a viáticos, cuando el incentivo que la Ciudad les paga por la tarea que realizan no supera los $390.000.
Según el Gobierno porteño, ese viaje constituía un “privilegio” que “beneficiaba a un grupo reducido de cooperativas”. Desde Espacio Público justificaron el recorte en que el traslado diario costaba 6 mil millones de pesos anuales, que ahora se destinarían a obras de infraestructura en los centros de reciclaje, en las rutas de recolección y un aumento de la capacidad operativa.
Cabe recordar que la legislación vigente ampara la tarea de los cartoneros y cartoneras desde 2002, cuando la Legislatura porteña aprobó la Ley N.º 992, que reconoció la figura del recuperador urbano. Con el tiempo, nuevas normas y resoluciones ampliaron derechos y consolidaron un marco legal que permitió que más de seis mil trabajadores se integraran al sistema formal de reciclaje con inclusión social.
La FACCyR reclama que se cumpla ese marco legal y que se garantice la continuidad del modelo de reciclado con inclusión. En esa línea, impulsan un programa para crear 120 sistemas municipales de reciclado en las principales ciudades del país, que reconozca 20.000 puestos de trabajo, 8 nodos regionales de comercialización y 20 experiencias de agregado de valor en materiales reciclables.