
La mañana del 18 de febrero de 2026, los trabajadores de la planta de San Fernando se enteraron, en la madrugada, que FATE cerraba sus puertas.
La empresa, conducida por Javier Madanes Quintanilla, anunció el cese definitivo de operaciones y el despido de 920 trabajadores, aduciendo los «cambios en las condiciones de mercado» y el masivo ingreso de neumáticos chinos que habrían hecho imposible competir.
Para el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA), sin embargo, la narrativa empresaria no resistía el menor análisis: se trataba de un lock out patronal presentado de forma burda como un cierre inevitable.
El conflicto no era nuevo ni aislado. El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) documentó que el cierre de FATE formaba parte de una «tormenta perfecta» que sacudía a la industria nacional: entre enero de 2024 y comienzos de febrero de 2026 se registraron al menos 717 casos de conflictividad laboral, con la industria concentrando el 62,1% de ellos, y los despidos como causa principal en el 63,6% de los casos.
FATE era, en ese marco, el caso más estridente: la única fábrica de neumáticos para camión y colectivo de capitales nacionales, con más de ochenta años de historia.
Ante la inacción del gobierno argentino, el SUTNA decidió ampliar el frente de batalla más allá de las fronteras.
Una mirada regional sobre FATE
Este viernes 24 de abril, una delegación encabezada por Alejandro Crespo, Secretario General del SUTNA, fue parte de una reunión que, por su composición, revelaba la magnitud que había cobrado el conflicto.
Del otro lado, los esperaban Uallace Moreira, Secretario Ejecutivo del Ministerio de Industria y Comercio Exterior de Brasil, y Aroaldo Oliveira da Silva, Presidente de IndustriAll Brasil.
También participaron Márcio Ferreira, presidente de Fenabor, la federación gremial del neumático en Brasil; Ortelio Palacio, asesor de asuntos internacionales de Sitrabor/Fenabor y funcionarios del Ministerio de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios (MDIC): Luis Felipe Giesteira, Margarette Maria Gandini y Rafael Cândido Neri.
Completó el cuadro Lucas Lima, de DIEESE/SMABC, el histórico sindicato de metalúrgicos del ABC paulista.
Junto a Crespo estuvieron Alejandro Assumma, Secretario de Asuntos Internacionales del SUTNA, Miguel Ángel Ricciardulli, Secretario Ejecutivo de la seccional San Fernando, y todos los integrantes de esa seccional: Albertoli, Fernández, Suárez y Nieva.
En el encuentro, Crespo presentó un informe detallado sobre lo que el sindicato caracteriza como un lock out ilegal de Madanes Quintanilla, y sobre el contexto político en el que se ejecuta: un modelo económico que, según voces críticas dentro del propio movimiento obrero, destruye sistemáticamente el aparato productivo nacional a través de la apertura indiscriminada de importaciones, la caída del mercado interno y la ausencia total de defensa de la producción local.
El Secretario General también señaló que FATE no es una empresa cualquiera en la trama regional: la firma mantiene desde hace años un acuerdo con la brasilera Vipal, que incluye un intercambio de participaciones accionarias significativo. La suerte de FATE, en otras palabras, no es un asunto exclusivamente argentino.
Los funcionarios brasileños escucharon con atención. Recordaron, además, un antecedente que los trabajadores conocen bien: durante la pandemia, cuando los fletes internacionales colapsaron y el desabastecimiento amenazó a toda la región, fue la producción local de neumáticos la que sostuvo el transporte de cargas y pasajeros en ambos países. Perder esa capacidad no es un dato menor.
La preocupación que se exteriorizó no fue solo diplomática. Márcio Ferreira, presidente de Fenabor, respaldó de manera explícita las posiciones del SUTNA y lanzó lo que quedaría como la consigna de la jornada: FATE NO SE CIERRA.
Por su parte, Crespo reclamó que se activen todos los mecanismos disponibles a nivel internacional para proteger los puestos de trabajo y las industrias estratégicas de la región. El argumento de fondo es que el riesgo no se detiene en la planta de San Fernando: si este modelo de destrucción industrial se consolida en Argentina, puede expandirse por todo el MERCOSUR.
La reunión concluyó con el compromiso de mantener y profundizar el contacto entre las partes. Pero más allá de los acuerdos formales, el encuentro tuvo un valor en sí mismo: demostró que el conflicto de FATE ha trascendido la lógica de un pleito laboral doméstico para convertirse en una preocupación de política industrial regional.
Mientras tanto, en Argentina, el SUTNA ya había presentado en la Legislatura bonaerense un proyecto de ley para declarar de «utilidad pública» la producción de FATE y habilitar la ocupación temporaria de la planta por parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires, con el objetivo de garantizar los más de 900 puestos de trabajo y la continuidad del sistema logístico y del transporte público en todo el país.
La propuesta tiene carácter transitorio: el sindicato no busca la estatización permanente, sino una intervención de emergencia que evite la liquidación mientras se negocia un plan de continuidad.
El mensaje que el SUTNA llevó a Brasil es el mismo que viene repitiendo desde febrero: no pueden ser solo los trabajadores quienes pongan el cuerpo. Quienes tienen poder, representatividad y responsabilidad están llamados a intervenir. Brasil, al menos por ahora, parece haberlo escuchado.

