El Foro Economía y Trabajo difundió un documento en el que reclamó una recomposición urgente de las jubilaciones y pensiones, cuestionó la política previsional del gobierno de Javier Milei y planteó una serie de medidas destinadas a recuperar los ingresos de los adultos mayores.
Titulado “Parar los golpes y el robo a las y los jubilados”, el texto sostienen que el presidente ejerce violencia económica e institucional sobre esta población. Según expresaron los integrantes del Foro, “los golpea al imponer la caída del poder de compra de las jubilaciones y pensiones, en la atención a su salud destruyendo el PAMI (Programa de Atención Médica Integral), negando el suministro de medicamentos, robando contribuciones a la ANSES para financiar despidos con un Fondo de Asistencia Laboral (FAL) creado por una ley de modernización laboral anticonstitucional, enfermándolos por las carencias resultantes, comenzando por alimentos y remedios, apaleándolos cuando reclaman”.
Además recordaron que, en septiembre de 2025, Milei y su equipo festejaron la falta de votos suficientes en la Cámara de Diputados para rechazar su veto a la ley que impulsaba un reajuste del 7,2% de las jubilaciones, el incremento del bono para las más bajas, la continuidad de la moratoria previsional para quienes no les fueron registrados por causas ajenas a su voluntad años suficientes de contribuciones, y la disminución a 60 años de la edad de retiro para el acceso de las mujeres, y los beneficios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).
En ese momento, la gestión de La Libertad Avanza justificó el veto con su clásica frase no hay plata. Sin embargo, desde el Foro aclararon que, de acuerdo a un estudio realizado por la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación (OPC), el incremento propuesto representaría un 0,78% del PBI. A su vez, remarcó que la propia OPC calculaba que un 40% de dicho costo fiscal podría ser financiado con la utilización de reservas ya determinadas para esos fines por el propio Presupuesto Nacional vigente en 2025.
En este contexto, señalaron que “es momento de parar los golpes y los robos al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA)”. Para ello, propusieron los siguientes puntos:
- Aumento de emergencia como mínimo del 7,2% de los haberes previsionales y bono de $110.000, actualizado por inflación
- Concomitantemente, con trámite urgente, se debe establecer un cronograma interanual de metas de aumentos tendientes a recuperar la proporción de los haberes previsionales respecto de los salarios, y a incrementar el poder adquisitivo del haber previsional teniendo en cuenta el costo de una canasta básica integral. Con una primera actualización a partir del 1ro. de Agosto de 2026.
- Derecho irrestricto al acceso integral a los servicios de salud de los adultos mayores, normalización del PAMI, y acceso a medicamentos sin cargo.
- Derogación de la anticonstitucional Ley 27.802 de “Modernización Laboral” que al precarizar las condiciones laborales afecta las contribuciones a la seguridad social, y anulación de la constitución del FAL, que determina en el Título II de esa Ley – reglamentado por el decreto 408/26- sustrayendo aportes al SIPA.
- Continuidad de la moratoria previsional.
Además de las medidas de emergencia, el espacio planteó la necesidad de avanzar hacia una reforma integral del sistema previsional para “garantizar una vida digna para los adultos mayores y ser universal dados los profundos cambios”. Según denunciaron, esos cambios son consecuencia “tanto de políticas de ajuste neoliberal, desregulación, desindustrialización y primarización de la producción en nuestro país, como del impacto mundial de la innovación tecnológica en la organización del trabajo, que habilita nuevas modalidades de contratación y supervisión orientadas hacia la reducción de costos operativos, la concentración empresaria y de la renta”.
“La creación de empleo registrado, la formalización del que no lo está, y su justa “distribución” en la sociedad – con medidas como la reducción de la jornada laboral – exige avanzar en la transformación de la matriz productiva, la reconversión y crecimiento de nuestra industria”, aseguraron. “Este es el camino para alcanzar una seguridad social solidaria, pública y universal. Lo es también para una progresiva economía de los aportes asignados al sistema previsional solidario de reparto y la equidad tributaria”, manifestaron.
Por último, hicieron hincapié en la necesidad de terminar con las extorsiones provenientes de grandes corporaciones económicas y el Fondo Monetario Internacional (FMI). “Como sostiene la Multisectorial de la Seguridad Social que se manifiesta todos los miércoles ante el Congreso: “Una sociedad se mide también por cómo trata a quienes trabajamos toda la vida. Y no hay democracia plena cuando millones de jubilados viven en la angustia permanente””, concluyeron.