El Gobierno nacional, en el marco de la gestión de Javier Milei, avanza con el cierre de Cine.ar, la plataforma pública que distribuye de manera gratuita contenidos argentinos de cine y televisión. Según denunciaron los trabajadores, se los obliga a aceptar en un plazo de diez días un retiro voluntario o el pase a disponibilidad. En el caso de los contratados, sus vínculos laborales solo se renovarían hasta fin de año.
El futuro de Cine.ar TV y Cine.ar Play permanece incierto: el primero dejaría de transmitir y, en el caso de la plataforma digital, no hay precisiones sobre su continuidad. La opción de privatización aún está en discusión, aunque fuentes gremiales aseguran que el objetivo real es desmantelar la herramienta.
Contra el vaciamiento cultural
Para las asociaciones gremiales y los cineastas, el cierre de Cine.ar representa un vaciamiento cultural, ya que la plataforma cumple un rol esencial: difundir películas y series nacionales de manera gratuita, accesibles para todo el país y no solo para el circuito comercial de Buenos Aires.
Además, la plataforma funciona como una pantalla clave para estrenar producciones independientes y preservar tanto clásicos como obras contemporáneas. Su eliminación significaría perder el principal espacio de acceso público y gratuito a la producción audiovisual argentina.
El costo del ajuste
El Gobierno nacional sostiene que el cierre busca “ahorrar recursos”, pero los números revelan otra realidad. El costo anual de Cine.ar —incluyendo TV, Play y Estrenos— ronda los 330 mil dólares, apenas el 0,9 % del presupuesto total del INCAA, estimado en 53 mil millones de pesos.
Mientras tanto, se cuestiona que el propio INCAA destinó fondos a operaciones financieras en bonos, plazos fijos y letras del Tesoro, lo que para los gremios confirma que el recorte cultural es una decisión política y no una necesidad económica.
Resistencia judicial y gremial
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) ya inició una ofensiva judicial para frenar el cierre. El gremio se apoya en un fallo reciente que detuvo la disponibilidad de casi 300 empleados del INTA, donde la Justicia determinó que no había supresión real de funciones.
En ese caso, el incumplimiento significó multas diarias al Estado, lo que alimenta la expectativa de que el antecedente pueda aplicarse al caso de Cine.ar. Desde ATE y el sector audiovisual confían en que la resistencia gremial, judicial y cultural logre revertir la decisión del Gobierno.