Comenzó este lunes un paro nacional de docentes universitarios impulsado por las federaciones gremiales mayoritarias, que denuncian un fuerte deterioro salarial frente a la inflación y exigen el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. La medida de fuerza se extenderá en una primera etapa hasta el 21 de marzo y podría retomarse entre el 23 y el 30 del mismo mes, como parte de un plan de lucha que incluye paros progresivos y una nueva marcha federal universitaria.
La convocatoria fue realizada por las federaciones Conadu Histórica y Conadu, que agrupan a sindicatos docentes de universidades públicas de todo el país. El paro tiene alcance nacional y afecta a numerosas instituciones, entre ellas la Universidad de Buenos Aires (UBA), la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), la Universidad Nacional de Rosario (UNR), la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), la Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCAUS), la Universidad Nacional de Salta (UNSa), la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) y la Universidad Nacional de José C. Paz (UNPAZ), entre otras.
En el caso de la UTN, la huelga abarca a sus 30 facultades regionales y también al Instituto Nacional Superior del Profesorado Técnico. Algunas universidades, como la UNCAUS, anunciaron su adhesión con paros de menor duración, aunque la mayoría de las instituciones acompañará la medida durante toda la semana.
La UBA impulsa un paro por tiempo indeterminado
En paralelo al paro nacional, los docentes de la Universidad de Buenos Aires votaron impulsar una huelga por tiempo indeterminado hasta que se cumpla la recomposición salarial del 55,4% prevista en la Ley de Financiamiento Universitario N.º 27.795.
La Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD-UBA), difundió un informe sobre la evolución salarial en el que advierte que el salario real de los docentes se encuentra en su nivel más bajo en décadas. Según ese estudio, los ingresos docentes se ubican actualmente un 35,6% por debajo de los niveles de noviembre de 2023 y, incluso, un 2,7% por debajo de los peores registros alcanzados en 2004.
La secretaria general del gremio, Laura Carboni, sostuvo que el deterioro acumulado es equivalente a la pérdida de más de once salarios en poco más de un año.
“Desde noviembre de 2023 perdimos el equivalente a 11,5 salarios. De cada tres meses trabajados, solo pagaron dos”, afirmó la dirigente sindical.
Carboni también cuestionó la evolución reciente de los aumentos salariales. Según explicó, en septiembre los docentes recibieron una suba del 4,3%, mientras que entre octubre y febrero la inflación acumulada alcanzó el 14,2%. A esto se sumó que en enero y febrero no hubo actualizaciones salariales.
“Cero por ciento de aumento en enero, cero por ciento en febrero, mientras sube el transporte, los alimentos y los alquileres. No podemos seguir así”, advirtió.
Un deterioro salarial que supera el 30%
Los datos difundidos por las federaciones docentes reflejan el alcance del deterioro salarial. De acuerdo con estimaciones de Conadu, los salarios docentes perdieron un 34% de su poder adquisitivo desde noviembre de 2023, es decir, desde el último mes previo a la asunción del presidente Javier Milei.
En términos concretos, un docente universitario con dedicación simple y diez años de antigüedad percibió en enero un salario bruto de 305.604 pesos. Ese ingreso, ajustado por inflación, representa una caída significativa frente a los niveles salariales de fines de 2023.
Incluso en la comparación interanual la tendencia sigue siendo negativa: el salario docente cayó un 12,9% en términos reales respecto de enero de 2025.
Ante esta situación, la Universidad de Buenos Aires declaró la emergencia salarial para docentes y no docentes de la institución, lo que también alcanza a profesionales de la salud vinculados a hospitales universitarios y a trabajadores dedicados a la investigación y la extensión.
El conflicto también incluye el presupuesto universitario
El conflicto no se limita a los salarios. Los gremios y las autoridades universitarias también advierten sobre el deterioro del presupuesto destinado a la educación superior.
Un análisis realizado a partir de datos del sistema Presupuesto Abierto del Ministerio de Economía muestra que, si bien las partidas para universidades aumentaron en términos nominales en los últimos años, el financiamiento real cayó con fuerza cuando se lo ajusta por inflación.
Según cifras de la Oficina Nacional de Presupuesto, el presupuesto destinado a Educación Superior pasó de 1,38 billones de pesos en 2023 a 4,45 billones en 2025, con una proyección de 4,87 billones para 2026.
Sin embargo, al analizar esos montos en términos reales, se registra una caída del 28,9% entre 2023 y 2025. Si se toma el presupuesto proyectado para 2026, la reducción alcanza el 34,3% respecto de 2023 y el 7,6% frente al año anterior.
Para las universidades, este escenario compromete no solo la actualización de salarios sino también el funcionamiento cotidiano de las instituciones, incluyendo actividades académicas, investigación científica y programas de extensión.
La disputa por la Ley de Financiamiento Universitario
En el centro del conflicto se encuentra la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso en 2025, que establece mecanismos de actualización presupuestaria y recomposición salarial para el sector.
Los gremios docentes denuncian que esa norma no se está cumpliendo. En diciembre pasado, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que reúne a más de 40 universidades públicas, presentó una acción de amparo judicial para exigir su implementación.
Ese mismo mes, el juez federal Enrique Cormick dictó una medida cautelar que suspendió un decreto del Poder Ejecutivo que había promulgado la ley pero al mismo tiempo postergaba su aplicación hasta que el Congreso definiera las fuentes de financiamiento. En su fallo, el magistrado consideró que existía una “arbitrariedad e ilegalidad manifiesta”.
El Gobierno nacional apeló esa decisión en febrero de 2026 y, en paralelo, presentó un nuevo proyecto de financiamiento universitario.
La propuesta del Gobierno para las universidades
La iniciativa oficial propone una modificación del esquema vigente y plantea una recomposición salarial escalonada del 4,1% distribuida en tres tramos.
El proyecto también elimina la recomposición retroactiva correspondiente al período 2023-2024 y suprime el mecanismo que garantizaba la actualización automática de los salarios según el índice de inflación publicado por el INDEC.
Para los sindicatos docentes, la propuesta resulta insuficiente frente al deterioro acumulado del poder adquisitivo y no resuelve el atraso salarial denunciado por el sector.
Un conflicto que podría escalar después del paro
En este contexto, los gremios universitarios anticiparon que el paro que comenzó este lunes forma parte de un plan de lucha más amplio que se extenderá durante todo el semestre si no hay una convocatoria a negociaciones paritarias.
Además de los paros escalonados, las federaciones docentes confirmaron la realización de una nueva marcha federal universitaria prevista para el 23 de abril, con el objetivo de visibilizar el reclamo por salarios y financiamiento.
Mientras tanto, el sistema universitario público atraviesa uno de los conflictos más profundos de los últimos años, con salarios en caída, disputas judiciales por el presupuesto y un escenario de negociación aún abierto entre el Gobierno nacional, las autoridades académicas y los gremios docentes.
Como en los primeros 2 años del gobierno de Javier Milei, las Universidades serán en este 2026 un territorio de disputa contra el ajuste, que no parece tener fin.