A 15 años de la sanción de la Ley de Glaciares, Greenpeace junto a la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y la Asamblea Jáchal No Se Toca analizaron la importancia de la normativa, los desafíos actuales y las acciones necesarias para garantizar su plena implementación.
La Ley de Glaciares fue sancionada en 2010 y establece la protección de los glaciares y del ambiente periglacial como reservas estratégicas de agua y patrimonio natural nacional. De este modo, Argentina se transformó en el primer país del mundo en sancionar una normativa nacional de protección de estos ecosistemas. Sin embargo, desde Greenpeace alertan que hoy la ley corre riesgo frente a políticas negacionistas del cambio climático.
A lo largo de estos 15 años, explicaron, la norma enfrentó cuestionamientos por parte de sectores vinculados a la megaminería, que buscaron limitar su alcance. Pese a ello, en 2019 la Corte Suprema de Justicia ratificó su constitucionalidad y reafirmó que los glaciares y el ambiente periglacial son bienes de carácter público y que, en contextos de conflicto, los derechos colectivos como el acceso al agua prevalecen por sobre intereses individuales.
En el marco de un conversatorio, el presidente de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, Enrique Viale, señaló que “los glaciares en nuestro país son fundamentales ya que funcionan como nuestras fábricas de agua”. “De ellos depende una enorme trama de vida, inclusive la actividad económica y la salud de nuestros ecosistemas”, agregó y sostuvo que debemos cuidarlos ante la amenaza de la crisis climática.
Un retroceso sin precedentes e incumplimientos
Los especialistas y activistas mencionaron que el retroceso acelerado de los glaciares, agravado por la crisis climática global, expone retos inmediatos para la implementación de la Ley. En esa línea explicaron que en los últimos años se registró la mayor pérdida de glaciares desde que existen mediciones, y en Argentina el retroceso es la tendencia dominante en los glaciares monitoreados. La situación, manifestaron, refuerza la urgencia de garantizar controles efectivos y medidas de protección reales sobre estas reservas estratégicas de agua dulce.
A su vez, alertaron que junto con las promesas de grandes ingresos económicos, se utilizan hoy los argumentos de la transición energética y la extracción de minerales críticos para justificar la flexibilización de la Ley y dar lugar a proyectos extractivos en zonas que deberían permanecer protegidas. También denunciaron que el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) otorga beneficios extraordinarios a las corporaciones mineras, lo que aumenta la presión para vulnerar la normativa ambiental.
Al respecto, directora ejecutiva adjunta de la FARN, Pía Marchegiani, expresó: “La paradoja es que, en nombre de la transición energética se está proponiendo destruir ecosistemas que son los que hoy nos ayudan a cuidar el planeta”. Además, recordó que la Ley de Glaciares contó con el apoyo popular y también científico. “La evidencia científica ha avanzado en estos 15 años y nos confirma que es un ecosistema que cumple funciones vitales en el suministro de agua y en la mitigación del cambio climático”, sostuvo.
En los territorios, las comunidades denuncian que la ley no siempre se cumple. La Asamblea Jáchal No Se Toca recordó que, a diez años del derrame de cianuro y mercurio en Veladero, los impactos sobre la cuenca del río Jáchal persisten y la experiencia comunitaria se convirtió en prueba de las falencias del sistema de control.
“Recordamos que, en 2018, el juez Sebastián Casanello elevó a juicio la causa contra el ex Secretario de Ambiente Juan José Mussi y el ex Director del IANIGLA Ricardo Villalba por vulnerar la Ley de Glaciares. En su resolución sostuvo que elaboraron un documento en contradicción con la ley que impidió inventariar y proteger cuerpos de hielo en la cordillera de San Juan, donde opera la mina Veladero de Barrick Gold. Casanello concluyó que esos incumplimientos afectaron derechos humanos fundamentales, como el acceso a un ambiente sano y al agua, lo que le generó un perjuicio a nuestra comunidad”, afirmó Saúl Zeballos, referente de la Asamblea Jáchal No se Toca.
Los especialistas coincidieron en que proteger la Ley frente a intentos de modificación es indispensable para garantizar su vigencia. Reforzar los controles, garantizar la transparencia de la información pública y asegurar presupuestos adecuados para el monitoreo de glaciares y ambiente periglacial y para la actualización del inventario son medidas clave en línea con compromisos internacionales como el Acuerdo de Escazú.
A 15 años de su sanción, la Ley de Glaciares se mantiene como un pilar fundamental de la política ambiental argentina. Su defensa y efectiva implementación resultan esenciales no sólo para preservar los ecosistemas de montaña, sino también para asegurar la sustentabilidad hídrica y garantizar los derechos de las comunidades presentes y futuras.