Dentro de los detenidos y desaparecidos de la última dictadura cívico-militar, muchas fueron mujeres, pero su experiencia represiva tuvo características propias: fueron víctimas de violencia sexual a través de abusos y violaciones sistemáticas. Incluso, algunas fueron forzadas a parir en condiciones inhumanas y a entregar a sus bebés horas más tarde.
La violencia que sufrieron no fue solo política, sino también sexual, disciplinadora del género y basada en estereotipos patriarcales. Cuando finalizó la dictadura y muchas mujeres se animaron a contar los abusos y violaciones sufridos se los entendió como parte de la tortura. Recién a partir del año 2010 estos delitos pudieron investigarse y llevarse a la Justicia con perspectiva de género.
Al respecto, la historiadora Florencia Plomer aseguró que “hubo un especial ensañamiento contra las mujeres militantes, ya que ellas desafiaban la concepción tradicional de una ama de casa sumisa” y agregó que “para los torturadores, este tipo de violencia era una forma de domesticarlas”.
Violencia sexual como violencia disciplinadora
Las mujeres militantes eran vistas como una anomalía por su compromiso político y por romper roles tradicionales (madre, esposa, ama de casa). Por eso recibían un castigo diferencial, una especie de doble sanción: por subversivas y por no ser mujeres como debían ser.
Para la historiadora, “la mayoría de las mujeres secuestradas sufrieron formas específicas de violencia por ser mujeres”. En este sentido, Plomer explicó que “las militantes eran consideradas doblemente subversivas: no solo cuestionaban el orden social, sino también el estereotipo cristiano de lo que una mujer debía ser”.
La investigación histórica muestra que fue una violencia sistemática y planificada. No se trataba de excesos individuales, sino de un aparato represivo que buscaba quebrar subjetividades, humillar, disciplinar y reforzar jerarquías de poder. Al respecto, de acuerdo con el registro de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, solo el 13% de las sentencias dictadas abordan delitos vinculados a la violencia sexual.
Otro aspecto central fue el control sobre la reproducción: mujeres embarazadas detenidas, partos en cautiverio, apropiación de bebés. Esto revela que el terrorismo de Estado también operó como una política sobre la reproducción social y biológica. Según datos de la Comisión Provincial por la Memoria, en Argentina más de 200 bebés nacieron en cautiverio y fueron apropiados por militares o allegados.
Violencia sexual como delito de lesa humanidad
Silvia Labayru estuvo detenida durante la última dictadura y fue una de las primeras en denunciar este tipo de violencias. En 2013 declaró que las mujeres eran consideradas como botín de guerra; ella acusó a Alberto “el Gato” González como su violador y a Alfredo Astiz “el Tigre” Acosta como el instigador.
En 2021, el Tribunal Oral Federal N.º 5 de la Ciudad de Buenos Aires condenó a Acosta y González a 24 y 20 años de prisión tras haber sido hallados responsables de abusos, manoseos y violaciones contra tres mujeres que permanecieron secuestradas en el Casino de Oficiales del predio de la Armada entre 1977 y 1978.
El primer fallo de un juicio de lesa humanidad que consideró la violencia sexual como un delito autónomo del secuestro y las torturas fue emitido en 2010 por el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata. En junio de ese año, condenó al exsuboficial de la Fuerza Aérea Gregorio Molina por violación agravada, además de homicidios. La condena fue confirmada dos años después por Casación.
Sobre los tiempos de las denuncias, Plomer señaló que “en esa época, las mujeres violadas resultaban sospechosas de haber provocado la violación, de no haberse resistido lo suficiente o de no haber preferido morir”. En esa línea, sostuvo que “muchas mujeres no hablaron en ese momento porque admitir haber sido violadas podía ser una deshonra para sus maridos; hizo falta que pasara el tiempo y que la sociedad aceptara con otros ojos los testimonios de las sobrevivientes”.
Ese mismo año, el Canal Encuentro estrenó el documental La memoria de los cuerpos. Allí, a través de testimonios de mujeres sobrevivientes, se relatan los delitos sexuales y la violencia de género cometidos durante la dictadura militar.
Dictaduras y violencia de género
La violencia de género en contextos dictatoriales no se dio solo en nuestro país. Entre 2003 y 2004, 3.399 mujeres denunciaron abusos y violencia sexual durante la dictadura de Pinochet, en Chile.
Algo similar ocurrió en España, donde durante los años del franquismo las mujeres fueron víctimas de violencias que iban desde el escarnio público —con rapados y paseos tras ser obligadas a ingerir aceite de ricino— hasta violaciones perpetradas por agresores que actuaban con impunidad.
En España, además, existía el Patronato de Protección a la Mujer, instituciones donde se detenía a niñas y mujeres jóvenes que se negaban a conformarse a los valores católicos del régimen franquista. En esos reformatorios, la dictadura de Franco internaba a mujeres solteras, lesbianas o consideradas “rebeldes” para inculcarles valores ultraconservadores.