La Corte Suprema determinó que el Estado —nacional, provincial y municipal— debe implementar medidas concretas y coordinadas para frenar las quemas ilegales en el Delta del Paraná, en un fallo que reconoce una “crisis ecológica” por la persistente destrucción de los pastizales y la vulneración del derecho a un ambiente sano.
La sentencia, firmada por los jueces que integran el tribunal, responsabiliza al Estado Nacional, las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe, y a los municipios de Rosario y Victoria. Declara que los incendios se originan mayormente en jurisdicción de Victoria (Entre Ríos), y resalta que no hubo avances reales en las políticas preventivas acordadas.
El fallo ordena la ejecución efectiva del PIECAS-DP, la instalación de sistemas de alerta temprana, la creación de una red de «Faros de Conservación», un plan sistemático de control y un manejo del fuego sustentable para el Delta. A su vez, enfatiza que la responsabilidad del seguimiento del plan recae exclusivamente en las autoridades políticas —no en la Justicia— lo que exige voluntad y recursos estatales.
La demanda original —presentada en 2020 por la Asociación Equística Defensa del Medio Ambiente— denunció los efectos del humo y el hollín en la ciudad de Rosario a raíz de las quemas indiscriminadas en las islas del Delta, que afectan la calidad del aire, la salud y los ecosistemas.
Según evaluaciones técnicas, durante los últimos incendios se quemaron más de 700.000 hectáreas, aproximadamente un 30 % del territorio del Delta afectado, en parte potenciado por la bajante histórica del río Paraná que dejó expuestos pastizales secos.
Con este fallo, el Delta —uno de los humedales más valiosos del país por su biodiversidad y su papel en regulación hídrica— vuelve al centro del debate público. La Corte cierra una etapa de impunidad: ya no bastan promesas, sino acciones concretas. El desafío será que las medidas se concreten y se sostengan en el tiempo para evitar nuevos desastres ambientales.