El bloque Convicción Federal presentó ante el Senado un proyecto de comunicación para que el Poder Ejecutivo informe sobre la evolución del endeudamiento familiar asociado a créditos otorgados por plataformas digitales, billeteras virtuales y proveedores no financieros. La iniciativa surge en medio de un crecimiento sostenido de préstamos digitales y del deterioro en la capacidad de pago de los hogares.
Los impulsores son los senadores Guillermo Andrada (Catamarca), acompañado por Carolina Moisés (Jujuy) y Sandra Mendoza (Tucumán), quienes solicitaron que la respuesta sea canalizada a través del Ministerio de Economía, el Banco Central de la República Argentina y otros organismos competentes. “El aumento del costo de vida empuja a recurrir a créditos y billeteras virtuales, no para progresar o invertir, sino para comprar lo más básico, pagar servicios o tapar deudas”, expusieron entre los argumentos.
Según detallaron en la cuenta oficial del bloque, más de 8 millones de argentinos sacaron un crédito con bancos virtuales y unos 2,3 millones tienen en estas plataformas su único acceso al financiamiento formal. “Si el crédito se usa para pagar deudas o gastos básicos, el problema no es financiero, es social”, aseguraron en la publicación.
El sobreendeudamiento digital no puede ser la única salida, necesitamos respuestas claras y políticas que protejan a los trabajadores y cuiden la economía familiar.
— Bloque Convicción Federal (@conviccionfed) June 15, 2026
Por eso, exigimos que el Poder Ejecutivo informe qué medidas se están tomando ante esta situación urgente! pic.twitter.com/D9OIqQBojg
De acuerdo a cifras oficiales del BCRA a marzo de 2026, la irregularidad del crédito al sector privado alcanzó el 7%, mientras que en el caso de las familias trepó al 11,5%, ubicándose por encima del nivel registrado en el sector empresario. Sin embargo, el crecimiento del sector también presenta señales de alerta: la mora operativa de las carteras fintech ronda el 22,7%, mientras que la mora total se ubica cerca del 30,5% en el inicio de 2026.
“En numerosos casos, estos instrumentos financieros rápidos son utilizados por las familias para afrontar gastos corrientes o esenciales, como alimentación, salud, educación, servicios públicos o alquileres, o bien para cancelar deudas previas”, advirtió Andrada. En esa línea, señaló que este fenómeno genera “ciclos de refinanciación recurrente que derivan en situaciones de sobreendeudamiento”.
Con el proyecto, los legisladores buscan conocer si el Gobierno dispone de estudios sobre el uso de créditos digitales para consumos básicos, qué información tiene sobre la incidencia de refinanciaciones sucesivas y qué medidas regulatorias están vigentes o en evaluación para fomentar prácticas responsables y proteger a los usuarios.
El senador catamarqueño aclaró que la intención no es restringir el desarrollo del sector. “No estamos cuestionando la innovación financiera ni proponiendo limitar el crédito digital”, señaló y concluyó: “Estamos intentando contribuir a que ese crecimiento se dé sobre bases sostenibles, compatibles con la protección de los consumidores y la estabilidad económica de los hogares”.