Diputades del Frente de Todos presentaron un proyecto de ley para declarar “de interés público nacional” la exploración, explotación, concesión e industrialización del litio, un mineral estratégico del cual Argentina posee el 20% de las reservas mundiales.
Este proyecto aparece en un momento decisivo debido a que Estados Unidos y China se disputan el control de este recurso clave para la era de la transición de la combustión de gas y petróleo hacia energías limpias en diversas industrias como la automotriz y de tecnologías.
Por estas razones, los intereses geopolíticos están puestos en el “Triángulo del Litio”, la reserva de más del 65% del litio del mundo ubicada en Argentina, Chile y Bolivia. Hace unos días, el presidente del país trasandino, Gabriel Boric, presentó una política nacional de explotación del mineral.
Con el ejemplo del país vecino, quien encabeza esta iniciativa a nivel nacional es el legislador de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), Juan Carlos Alderete. Al respecto, el diputado declaró que “es el momento de romper con el modelo extractivista-exportador, modificar el Código Minero, cambiar la ley de Inversiones Mineras y avanzar con un modelo de desarrollo nacional y de defensa de nuestra soberanía”.
La defensa de la soberanía sobre los recursos
La Secretaría de Energía anunció un récord de la exportación de litio, que alcanzó los 91 millones de dólares en marzo y registró un crecimiento interanual del 93%. Estados Unidos es uno de los principales actores en este negocio, ya que importa el 51% del litio desde Argentina.
No obstante, un estudio del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG) advierte que las empresas privadas se apropiaron del 72% al 90% de las rentas totales producidas entre 2010 y 2020. En este marco, una mayor participación estatal contribuiría al desarrollo nacional en beneficio de toda la sociedad y no de algunas empresas poderosas.
En este sentido, el autor del proyecto de nacionalización explicó: “En la investigación previa que hicimos con el equipo de profesionales y técnicos descubrimos que cuatro de los mayores fondos de inversión del mundo son los dueños de las empresas que producen litio en la Argentina. Los beneficiarios son ellos”.
La propuesta de Alderete ya cuenta con el apoyo de les diputades oficialistas Verónica Caliva, Sergio Palazzo, Daniel Gollán, Julio Pereyra, Carolina Natalia Arricau, María Rosa Martínez, Leopoldo Moreau, Blanca Osuna, Natalia Souto y Claudia Beatriz Ormachea.
Los ejemplos de La Rioja, Chile y Bolivia
La legislatura de la provincia de La Rioja aprobó en diciembre la Ley 10.608, que declara al litio y sus derivados como “recursos naturales estratégicos por sus contribuciones a la transición energética y aportes al desarrollo socioeconómico de la provincia”.
Tras la promulgación de esta ley provincial, las empresas vieron suspendidas por 120 días sus permisos y concesiones de explotación. Ahora, cada proyecto minero está regido por las condiciones que más beneficien a La Rioja y al país.
Sin embargo, el proyecto no fue visto con buenos ojos desde el sector empresarial. “La promulgación de esta ley va en el sentido opuesto a las oportunidades que tiene Argentina en materia de transición energética, desarrollo federal, creación de empleo registrado y generación de divisas por exportaciones”, afirmaron desde la Unión Industrial Argentina (UIA).
En el caso de Chile, el presidente envió un proyecto al Congreso para la creación de una empresa nacional del litio. “Nosotros estamos proponiendo una hoja de ruta para desarrollar la industria del litio que tenga una participación importante del Estado, con una estrecha colaboración entre lo público y lo privado”, afirmó.
Cabe mencionar que en caso de estatizar el negocio, la Argentina cuenta con la empresa Y-TEC (YPF Tecnología S.A.), que actualmente trabaja en conjunto con la minera Livent y la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) en la primera planta de desarrollo de celdas y baterías de litio de Latinoamérica.
Por otra parte, Bolivia decidió nacionalizar el recurso hace más de 15 años. En marzo pasado, su presidente, Luis Arce, firmó un contrato de industrialización del litio y defendió la soberanía nacional frente a la amenaza de la derecha internacional y nacional.