Este martes, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) comunicó que se sancionará a las prestadoras concesionarias de luz por los cortes energéticos que llevan más de 72 horas. La entidad destacó que “hay un problema crónico de inversiones” y advirtió que se tomarán medidas contra las compañías que afectaron a miles de usuaries del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
Según informó el ENRE, el pasado lunes 13 durante la tarde se alcanzó un nivel histórico de demanda de energía eléctrica en el Sistema Argentino de Interconexión (SADI) con casi 30 mil megavatios. Esa potencia demandada activa sistemas protectores que evitan problemas mayores y dejan sin servicio a algunas áreas.
En estos días, varias regiones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y el conurbano se encuentran en alerta roja por las altas temperaturas, a lo que se suma la falta de suministro que afectó a más de 100 mil personas.
El incendio, que se produjo el pasado 1° de marzo en un campo de la zona bonaerense de General Rodríguez, dejó fuera de servicio a tres líneas de alta tensión y profundizó, así, la insuficiencia energética previa.
El ENRE implementa un esquema de controles y sanciones
El nuevo esquema de evaluación y penalidades del ENRE fue publicado bajo resolución 252 por Boletín Oficial. La nueva disposición modifica los indicadores técnicos que miden la calidad del servicio de las empresas EDENOR y EDESUR.
El esquema establece un control más estricto en los indicadores de frecuencia y duración de los cortes en las zonas que sufren más interrupciones del servicio.
La nueva medida prevé sanciones más severas para las distribuidoras y contempla resarcimientos en favor de les usuaries. Un mal rendimiento en los indicadores de frecuencia y duración en las interrupciones del suministro se expresará en multas más importantes.
El nuevo mecanismo, que tendrá como ámbito de aplicación las comunas porteñas y las localidades bonaerenses, funcionará de manera plena a partir de septiembre.
Mientras tanto, los nuevos límites regionales de control de corte, duración y frecuencia (para el caso de EDESUR) serán las comunas 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 de CABA y los municipios de Presidente Perón y Cañuelas en la Provincia de Buenos Aires.
¿Nuevas manos privadas, intervención o nacionalización?
El pasado mes de febrero, el Gobierno Nacional aplicó una multa de mil millones de pesos a EDESUR por la mala calidad del servicio que suministra. En Casa de Gobierno, el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Sergio Massa analizaron la posibilidad de tomar la gestión operativa de la distribuidora sin recurrir a la estatización de la firma.
Además, dicha iniciativa sumó mecanismos para devolver el total de la factura abonada durante el último mes a les clientes que sufrieron cortes superiores al promedio estipulado en el contrato de concesión. También está previsto un espacio de reclamos por daños ocasionados a electrodomésticos domiciliarios.
Hasta el momento, luego de dicha reunión entre autoridades del Ejecutivo, no se trató la posibilidad de intervenir la empresa ni tampoco la baja de la concesión de EDESUR. Cabe recordar que la firma italiana ENEL (Ente Nazionale Per L’Energía Elettrica) tiene la mayor parte de las acciones de la distribuidora de electricidad de la zona sur del país.
Sin embargo, el titular del ENRE, Walter Martello, prepara un informe técnico para elevar al Poder Ejecutivo y a les legisladores nacionales, con el objetivo de someter a evaluación si alguna de estas empresas deben ser nacionalizadas. Incluso, algunes intendentes bonaerenses plantearon la directa revocación del servicio y la posibilidad de constituir una empresa pública para gestionar la concesión.
Consecuencias económicas de la falta de suministro
En este escenario que hace foco en la calidad del servicio y en las sanciones previstas para las empresas, se traslada a un segundo plano el perjuicio económico que acarrean este tipo de interrupciones del suministro eléctrico para muchas actividades productivas y laborales.
Las grandes industrias poseen sus propios generadores de energía, pero esos dispositivos no son suficientes para alimentar la totalidad de las maquinarias, por lo que su capacidad productiva puede verse reducida. En el ámbito rural, los mecanismos de riego sin energía, en contexto de sequía, pueden afectar la producción; especialmente para pequeños y medianos productores.
Por último, y como ocurre con frecuencia, les comerciantes minoristas de alimentos se exponen a la descomposición de las mercaderías que luego deberán desechar. Otro tanto sucede con los talleres textiles, que se ven obligados a detener el proceso de producción de sus bienes. También se encuentran en riesgo los artefactos de uso doméstico en los hogares.
EDESUR en venta
En otro orden de cosas, la empresa de capitales italianos ENEL, accionista mayoritario de EDESUR, dio su primer paso de salida de su gestión en la distribución de electricidad. La venta de parte de sus acciones a “mercados no estratégicos” como la empresa local Central Puerto revela la urgencia de la firma italiana para reducir su situación deudora y salir del descrédito por su servicio.
A pesar del acuerdo que el Gobierno Nacional rubricó con ENEL en virtud del cual se le condonó a la compañía italiana una abultada deuda que mantenía con la mayorista CAMMESA, la venta de EDESUR a nuevos oferentes es irreversible. El acuerdo le permitió a ENEL un ingreso extraordinario de 52 mil millones de pesos.