Mientras el salario real de los docentes universitarios sigue cayendo, el Gobierno nacional acudirá a la Corte Suprema para retrasar aún más el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario tras haber sido aprobada y ratificada. Por esa razón, las facultades continúan con medidas de fuerza y se habla de una nueva Marcha Federal Universitaria.
El Gobierno dilata la aplicación de la Ley
Desde el Poder Ejecutivo siguen retrasando el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario que se aprobó y promulgó en octubre de 2025 y luego fue ratificada tras el veto de Javier Milei. El Gobierno ya cumplió el límite que tenía para aplicarla, por lo que esta debería regir desde las 9:30 del viernes 17 de abril.
En esta ocasión Sebastián Amerio, titular de la Procuraduría del Tesoro presentó un Recurso Extraordinario a la Cámara de Apelaciones para que se suspendan los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795, que hablan sobre las actualizaciones de los salarios de docentes y no docentes y el aumento de becas para los estudiantes.
La razón que proponen para su suspensión es la misma que dio el Presidente para vetarla, que no dicen la forma para financiarlo. El tribunal de segunda instancia deberá decidir si lo eleva a la Corte Suprema en un periodo de díez días. A su vez, el Gobierno solicitó que, en el caso que sea elevado, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti dejen su lugar a otros tres conjueces debido a que los tres supremos ejercen la docencia universitaria.
Desde la Casa Rosada creen “improbable” que la Corte suspenda la Ley y, por eso, al mismo tiempo, también proponen su propia ley de financiamiento universitario. Este proyecto recrudeció la interna entre Santiago Caputo y Karina Milei. Se presentó en la Cámara de Diputados en las sesiones extraordinarias de febrero, pero terminaron decidiendo que no se trate en ese momento.
En el verano, Santiago Caputo habría hablado con algunos rectores con la esperanza de poder negociar para la aprobación del proyecto libertario, tras el fallo de primera instancia en su contra. No obstante, no avanzó. Desde el sector de Caputo le echan la culpa a Martín Menem porque creen que la demora en la presentación podría significar que tengan que pagar las actualizaciones salariales y lo que propone la ley y esto le costaría hasta $2,5 billones.
Algunas de las diferencias entre el proyecto oficialista y la Ley 27.795: sólo tiene en cuenta la pérdida salarial de 2025 ignorando la de 2024, el Gobierno no estaría obligado a actualizar los sueldos según el índice de inflación. Pese al intento de Caputo y el reproche hacia Menem, el proyecto nunca habría sido tenido en cuenta por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
Paros y medidas de fuerza en la previa de una posible marcha federal universitaria
Las universidades y los docentes, no docentes y estudiantes, a lo largo del país, han respondido a la no aplicación de la Ley. Desde el CIN le enviaron una nota a la Ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello “para exigir la convocatoria urgente a la paritaria nacional y la aplicación sin más dilaciones de los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario”.
A su vez, en el caso de que no se cumpla el fallo judicial, convocaron a la sociedad argentina “para manifestarnos la primera quincena de mayo en todo el país en defensa de la educación, la universidad pública y la ciencia nacional”. Ellos entienden que “es la educación pública que iguala y nos hace libres” y que “es de las cosas que funcionan bien en la Argentina y defenderla es también un compromiso de todas y todos”.
Por su parte, Emiliano Yacobitti, vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, también salió a hablar estos días. “No nos vamos a quedar de brazos cruzados”, destacó el exdiputado por la Unión Cívica Radical. A su vez, se mostró en contra de los paros y destacó que la universidad “es la única herramienta que tiene la sociedad de transformación social”. Si bien destacó que está dispuesto a dialogar y negociar con el Gobierno nacional, no descarta que se convoque a una nueva marcha federal.
Docentes y no docentes universitarios continúan con las medidas de fuerza. La Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires (AGD UBA) esta semana mantiene el plan de lucha con clases públicas, semaforazos, abrazos, cartelazos y paro activo. En la semana del 27 de abril al 2 de mayo harán un paro nacional, al igual que la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), y proponen una marcha federal para la primera semana de mayo.
Ellos también estuvieron en la marcha de antorchas que se realizó el 17 de abril en defensa de la educación porteña. Es la misma medida que va a llevar a cabo la Universidad de La Plata el jueves 23 de abril a partir de las 17 horas en conjunto con el paro. Varias universidades se encuentran con medidas de fuerza esta semana. Por ejemplo, el jueves va a haber paro en las 30 facultades regionales de la UTN, el Instituto Nacional Superior del Profesorado Técnico y el Colegio Siemen.
Datos que hablan de la problemática universitaria
Emiliano Yacobitti destacó que un profesor de establecimientos preuniversitarios de la UBA perdió alrededor del 60% de su salario real desde la asunción de Javier Milei. El vicerrector lo ejemplificó con datos cómo que en la Facultad de Agronomía se fueron cerca de 100 docentes e investigadores en los últimos años.
Un informe de la Federación de Docentes Universitarios (FEDUN) demostró el mal momento que están pasando las universidades nacionales. Los salarios de sus trabajadores llevan 17 meses acumulativos de caída. Ellos señalan que su poder adquisitivo se deterioró un 33,7%.
En cuanto al presupuesto, detallaron que cayó un 36,4% en términos reales durante los últimos tres años. El financiamiento universitario cayó de un 0,718% del PBI (en 2023) a un 0,431% (en 2026). Eso significa que las universidades perdieron 6,34 billones de pesos, más de un año entero de financiamiento universitario.
Por ejemplo, Daniel Durán, secretario general de la Asociación del Personal de la Universidad Nacional de San Juan (APUNSJ) le describió a Diario de Cuyo que desde “abril del 2026 tenemos el 70% del personal no docente por debajo de la línea de la pobreza”.