*Por Tomás Battaglino, Secretario de la Federación Universitaria Argentina y referente del Movimiento Sur.
La “libertad educativa” que promueve el oficialismo no es más que un nombre amable para un proyecto que busca desmontar los pilares históricos de la educación pública argentina. Impulsada por Paolo Rocca —uno de los empresarios más poderosos del país— esta reforma pretende eliminar la Ley de Educación 26.206, vigente desde 2006, y alterar todos los niveles del sistema educativo: inicial, primario, secundario y superior.
Lejos de ofrecer soluciones a los problemas reales que atraviesan las escuelas y Universidades Públicas, el proyecto representa un retroceso profundo sobre conquistas históricas vinculadas a una educación laica, gratuita y promotora de la igualdad.
Aulas versus tutoriales: el vaciamiento del sentido universitario
Uno de los puntos más graves aparece en el artículo 126, que propone modificar la Ley de Educación Superior para habilitar que las clases universitarias se dicten de forma sincrónica y asincrónica. Esta idea, presentada como modernizadora, abre un debate fundamental: ¿es equivalente el conocimiento producido colectivamente en un aula a un tutorial de YouTube?
Naturalizar esa equivalencia no solo precariza el rol docente y la experiencia educativa, sino que también profundiza la brecha tecnológica, afectando más a quienes ya se encuentran en situaciones de vulnerabilidad.
La vuelta de la educación confesional
El artículo 33 habilita a las provincias a ofrecer enseñanza religiosa confesional en las escuelas públicas, de manera optativa y fuera del horario escolar. Más allá del carácter voluntario, la medida implica un retroceso conceptual: la escuela pública argentina se consolidó como un espacio de formación en pensamiento crítico, plural y libre de dogmas. reincorporar la enseñanza confesional erosiona ese consenso histórico.
Esencialidad y disciplinamiento docente
El artículo 42 declara la “esencialidad” de la educación básica. La palabra puede sonar positiva, pero en la práctica es una herramienta para restringir el derecho a la protesta de la comunidad educativa.
A esto se suma la evaluación continua y unilateral de docentes, en un contexto donde, desde la asunción de Milei, el sector perdió más de un tercio de su poder adquisitivo. El gobierno consolida el ajuste salarial mientras impulsa mecanismos legales para disciplinar a quienes reclaman.
Educación en casa: una puerta al dogmatismo y a la desigualdad
El artículo 43 incorpora la educación en el hogar como una “forma alternativa de enseñanza”, junto con la educación híbrida y a distancia, sin fijar edad mínima. Los estudiantes podrían acreditar aprendizajes mediante exámenes periódicos o incluso asistir a escuelas con planes de estudio diseñados por cada institución.
La escuela pública —como espacio de socialización y construcción ciudadana— desaparece en esta lógica, reemplazada por modelos individualistas que fragmentan aún más la sociedad. Además, que el Estado deje de elaborar los contenidos abre la puerta a dogmatismos religiosos y pseudociencias impulsadas por sectores de extrema derecha.
Financiamiento privado y la trampa del voucher
Otro eje central del proyecto es el impulso a la inversión de privados e iglesias, junto con la apertura al sistema de vouchers. En la antesala de la discusión del presupuesto 2026, el gobierno busca que el “gasto” en educación sea muy inferior al 6% del PBI, desentendiéndose del rol estatal. No sorprende: Milei no construyó ni una sola escuela desde que asumió.
De aprobarse, la reforma derogaría la Ley de Educación 26.206 y modificaría la Ley de Educación Superior 24.521. Lo que ofrece a cambio son apenas unas pocas excepciones positivas —como la obligatoriedad de enseñar la soberanía sobre Malvinas e islas del Atlántico Sur y la educación bilingüe para pueblos originarios— dentro de un paquete que implica un retroceso generalizado.
Una reforma que no soluciona nada
El proyecto no aborda ninguno de los problemas urgentes del sistema educativo: la deserción o la falta de infraestructura. En cambio, degrada la función social de la escuela, desfinancia al sistema y criminaliza a quienes lo sostienen todos los días: los docentes.
Ningún país del mundo crece sin invertir en Educación, Ciencia y Técnica. Bajo la máscara de la “libertad educativa”, el gobierno impulsa un plan para desarmar la educación pública argentina pieza por pieza.
Domingo Faustino Sarmiento escribió alguna vez: “Es la práctica de todos los tiranos apoyarse en un sentimiento natural, pero irreflexivo, de los pueblos, para dominarlos”. La frase funciona como dedicatoria para un presidente que, hoy, parece empecinado en destruir incluso la obra de quienes sentaron las bases de la educación en nuestro país.