La Ley de Glaciares N° 26.639, el principal dique de contención legal contra la megaminería en alta montaña, está bajo amenaza directa. El presidente Javier Milei confirmó esta semana que enviará al Congreso un proyecto para modificarla, buscando redefinir su alcance para «devolver a las provincias la autonomía» y, con ello, destrabar miles de millones de dólares en inversiones mineras, especialmente para la explotación del cobre.
La movida reaviva una batalla de más de una década que enfrenta al sector extractivo, que promete crecimiento económico, con científicos y ambientalistas, que defienden la Ley como una salvaguarda innegociable de la reserva hídrica argentina.
La Ley de Glaciares establece un presupuesto mínimo de protección ambiental para los principales reservorios de agua dulce de Argentina, asegurando la supervivencia hídrica a largo plazo de amplias regiones, especialmente las zonas áridas que dependen del deshielo cordillerano para su consumo, agricultura y desarrollo.
Al prohibir la megaminería y otras actividades extractivas en estas áreas, la ley actúa como un escudo legal ineludible que prioriza el derecho fundamental al agua y la protección de ecosistemas únicos sobre el interés económico y la explotación de recursos minerales. Es, en esencia, una política de Estado que garantiza la sustentabilidad intergeneracional del recurso hídrico frente a la crisis climática.
El corazón de la disputa: el ambiente periglacial
La Ley de Glaciares, sancionada en 2010 tras una fuerte presión social y científica, es una norma de presupuestos mínimos que establece que los glaciares y el ambiente periglacial son bienes de carácter público y reservas estratégicas de agua para el consumo y la agricultura (Art. 1°).
Su punto más restrictivo, y el que frena a la minería, es la prohibición explícita (Art. 6°) de la exploración y explotación minera e hidrocarburífera en esas zonas. El problema radica en la definición del ambiente periglacial (suelo congelado que regula el flujo de agua).
El Inventario Nacional de Glaciares (IANIGLA) registró más de 16.000 formas de hielo, un alcance que la industria considera excesivo. De esta forma el Gobierno nacional respondió a la histórica demanda de provincias mineras como San Juan y Mendoza, que consideran la ley un obstáculo al desarrollo y exigen certezas para los inversores en cobre.
Un blindaje legal que protege el agua
La ley ya ha sobrevivido a numerosos embates judiciales y políticos, lo que subraya su fortaleza institucional. La ley original fue vetada en 2008 por la entonces presidenta Cristina Kirchner (tras presión minera), pero fue sancionada dos años después.
Además fue puesta en duda su constitucionalidad pero fue ratificada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 2019, que reafirmó que los derechos colectivos (como el acceso al agua) prevalecen sobre los intereses individuales o corporativos.
Ahora, la «Ley Aclaratoria» de la que habló el Gobierno impulsa busca un camino legislativo para sortear este blindaje legal. Al delegar a las provincias la delimitación técnica del periglacial, el Ejecutivo y los gobernadores buscan, según críticos, reducir el área protegida a su mínima expresión, vaciando de facto la protección y abriendo la puerta a proyectos mineros de gran envergadura.
La discusión ya no solo es sobre el futuro del agua argentina, sino sobre el modelo de federalismo y desarrollo productivo que el país busca imponer. El debate promete ser uno de los más tensos en el Congreso en 2026.