En una decisión sin precedentes en los últimos años, las universidades públicas argentinas resolvieron acudir a la justicia para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente (Ley N° 27.795).
El acuerdo fue adoptado por unanimidad durante una sesión extraordinaria del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), realizada en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
“Un decreto no puede suspender una ley”, afirmó el decano anfitrión, Leandro Vergara, al subrayar la gravedad institucional que supone el incumplimiento de una norma aprobada por el Congreso y promulgada por el Poder Ejecutivo.
“No se puede naturalizar el incumplimiento de la ley”
El presidente del CIN, Oscar Alpa, recordó que “cuarenta años después del primer plenario del Consejo, volvemos a reunirnos en la UBA para defender el respeto a la institucionalidad democrática”.
En la misma línea, el vicepresidente del organismo, Franco Bartolacci, enfatizó: “Es grave para la democracia que se naturalice el incumplimiento de una ley con amplia legitimidad social y política”.
La ley, aprobada en agosto y ratificada por ambas cámaras legislativas tras el veto presidencial, fue promulgada pero suspendida por decreto, a la espera de que el Congreso defina fuentes de financiamiento. Para las universidades, esta medida “viola la división de poderes y la voluntad soberana del Congreso”.
La UBA, a la cabeza del reclamo judicial
La Universidad de Buenos Aires resolvió también presentar un recurso judicial propio para garantizar la vigencia de la ley. En un comunicado, la institución advirtió que el decreto “altera el sistema republicano de frenos y contrapesos” y afecta derechos constitucionales vinculados con la educación pública y el trabajo docente.
El sistema universitario nacional atraviesa una crisis presupuestaria sin precedentes. La prórroga del Presupuesto 2023 quedó rápidamente desactualizada frente a la inflación, y los salarios de docentes y no docentes perdieron más del 40% de su poder adquisitivo durante 2024.
Una ley clave para la estabilidad educativa
La Ley de Financiamiento Universitario establece recursos para infraestructura, becas, carreras estratégicas y recomposición salarial. Su suspensión “profundiza la crisis y pone en riesgo la continuidad de las actividades académicas”, advierten las autoridades del CIN.
“La no ejecución de esta ley es un ataque directo a uno de los bienes más valiosos de nuestra sociedad: la universidad pública”, concluye el documento emitido tras el plenario.
Además del reclamo judicial, las universidades solicitarán al Congreso Nacional que apruebe el Presupuesto 2026, tomando como base los fondos previstos en la norma suspendida.